Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los 10 días

El Gobierno también va a aprobar, a través de un Real Decreto Ley, un nuevo permiso para los familiares de personas en cuidados paliativos

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Eduardo Parra / Europa Press

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la ampliación del permiso por fallecimiento hasta los diez días y la creación de un nuevo permiso para acompañar a familiares en cuidados paliativos, ambos retribuidos por las empresas.

Díaz ha avanzado la presentación de una norma en la que se incluirán ambas medidas: «Nadie puede trabajar bien a los dos días de fallecer un ser querido. Ningún padre o madre puede trabajar como si nada cuando su hija está en paliativos».

Según han precisado fuentes del Ministerio de Trabajo, previsiblemente estos cambios se harán a través de un Real Decreto-Ley que se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros.

El Estatuto de los Trabajadores contempla un permiso retribuido de dos días por el fallecimiento de «cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad», que puede extenderse en otras dos jornadas en el caso de que sea necesario un desplazamiento, normalmente entre comunidades autónomas.

La vicepresidenta, que ha protagonizado un desayuno informativo de la agencia Europa Press, ha aclarado que se mantendrá la consanguinidad a la hora de garantizar estas ausencias y ha pedido a los empresarios que tomen «con cariño» ambos permisos «porque esto redunda en el bienestar de la gente trabajadora y en el bienestar de las empresas». «Esto está trabajado, discutido y hablado [con la parte socialista del Gobierno]. Quiero que sea acogido favorablemente por los empresarios de nuestro país», ha aseverado.

Los diez días serán el máximo, en función del grado de consanguinidad. Sobre el permiso por cuidados paliativos, se podrá hacer mediante esa nueva licencia, así como mediante la reducción de jornada.

La vicepresidenta ha enmarcado este anuncio en el debate sobre el absentismo, una de las principales críticas que se le hizo desde el tejido empresarial mientras impulsaba la reducción de la jornada laboral. «Un padre que entierra a una madre no es un absentista. (…) No puedo admitir que llamemos absentismo a lo que son derechos laborales», ha incidido.

Con todo, ha reconocido que las conversaciones no se han producido en el diálogo social ni, en concreto, con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, concernido ya que serán las empresas las que asuman este coste.

El líder de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado el anuncio desde Ponferrada (León), donde ha acudido a una asamblea de delegados sindicales, pero ha afeado que no se haya consultado antes a las centrales: «Nos hubiera gustado que se hubiera abordado y fuera producto de un acuerdo en el marco del diálogo social, pero, en todo caso, España necesita mejorar este tipo de permisos, así que nos parece un buen anuncio».

Sobre otros acuerdos de diálogo social, la vicepresidenta ha reclamado a la patronal que se siente a negociar el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), que en todo caso será un pacto con dos cifras, una teniendo en cuenta una cotización en el IRPF y otra contando que esté exento.

Además, el Ministerio de Trabajo ha citado el día 20 a sindicatos y patronal para abordar la reforma del despido, un compromiso de la propia Díaz, para hacerlo «restaurativo». «Hay que indemnizar siguiendo la estela de la lógica indemnizatoria: el daño emergente y el lucro cesante», ha dicho la ministra.

En cuanto a la reducción de la jornada, la vicepresidenta se ha mostrado convencida de que saldrá adelante, a pesar de que fue rechazada hace unas semanas en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

«No hay ninguna norma en la vida que, cuando está aderezada de sentido común, no vaya a salir adelante», ha dicho Díaz, que ha evitado fijar plazos de cuándo volverán a aprobar la ley, aunque ha anunciado que el trámite de audiencia pública del registro horario, una de las piezas centrales del proyecto que decayó.

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