España pierde un año en el negocio de los coches eléctricos por la mala gestión de los puntos de recarga

El futuro del vehículo eléctrico, y su implantación, pasa necesariamente por el desarrollo de las infraestructuras de recarga. No existe alternativa. Sin una capilaridad de puntos de conexión, no hay avance. Sin embargo, 2023 promete ser un año perdido. Una burocracia lenta, unas leyes que no se cumplen y un ‘plan de energía’ en el aire son los motivos para el pesimismo.

Los datos son preocupantes. En el año 2022 se tenía previsto que España contara con un total de 45.000 puntos de recarga públicos; sin embargo, la realidad fue diferente, ya que únicamente se lograron instalar 18.128 de ellos. De esta cantidad, 10.327 se encuentran ubicados en áreas urbanas, dejando solo 7.801 puntos de recarga disponibles en carreteras, donde son especialmente necesarios para recargar durante los viajes. 

Las cifras son el reflejo de lo que ha sucedido, en gran parte, en los despachos. Uno de los grandes problemas, entre otros, ha sido que no ha salido adelante el Real Decreto que promovía la instalación obligatoria de puntos de recarga en zonas públicas (supermercados, centros comerciales y de ocio, hospitales…). 

Para dar algún tipo de solución, desde el Ministerio de Industria se creó una subcomisión de trabajo para analizar la situación y crear un informe con ideas y propuestas. Sin embargo, desde el mes de marzo no ha habido noticias. Y, una vez llevado a cabo el adelante electoral, todo queda suspendido. 

Problemas de burocracia 

Asimismo, las empresas eléctricas siguen denunciando que existen graves problemas para la obtención de permisos para ‘encender’ los puntos de recarga. Es decir, las compañías se están involucrando en el desarrollo de infraestructura, pero conseguir que las autoridades pertinentes den el ‘ok’ conlleva plazos demasiados largos. 

Junto a esta situación ha surgido otro contratiempo. España debe enviar a Bruselas la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En dicho documento se detallan los objetivos y ambiciones en materia energética, que también incluyen los planes de movilidad eléctrica. 

De nuevo, el adelanto electoral y su potencial cambio de gobierno provoca una ralentización en las políticas que se vayan a aplicar en el desarrollo del vehículo eléctrico y, lo que es más importante, en la proyección de su infraestructura. 

Pesimismo en el sector 

Ante esta situación, algunas voces dentro del sector de la movilidad no tienen problemas en poner las cartas sobre la mesa. Un ejemplo lo representa el director general de Grupo Moure -compañía del sector de las estaciones de servicio-, Manel Montero, al asegurar con respecto a los datos que «es evidente que la brecha entre la meta establecida y la cifra alcanzada es significativa, lo que refleja la necesidad de una mayor inversión y desarrollo de infraestructuras de carga en España». Además, comenta que «es fundamental para fomentar la adopción generalizada de coches eléctricos e híbridos». 

En relación con los cargadores en operación, solamente el 21% de ellos cuenta con una potencia superior a 22 kW, necesaria para las llamadas ‘cargas rápidas’. Cabe destacar también que la mayoría de estos cargadores de alta potencia han sido instalados por las propias marcas a través de sus redes de concesionarios. 

En el caso concreto de España, el Gobierno presentó en 2021 una propuesta que obligaba a ciertas gasolineras a incorporar al menos un punto de recarga, con el objetivo de mejorar la infraestructura de carga para coches eléctricos. 

«El borrador señalaba que las gasolineras con un volumen de más de 10 litros debían contar con al menos un punto de recarga de 150 kW, mientras que aquellas con un volumen de 5 litros debían disponer de otro punto de recarga de 50 kW; pese a ello, las distintas barreras administrativas están frenando la instalación de estos puntos», asegura el experto, quien recuerda las trabas burocráticas existentes para la puesta en marcha de puntos de recarga ya instalados en España, donde actualmente existen 40.000 solicitudes en las manos de las administraciones públicas. 

La hibridación, ¿la solución? 

Ante esta situación, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) parecen ser una buena alternativa. Estos modelos combinan dos tipos de motorización: la eléctrica y la de combustión interna. «Esta combinación permite circular en modo eléctrico a lo largo de aproximadamente cincuenta kilómetros por cada carga», explica Montero. 

«A pesar de ser limitado, lo que los hace aún más atractivos es que, una vez agotada la carga eléctrica, pueden seguir funcionando con el motor de combustión interna. No obstante, en algunos casos el precio sigue siendo muy superior al de los coches de combustión, oscilando entre los 5.000€ y 10.000€, dependiendo del modelo», finaliza.