Conpymes esgrime la Ley de Protección de Datos para frenar el registro horario de Yolanda Díaz

La patronal Conpymes ha puesto toda la carne en el asador para tratar de frenar la reforma del registro horario que ha planteado el Ministerio de Trabajo después de que la reducción de la jornada laboral decayera en su primer trámite parlamentario. Y el argumento principal es claro: el nuevo sistema de control que quiere implantar el Ejecutivo vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos y no puede imponerse sin una reforma legal.

La organización, que surge en torno a la catalana Pimec y busca representar a las pequeñas empresas a escala nacional en detrimento del tándem CEOE-Cepyme, recuerda que la regulación del registro de jornada afecta a derechos fundamentales recogidos en la Constitución como la inviolabilidad de la libertad personal, y «un control de horarios detallado puede implicar un tratamiento de datos personales sensibles como son la localización, turnos, horas extras» que han de ser recogidos «con mínima invasión, finalidad legítima y limitación temporal».

El documento de alegaciones, al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, exige al Gobierno que el proyecto de Real Decreto aclare «que no se almacenarán huellas biométricas ni otros datos superfluos, y que los registros se borrarán tras cuatro años». Además, reclaman que sea en la negociación colectiva donde se acuerden «asuntos tan sensibles» como el registro de jornada y que se adapten en función de cada convenio colectivo y «no uniformizarse desde arriba», como plantea el reglamento.

En respuesta a la derrota parlamentaria de la reducción de jornada, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado una reforma reglamentaria del registro de jornada para endurecerlo y hacerlo digital e interoperable por la Inspección de Trabajo, unos cambios que formaban parte medular del proyecto de ley que se acordó con los sindicatos y del que la patronal se descolgó tras once meses de negociaciones.

En el Gobierno defienden que el endurecimiento no necesita de más base legal que un Real Decreto (un reglamento que firma un ministro y que desarrolla aspectos de una ley) y que será tan efectivo para limitar las horas de trabajo como el recorte en el Estatuto de los Trabajadores de 40 horas semanales a 37,5 horas, tal y como acordaron PSOE y Sumar en el pacto de coalición. Con todo, reconocen que posiblemente tengan que pedir un informe a la Agencia Española de Protección de Datos.

Sin embargo, desde Conpymes creen que estos cambios pueden invadir la ‘reserva de ley’, es decir, materias que solo pueden ser modificadas por una norma con este rango.

Así, plantean que el registro horario pueda flexibilizarse por convenio, por ejemplo autorizando «registros manuales validados por firma, o calendarios anuales flexibles». En la propuesta del Ministerio, el objetivo es que sea completamente digital y que solo pueda ser modificado por el trabajador, para evitar posibles fraudes, y que a su vez los representantes legales de los trabajadores puedan tener acceso a parte de esos estadillos de horas.

En este sentido, desde la patronal que preside el empresario José María Torres reclaman que estas inspecciones solo puedan hacerse con una autorización administrativa previa y siempre garantizando el derecho de audiencia del empresario, así como la destrucción automática de los registros cada seis meses, con unos datos que solo incluirían el comienzo y fin de cada jornada, salvo que le convenio diga lo contrario. «La jurisprudencia constitucional rechaza la vigilancia masiva y las injerencias desproporcionadas de la Administración», arguye Conpymes.

Además, proponen que el nuevo registro contenga exenciones en función del tamaño de las compañías, con requisitos más suaves para microempresas y empresas de menos de 50 trabajadores, así como para aquellas que se desempeñan en «sectores de mano de obra intensiva», donde se podría mantener el control en papel o que no esté conectado a tiempo real con acceso por la Inspección.

Conpymes reclama además que la adopción de este nuevo registro tenga un periodo de adaptación amplio (de hasta nueve meses, con un régimen sancionador flexible en su primer ejercicio) y que el Ejecutivo ponga en marcha subvenciones y deducciones fiscales para ayudar en la digitalización de las empresas y sectores más atrasados en este ámbito.

«Sectores como el turismo, los servicios personales y la construcción civil tienen alta estacionalidad y movilidad (trabajo itinerante), con turnos y contratos discontinuos. Imponer sistemas onerosos de fichaje en estos ámbitos, sin flexibilidad, resultaría irrealizable, y se requerirían redes de telefonía, dispositivos fijos o móviles en entornos rurales o itinerantes, infraestructuras que en muchos casos no existen», señala la patronal en su documento de alegaciones.

La ofensiva de Conpymes para frenar el registro de jornada sigue la estela de la brecha abierta en sus relaciones con el Ministerio de Trabajo. Si bien la vicepresidenta Yolanda Díaz y la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, arroparon la presentación en sociedad de la nueva patronal, las negociaciones para reducir la jornada han consumado el alejamiento, con Conpymes (y Pimec) reforzando su discurso contrario a la medida.

El Gobierno prometió una ley de representatividad empresarial en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, una promesa que el propio Sánchez reiteró el pasado mes de mayo, y que podría abrir la puerta a esta patronal al diálogo social. Ya hay un proceso judicial abierto en el que se alega que Cepyme, al estar integrada en CEOE, no puede representar a los intereses de las pymes correctamente. Y menos aún desde que Ángela de Miguel, la candidata del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, descabalgó a Gerardo Cuerva al frente de Cepyme.