La empresa española atribuye a la intervención del Gobierno el frenazo en la inversión
El 80% de las compañías responden al BEI que las regulaciones laborales o de negocios son los principales frenos para invertir
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance del curso político. Eduardo Parra / Europa Press
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El ruido político se contagia a la economía y la hiperregulación es una preocupación cada vez mayor para las empresas, un fenómeno diferencial en el caso de España. Al menos tres centros de estudios de total relevancia ponen de manifiesto una realidad que cada vez «lastra» más la economía, como señaló el BBVA en su actualización de previsiones esta misma semana.
Pero es que ocho de cada diez empresas en España ven como frenos fundamentales para la inversión la incertidumbre política, la regulación en materia de negocios y en cuanto al mercado de trabajo, de acuerdo con una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) publicada recientemente.
De acuerdo con la última edición de la Encuesta de Inversión del BEI a las empresas europeas, el 84% de las compañías señalan la incertidumbre sobre el futuro como un obstáculo a la hora de invertir en el último año. Es un porcentaje similar al del conjunto de los Veintisiete (83%).
Pero es que las empresas europeas muestran una preocupación muy superior a la de los pares europeos en tres aspectos: la regulación de los negocios, que citan el 81% de las empresas como un freno (el 69%, en el caso de la UE); y la regulación del mercado laboral, que responde un 79% (el 65% de la media europea). Junto a la falta de mano de obra cualificada (82%, en niveles similares a los europeos), son las principales preocupaciones empresariales.
Solo en el caso de la visión como obstáculo de los costes energéticos (72% vs 75%) nuestro país sale mejor parado.
Los resultados son coherentes con lo que han advertido los servicios de estudios del BBVA y la encuesta de clima empresarial de la Cámara de Comercio en España, en informes publicados esta misma semana.
El departamento de estudios de la entidad situó la división política dentro los cuellos de botella al crecimiento económico, al mismo nivel que la atonía de la inversión o la falta de avances en la productividad del trabajo mientras aumentan los costes laborales. Los economistas del banco también apuntaron a la necesidad de «una planificación transparente del proceso de consolidación de las cuentas públicas», algo que, en ausencia de Presupuestos Generales del Estado, es complicado.
«Mientras la incertidumbre comercial se reduce, la interna aumenta. La falta de acuerdos y consenso suponen un lastre para el crecimiento», insistió el BBVA poco después de descarrilar su opa hostil sobre el Banco Sabadell, una operación en la que la intervención del Gobierno fue decisiva, al bloquear buena parte de las sinergias que se pretendían obtener.
En el caso de la encuesta de la Cámara de Comercio, al ser preguntadas por la economía española, el 40,8% de las empresas señala la situación política como el principal riesgo para el tejido productivo, más que la evolución de los precios energéticos (27,7%) y que la tensión geopolítica tras la guerra comercial desatada por la Casa Blanca y los conflictos armados en Ucrania y Palestina (25,8%). Llama la atención que una de cada cuatro empresas, el 25,6%, califica la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2026 como un factor relevante de riesgo en la evolución de la economía.
El 40,6% de las empresas consultadas asegura que el incremento de los costes laborales es la dificultad más relevante para su empresa ahora mismo, seguido de la falta de perfiles cualificados (38,7%) y la elevada presión fiscal (35,6%). En cuanto a las preocupaciones, estas se repiten a futuro. El 43,1% de las compañías se muestra inquieta por la subida de los costes laborales, el 37,2% por la elevada presión fiscal y el 33,5% por la falta de mano de obra.
Tres toques de atención que deberían servir de toque de atención para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ve con dificultad la aplicación de su programa económico. Algunas medidas, como la reducción de la jornada laboral, han añadido incertidumbre al mercado para finalmente descarrilar, agravando la incertidumbre y la preocupación sobre la regulación del mercado de trabajo.
Otras medidas, como las del Real Decreto-Ley ómnibus que decayó a principios del año o las medidas energéticas tras el apagón, que también fueron rechazadas por el Congreso, o la marcha atrás en cuanto a las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social han añadido inseguridad a la economía. Un factor clave a la hora de aplicar cualquier inversión.
