Yolanda Díaz dará solo 20 días a las empresas para adaptarse al nuevo registro de jornada

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Las empresas apenas tendrán 20 días para adaptarse al nuevo registro de jornada digital que ha diseñado el Ministerio de Trabajo una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto que lo regula, que incluye en su articulado una garantía específica al derecho de la intimidad para evitar que un informe desfavorable de la Agencia de Protección de Datos o un recurso a la justicia puedan tumbarlo, tal y como plantean desde el mundo patronal, ya que tanto sindicatos como la Inspección de Trabajo podrán tener acceso al mismo.

Así, el texto del Real Decreto que ha colgado este jueves el Gobierno para su trámite de audiencia pública incluye dos menciones específicas a esa custodia de los datos privados. Por un lado, en su artículo dos, el texto apunta que «el sistema de registro de jornada garantizará adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protección de datos, en los términos previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos, de acuerdo con los principios de minimización, idoneidad, necesidad y proporcionalidad».

Una mención en la que se insiste posteriormente en el desarrollo del texto, concretamente en el artículo 6 del Real Decreto, que abunda en los derechos de acceso, consulta y copia del registro de jornada. El Ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz plantea que los sindicatos puedan tener acceso a los asientos del registro de jornada, pero «tendrá en cuenta en materia de datos personales, el principio de minimización y proporcionalidad, anonimizando aquellos datos personales de las personas trabajadoras o de terceros que no resulten necesarios para el ejercicio de las funciones que la representación legal de las personas trabajadoras tiene encomendadas».

En concreto, el texto excluye datos como el número del DNI o del NIE del trabajador, su domicilio, su estado civil, así como datos que puedan afectar a su derecho al honor, la intimidad personal o de su entorno, en el caso de que se identifiquen fórmulas de conciliación en el registro.

El Ministerio de Trabajo, que aprobó la semana pasada llevar el registro horario al Consejo de Ministros por el trámite de urgencia para acortar los plazos, contempla requerir informes al Ministerio de Economía, al de Transformación Digital, a la Agencia Española de Protección de Datos y también al Consejo de Estado.

Las empresas apenas tendrán veinte días para adaptarse a este nuevo registro de jornada una vez se publique en el BOE, según indica la norma, ya que entrará en vigor una vez expire ese plazo.

Este nuevo registro horario tendrá que ser digital y «objetivo, perceptible e indiscutible», de tal manera que solo podrá ser modificado con autorización de la empresa y el trabajador, dejando «una huella clara e indeleble de los cambios realizados y de su autoría». En el caso de que no haya acuerdo, el reglamento contempla que «la empresa reflejará en el registro la modificación y la persona trabajadora su discrepancia».

El registro tendrá que identificar al trabajador que realiza el asiento, si la jornada es a tiempo completo o parcial, las horas concretas en las que se inicia y finaliza el tiempo de trabajo, así como el detalle de cada pausa, si las horas son de naturaleza ordinaria, extraordinaria o complementaria, y si se compensarán mediante retribución o descanso. También se tiene que especificar las horas de disposición, las «interrupciones del disfrute del derecho a la desconexión» y si las horas que se trabajan son como consecuencia de fórmulas de conciliación, flexibilidad o distribución irregular de la jornada.

El Ministerio solo contempla dos excepciones al carácter digital de estos estadillos. Una de carácter temporal: «En caso de incidencia técnica, debidamente motivada y justificada, que imposibilite temporal y excepcionalmente registrar la jornada por medios digitales, ésta se realizará por otro medio, debiendo a posterior y en cuanto sea posible, pasar los asientos registrados a soporte digital».

Y otra para las empleadas del hogar, ya que en este caso «podrá realizarse por cualquier medio que sea proporcionado a las capacidades y recursos con los que cuenten la persona empleadora y la persona trabajadora y que garantice el cumplimiento de dicha obligación de manera efectiva».

La empresa, además, tendrá que conservar estos datos durante cuatro años y entregar una copia del resumen de horas trabajadas junto con la nómina.

El texto apunta que el sistema que implanten las empresas «deberá permitir el acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cualquier momento y de forma inmediata, de manera remota y presencial en los centros de trabajo». En este sentido, el texto también modifica el Reglamento de la Inspección de Trabajo para permitir que sus efectivos puedan practicar diligencias de investigación, examen o prueba «de manera presencial o remota».

El Gobierno decidió apostar por la reforma del registro horario a través de Real Decreto tras decaer la reducción de la jornada legal a las 37,5 horas, ya que estaba incluido en el mismo proyecto de ley. El Ministerio ha recuperado el grueso de la regulación, aunque ha tenido que dejar fuera el endurecimiento de las sanciones por los incumplimientos en materia de tiempo de trabajo, ya que eso suponía modificar una norma con rango de ley, algo que un reglamento no puede hacer.

«Las empresas españolas tienen que estar del lado de la legalidad y las empresas españolas, la gran mayoría de ellas, cumplen con la legalidad. ¿Qué temor tienen que tenerle las empresas españolas a cumplir con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tener registros que sean fiables, verificables e interoperables?», se ha preguntado la vicepresidenta este mismo jueves durante un desayuno informativo.