El Gobierno pone el foco en casi 3 millones de horas extra sin pagar tras caer la reducción de jornada

La sonora derrota del Gobierno en el Congreso, con la caída de la ley para reducir la jornada laboral, supone un «punto y seguido» para el Ejecutivo. La suma de los votos de PP, Vox, Junts y UPN frenó la tramitación parlamentaria de la norma estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero en el Ministerio de Trabajo no solo avanzan que la retomarán, sino que han dado ya los primeros pasos para implementar una de las partes que decayó: la reforma del registro horario.

La obligación de que las empresas registren las jornadas de sus empleados fue una de las primeras medidas que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez, pocos meses después de llegar a La Moncloa y con Magdalena Valerio al frente de la cartera de Trabajo. Sin embargo, desde que Díaz tomó las riendas del Ministerio ha sido muy crítica con la norma, ya que es demasiado laxa, a su juicio, y permite tomar asientos a mano y que son fácilmente manipulables por las compañías.

Díaz incluyó en la ley de la reducción de la jornada laboral una reforma del registro horario, añadiendo un nuevo artículo en el Estatuto de los Trabajadores y perfilando una herramienta digital a la que podría tener acceso remotamente la Inspección de Trabajo y que solo podría modificar el propio trabajador, tratando de garantizar al máximo su veracidad.

Pero, no habiendo pasado ni 24 horas tras ser rechazada la ley en el Congreso, el Ministerio de Trabajo publicó la consulta pública del nuevo registro que aspira a diseñar, con «la posibilidad de requerir que el registro sea electrónico», la anotación de si las horas son ordinarias o extraordinarias, unos asientos con garantías de veracidad y a los que pueda acceder la Inspección de Trabajo de manera directa en caso de investigación.

El Gobierno pone el foco ahora en las 2,8 millones de horas extraordinarias que no fueron pagadas que se hacen cada trimestre, como arroja la última Encuesta de Población Activa (EPA). Entre abril y junio se realizaron 7 millones de horas extraordinarias, de las que algo menos de 4,2 millones se remuneraron.

Este banco de horas sin pagar también ha sido puesto en el ojo de mira de los sindicatos, ya que consideran que es trabajo que podría repartirse y, sobre todo, horas de trabajo que ni se abonan ni se cotizan a la Seguridad Social. Durante las negociaciones en el diálogo social, el Ejecutivo ya insistió en que esta cuestión era competencia desleal para las empresas que sí respetan los horarios de los trabajadores o que abonan las horas de más que emplean en sus tareas.

Esas 2,8 millones de horas las realiza un colectivo muy limitado, de apenas 420.000 ocupados, de acuerdo con los datos de la EPA del INE. Algo más de medio millón (520.000) son los que sí ven sus horas de más compensadas.

El grueso de las horas no pagadas (615.300) se realizaron en el sector de la Educación, por 87.000 de sus trabajadores. Le siguen, aunque a mucha distancia, el sector del Transporte y almacenamiento (302.100 horas por 29.600 ocupados), la Industria manufacturera (269.200 horas, por 43.800 empleados) y el Comercio (216.200 horas, por 45.700 trabajadores).

Con todo, cabe recordar que la EPA es una encuesta y no un registro como tal, por lo que el número efectivo de horas extras sin remunerar podría ser superior o inferior.

Más allá de la reducción de jornada, el Gobierno, a través de la Inspección de Trabajo, ya viene intensificando las actuaciones en materia de tiempo de trabajo. Según los datos del Ministerio, desvelados a través del nuevo Plan de la Inspección, en 2024 se tramitaron 21.411 expedientes relativos a esta cuestión.

De cara al futuro, la vicepresidenta Díaz ha mandatado elaborar nuevas reglas para detectar y controlar los incumplimientos en materia de tiempo de trabajo y de las horas extra, en particular, con el objetivo de «incrementar su eficacia en cuanto a detección, corrección y exigencia de responsabilidad por la comisión de irregularidades».

Lo que no podrá hacer este reglamento es endurecer las sanciones, como estaba previsto en la reforma. El proyecto también incluía un endurecimiento de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), elevando las cuantías a pagar y también ampliando las multas, que se abonarían en función de los trabajadores y no estaría limitada a una por compañía.

«En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados», apuntaba la reforma propuesta, que incluía como un episodio «grave» estos supuestos.

También serían infracciones graves o muy graves «los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras por afectar al disfrute de los periodos mínimos de descanso diario y semanal, vacaciones anuales, duración máxima de la jornada de trabajo, pausas durante la jornada así como a la regulación del trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo», salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente».

Así, abría la puerta a que las «multas» con las que sean penadas las empresas fueran «en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros«. Todo esto en función de los trabajadores afectados, frente al tope actual de una sola sanción por compañía, lo que limitaba los efectos económicos y reducía notablemente su efecto disuasorio.