De la Fuente (Fedea) tumba los impuestos a banca y energéticas: «son multas a sectores»

Un artículo del director del 'think-tank' asegura que una condonación de la deuda y una potencial cesión de los tributos a Cataluña "comportaría un gradual debilitamiento del Estado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, momentos antes de posar para la foto de familia junto a los ministros del nuevo gabinete antes del primer Consejo de Ministros de la XV legislatura celebrado este miércoles en el Palacio de La Moncloa. EFE/Juan Carlos Hidalgo

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Mientras el nuevo Gobierno celebra su primer Consejo de Ministros, el ‘think-tank’ Fedea ha publicado un análisis de las patas económicas de los acuerdos del PSOE con las distintas fuerzas políticas que sustentaron la investidura la semana pasada. El artículo, elaborado por su director, Ángel de la Fuente, es muy duro sobre la posibilidad de convertir los impuestos temporales a la banca y energéticas, calificándolos de «multas», al tiempo que advierte que el proceso de condonación de deuda y potencial cesión de impuestos a Cataluña «comportaría un gradual debilitamiento del Estado».

«La condonación incondicionada de deuda recogida en el acuerdo con ERC es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos que ya sufre el SFRC», apunta en el documento. Esto es, dice De la Fuente, porque las comunidades autónomas tenderán a gastar más recursos de los que potencialmente tienen porque saben que «al final el Estado las rescatará de una forma de otra», por lo que lo considera una «invitación a la indisciplina fiscal». «Esta parte del acuerdo viene a ser un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos», argumenta.

Con relación a la potencial cesión del 100% de los impuestos a Cataluña, De la Fuente sostiene que eso no se ha pactado aunque podría traducirse en «concesiones significativas» para la región, como un estatus especial en las negociaciones de la reforma de la financiación autonómica (algo ya planteado en los acuerdos con las distintas fuerzas). «Existe el riesgo de que tales concesiones marquen el comienzo de una deriva confederal que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal más allá del ámbito interno de cada comunidad», defiende el investigador.

El director de Fedea, como ya apuntó a ECONOMÍA DIGITAL, ve difícil el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, a pesar de que es una de las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica que el PNV quiere ya asumir. Sin embargo, la ruptura de la caja única está descartada «porque ésta favorece al País Vasco», que cuenta con un déficit entre las pensiones que se abonan en la región y las cotizaciones que se generan de más de 4.000 millones de euros. Sí subraya que esta podría ser una ocasión acertada para «avanzar hacia una mayor transparencia» en cuanto a los cálculos del Cupo que el País Vasco -con haciendas forales propias- paga al Estado en virtud de las competencias que no desempeña.

En cuanto al acuerdo PSOE y Sumar, además de la mención a los gravámenes temporales, Fedea considera que las medidas recogidas «plantean serias dudas» y que «parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse en pocos años sin desequilibrar aún más las cuentas públicas». Es este sentido, señala que la reactivación de las reglas fiscales el año que viene va a suponer una limitación para la expansión del gasto y que financiar todas esas medidas tendrá que hacerse con «fuertes subidas de impuestos para todos» y no solo a las grandes fortunas. «Las propuestas en materia de ingreso son poco precisas y en ocasiones demagógicas. Llama la atención, en particular, la decisión de convertir en permanentes los gravámenes sobre la banca y las energéticas, que se habían justificado apelando a la existencia de beneficios extraordinarios. Su conversión en exacciones permanentes supone admitir que estamos en realidad ante multas a sectores que le resultan antipáticos a los socios de Gobierno», sostiene.

Las medidas laborales, como la reducción legal de la jornada a 37,5 horas o los aumentos del salario mínimo interprofesional, «pueden comprometer la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo».

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