La patronal alega contra el plan de Yolanda Díaz de fomentar la banca ética frente a Santander o BBVA
El Ministerio de Trabajo cree que el efecto reputacional puede desaconsejar a las patronales de profundizar en las críticas al reglamento que ultima Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. A. Pérez Meca / Europa Press
Comentarios
Las dos principales patronales del sector financiero, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB), han planteado alegaciones al plan de la vicepresidenta Yolanda Díaz para fomentar las entidades de crédito de la economía social y la banca ética, un proyecto que plantea subvenciones del Ministerio de Trabajo para las beneficiadas, y exigen que el Gobierno delimite bien la aplicación de la norma para no intervenir en la banca, un ámbito en el que solo es competente el Ministerio de Economía.
Las dos organizaciones empresariales, una de bancos y otra de cajas de ahorros, y ambas integradas en la CEOE, participaron en la consulta pública abierta por el Ministerio de Trabajo para elaborar el Real Decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas, una reivindicación histórica del sector, subrayan fuentes del Ejecutivo, que se planteó en los últimos estertores de la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell.
El 16 de octubre, justo el mismo día en que se conoció el naufragio de la operación sobre la entidad vallesana, las dos patronales presentaron sus aportaciones, según consta en la Memoria de Impacto Normativo que colgó Trabajo junto al texto del Real Decreto para el trámite de audiencia pública.
Ambas organizaciones empresariales pidieron que el Ejecutivo deje claro «el ámbito subjetivo de aplicación de la norma», de tal forma que sus requisitos solo se apliquen a las cooperativas y financieras éticas, dejando «ajenas» a aquellas que no forman parte de la economía social, «para garantizar, en definitiva, la seguridad jurídica y la claridad normativa».
Precisamente, según indicaron fuentes de Trabajo en un encuentro con la prensa para presentar esta norma, esta habría sido una de las reticencias principales por parte del Ministerio de Economía, que dirige Carlos Cuerpo, para dar su aval al reglamento, que no precisa de convalidación parlamentaria y que la vicepresidenta segunda tiene la intención de llevar al Consejo de Ministros en próximas fechas.
Con todo, en el Gobierno subrayan que «el proyecto de real decreto desarrolla, de manera pormenorizada, en su artículo 2 el ámbito de aplicación», excluyendo a aquellas entidades que no pertenecen a la economía social y delimitando aquellas que sí forman parte de su sector financiero, que tendrán que cumplir una serie de diez requisitos para poder beneficiarse de la promoción que prevé la norma (como subvenciones o, a futuro, reconocimientos a través de un ‘sello’).
En el Ministerio de Trabajo se muestran convencidos de que la norma permitirá, de manera «pasiva», señalar a las grandes entidades financieras, como el Santander o el BBVA. No por acción, sino por omisión: al no ser reconocidas como bancos éticos, creen que se abrirá un debate público sobre a qué dedican las inversiones y los depósitos de sus clientes.
De hecho, por este efecto reputacional creen en la Vicepresidencia segunda que las patronales CECA y AEB no agitarán mucho el avispero, para no poner el foco en la banca tradicional.
En concreto, hay diez requisitos para que una entidad pueda ser considera como «ética», a los efectos de esta norma, que en el Ejecutivo subrayan que es la primera del mundo en ir tan lejos.
Tendrán que priorizar «el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico», que reinvertir el 75% de sus ganancias en reforzar la entidad o en proyectos de alto impacto social y dar especial atención a las solicitudes de financiación en relación con su impacto social y ambiental o en relación con la economía social.
También será necesario que destinen un 20% de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro durante al menos tres años, que tengan un modelo de gobernanza y organizativo transparente y que la remuneración de sus ejecutivos no supere 7 veces la paga del trabajador que menos cobra.
Además, estarán excluidas expresamente aquellas que financien a la industria armamentística, la falta de acceso a la vivienda asequible, la industria del juego y los combustibles fósiles.
Otro requisito es que deberán promocionar la igualdad de género, la diversidad funcional, étnica o racial, sexoafectiva, social y cultural, y el emprendimiento femenino. También habrán de priorizar el desarrollo, la cohesión territorial y la economía local.
Cada año, estos bancos éticos tendrán que hacer pública una memoria de actividad sobre cómo la financiación que han dispensado cumplen con el resto de objetivos.
En el Gobierno reconocen que muchos de los argumentos con los que defienden la necesidad de promover la banca ética coincide con muchos de los que dieron para oponerse a la opa del BBVA al Sabadell, pero subrayan que son peticiones que vienen de muy atrás y son históricas del sector de la economía social.
Como informó ECONOMÍA DIGITAL, el Ministerio de Trabajo justificó el impulso de esta norma porque el actual contexto económico «caracterizado por una creciente complejidad en los mercados financieros y por la concentración progresiva de la actividad en operadores de gran dimensión internacional» exige un refuerzo de «aquellas alternativas que han acreditado eficacia, resiliencia y una especial orientación hacia objetivos sociales y medioambientales».
«La meta es promover la creación de un ecosistema financiero diverso en el que convivan diferentes formas jurídicas, y donde puedan tener un papel relevante las entidades de la economía social y las finanzas éticas. Ello, además, fomenta la inclusión financiera y facilita la elección de diferentes alternativas a la ciudadanía, favoreciendo asimismo la estabilidad financiera», detalló Trabajo en el documento con el que solicitaba aportaciones a la redacción de la norma.
Entre las entidades que se consideran como parte de la llamada banca ética está Fiare Banca Ética o Laboral Kutxa, perteneciente al Grupo Mondragon, dueño de la cadena de supermercados Eroski o la marca de electrodomésticos Fagor, entre otros.
