Díaz se enfrenta a Calviño y Escrivá para mantener el esquema actual de los ERTE

Díaz considera que no debe cambiarse el esquema actual mientras que Calviño y Escrivá abogan por fijar bonificaciones a la reinserción

Gobierno, patronal y sindicatos tras la firma del aumento del salario mínimo el 30 de enero pasado. De izquierda a derecha, Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Unai Sordo, Antonio Garamendi, José María Álvarez y Gerarado Cuerva. /E

Gobierno, patronal y sindicatos tras la firma del aumento del salario mínimo el 30 de enero pasado. De izquierda a derecha, Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Unai Sordo, Antonio Garamendi, José María Álvarez y Gerarado Cuerva. /E

La fecha de vencimiento de la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se aproxima (31 de mayo) y el Gobierno y los agentes sociales empiezan a perfilar sus posturas de cara a la negociación que tendrá que encarrilarse en las próximas semanas. 

En principio lo que funciona no deberíamos replantearlo”, afirmó tajante la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa del pasado viernes para presentar las nuevas políticas activas de empleo a las que se destinarán más de 3.500 millones de euros. 

Díaz empezó a allanar el terreno de cara a las negociaciones ante su intención de mantener el esquema actual de los ERTE, en contraposición a la postura de la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que aboga por instaurar de nuevo bonificaciones a la reinserción laboral, con el apoyo público del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

Aunque Díaz indicó que como en toda mesa de negociación ”seguramente habrá que hacer ajustes”, insistió en la idea de que el último modelo de los ERTE “ha sido muy positivo” y por ello cree que no se precisan de modificaciones de calado. En cualquier caso, quiso dar la “tranquilidad” a trabajadores y empresas de que este mecanismo de protección se mantendrá “todo el tiempo que sea necesario”. 

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró que en la última reunión tripartita se constató la idea de que el mecanismo está lo suficientemente bien diseñado como para que pueda seguir acompañando a las empresas y los trabajadores, pero no se entraron en detalles.  Por ello, Díaz insistió en que de cara a la prórroga se defenderá un planeamiento “similar al actual” porque “cuando algo funciona no tiene sentido cambiarlo”. 

Estas posturas no se evidenciaron de forma tan explícita en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, en la que participaron el pasado miércoles el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y representantes de los sindicatos y las patronales para reanudar las negociaciones de cara a la prórroga de los ERTE tras el 31 de mayo, fecha en la que vencen, según han informado a Economía Digital fuentes conocedoras del encuentro.

Se trata de la cuarta negociación para extender los ERTE y previsiblemente de nuevo el punto de inflexión residirá en las condiciones de la prórroga y en las sanciones que pesan sobre las empresas si despiden a un empleado que ha estado los últimos meses arropado bajo un ERTE, con la prohibición de despidos durante seis meses.

686.000 trabajadores en ERTE: tendrán prioridad en ERTE

El actual esquema recoge los ERTE por limitación, por impedimento y para sectores particularmente afectados por la crisis de la Covid-19 y su cadena de valor, con exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta el 100% en determinados casos, y la prestación por desempleo para el trabajador del 70% de la base reguladora.

Según los últimos disponibles, hasta el viernes poco más de 686.000 trabajadores permanecían bajo un ERTE, un 7,7% menos que los 743.628 millones con los que cerró marzo, por lo que habrían salido unos 50.000 trabajadores en medio más. Las cifras se alejan de los 3,6 millones de trabajadores que estuvieron bajo este paragüas en el peor momento de la crisis. 

El secretario de Estado de Empleo avanzó que los trabajadores bajo un ERTE tendrán prioridad en la formación de cara al nuevo modelo de políticas activas de empleo, y cifró en un millón de trabajadores los que habrían recibido formación estando bajo un ERTE del total de 3,6 millones que llegó a estar bajo los ERTE, principalmente bajo el programa Digilízate, que se extenderá y ampliará.

CEOE busca eliminar el veto al despido

En anteriores negociaciones para extender este mecanismo desde la patronal ya intentaron sin éxito eliminar el requisito de la prohibición de despido durante medio año para que las empresas puedan incluir a sus trabajadores en los ERTE, pero tanto el Ejecutivo como los sindicatos rechazan de pleno esa petición.

Desde CEOE llevaban tiempo reclamando que los ERTE se extendiesen hasta final de año, algo que Calviño ya sostuvo hace dos semanas cuando afirmó que los ERTE y todas las medidas de protección se extenderían “todo 2021 y todo lo que sea necesario”, y ha corroborado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estos últimos días.

En un contexto de 743.628 trabajadores bajo un ERTE a cierre de marzo, muchos empresarios piden facilidades para poder despedir ante la incapacidad de sacar sus negocios a flote, por lo que reclaman que se elimine el veto a la prohibición de despedir en los seis meses siguientes a la finalización del ERTE o de las medidas de reducción de jornada o de suspensión de contratos a las que se hubiera acogido a consecuencia de la pandemia.

Recuperar bonificaciones a la reinserción o mantener fórmula actual

Al mismo tiempo, Calviño ha defendido en los últimos días que la nueva prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo debería centrarse en favorecer “la reincorporación de los trabajadores”, mientras que la postura de Yolanda Díaz ha sido algo distinta pues ella habla de prorrogar los ERTE utilizando “una fórmula similar a la actual”.

De esta forma, la parte de la facción del Gobierno formada por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aboga por incentivar las reincorporaciones de los trabajadores que siguen en ERTE a la plantilla para contener el gasto público e impedir que la deuda y el déficit sigan aumentando. En consecuencia, los empleados que sean recuperados de su suspensión de empleo tendrían una bonificación de alrededor del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para el resto.

En este sentido, siguen apostando porque las exenciones para las empresas se concentrarán en bonificar la vuelta a la actividad, en línea con la estrategia implementada el pasado verano, pero no así sobre las cuotas generales de quienes continúen inmersos en los ajustes de empleo, que seguirán teniendo una bonificación inferior. Esto no convence del todo a sindicatos, Trabajo y patronal.

Desde el pasado mes de junio se empezó a incentivar la reinserción laboral por encima de la permanencia en los ERTE mediante bonificaciones que posteriormente fueron difuminándose, ante la necesidad de una mayor protección del empleo desde noviembre con motivo de la tercera ola del Covid.

El Banco de España publicó un artículo hace unos días en el que constataba la pérdida de efectividad de los ERTE para la reinserción laboral de los trabajadores con el paso de los meses (bajó del 70% al 32% en 2020) e instaba a focalizar estos mecanismos en los sectores más afectados por la crisis y vincular esta protección a la formación de trabajadores.

En cualquier caso, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, considera que los mecanismos de protección en el empleo se tendrán que extender mientras la crisis sanitaria lo requiera y subraya la importancia del diálogo social en este modelo, por lo que considera que hay que persistir en esa línea de consenso entre Gobierno, sindicatos y patronal.

Los ERTE llegaron a proteger a más de 3,6 millones de trabajadores en los peores momentos de la pandemia, y hasta finales de marzo se encontraban bajo este paragüas 743.000 beneficiarios, con un coste entre 2020 y lo transcurrido de 2021 de casi 30.000 millones de euros, según ha detallado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del Plan de Recuperación.

Los sindicatos piden dificultar el despido

Por su parte, fuentes sindicales señalaron a Economía Digital la coincidencia de tener que prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, si bien subrayan la importancia de pensar en una fórmula similar a este mecanismo de protección para los periodos de normalidad y sobre las bonificaciones a la reinserción creen que si tiene efectos se tendría que discutir, aunque recuerdan que se ha recogido en las sucesivas prórrogas. 

Para los sindicatos lo prioritario es que la última opción que tengan las empresas sea el despido y se introduzca una restricción en la contratación temporal y de la posibilidad de despido para que sea mucho más complicado recurrir a ello. 

En cualquier caso, rechazan que se pueda permitir despedir y consideran que la intención de CEOE de eliminar la prohibición de despido “no tiene sentido”, ya que ha transcurrido suficiente tiempo desde el límite de seis meses establecido en la imposibilida de despidos a los afectados por ERTE.  

El Plan de Recuperación consolida los ERTE

El Plan de Recuperación prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.

A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la Covid-19, se trata de disponer de “un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”.

La meta del Gobierno es que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.