Yolanda Díaz se suma al funeral de la opa de BBVA al Sabadell con su idea de banca ética
La vicepresidenta se significó este jueves tras el fracaso de la opa: "Era una mala operación (...). Que no siga adelante es una buena noticia para el país"
El presidente del BBVA, Carlos Torres, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno. ECONOMÍA DIGITAL
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El Ministerio de Trabajo ha comenzado los trámites para elaborar un Real Decreto con el que se impulsen las entidades financieras de la economía social y también a la banca ética ante la «concentración progresiva» en el sector, justo cuando la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell ha descarrilado tras año y medio de dimes y diretes, entre otras cosas por la propia intervención del Gobierno.
La cartera que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz cerró este jueves la consulta pública para el reglamento que quiere redactar con el objetivo de fomentar y promover las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas, aquellas enfocadas al cooperativismo o que tienen entre sus objetivos cuestiones medioambientales o sociales que tienen un segundo plano en la banca tradicional.
El Gobierno ha decidido impulsar una norma ya que el actual contexto económico «caracterizado por una creciente complejidad en los mercados financieros y por la concentración progresiva de la actividad en operadores de gran dimensión internacional» exige un refuerzo de «aquellas alternativas que han acreditado eficacia, resiliencia y una especial orientación hacia objetivos sociales y medioambientales».
«La meta es promover la creación de un ecosistema financiero diverso en el que convivan diferentes formas jurídicas, y donde puedan tener un papel relevante las entidades de la economía social y las finanzas éticas. Ello, además, fomenta la inclusión financiera y facilita la elección de diferentes alternativas a la ciudadanía, favoreciendo asimismo la estabilidad financiera», justifica Trabajo en el documento con el que solicita aportaciones a la redacción de la norma.
Precisamente, algunos de estos argumentos para favorecer la banca ética resuenan con las razones que dio el Ministerio de Trabajo en su momento para oponerse a que el Gobierno autorizase la opa del BBVA al Banco Sabadell, algo que finalmente sucedió pero con la condición de operar de manera autónoma durante al menos tres años, un veto a fusionar ambas entidades que podía extenderse a los cinco años y que ha sido clave en el naufragio de la oferta.
Así, Yolanda Díaz alegó que una potencial fusión entre ambas entidades supondría dificultar el acceso a los servicios bancarios para algunos colectivos y en puntos determinados de la geografía española, al suponer un cierre de oficinas; también empeoraría las condiciones de crédito al reducir la competencia y favorecería la concentración bancaria, aumentando un potencial riesgo sistémico.
Con el Real Decreto que propone -al tratarse de un reglamento, solo es necesaria su firma una vez aprobado en Consejo de Ministros-, la vicepresidenta quieren que se declare «como tarea de interés general, el impulso, la promoción y el fortalecimiento de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas -no todas ellas pertenecientes al ámbito de la economía social-, así como de sus organizaciones representativas, reconociendo su papel esencial como interlocutores cualificados ante los poderes públicos y su contribución estratégica a la construcción de un modelo económico más inclusivo, democrático y sostenible».
Entre las entidades que se consideran como parte de la llamada banca ética están Triodos Bank o Fiare Banca Ética, mientras que una de las principales protagonistas del tejido financiero del cooperativismo es Laboral Kutxa, perteneciente al Grupo Mondragon, dueño de la cadena de supermercados Eroski o la marca de electrodomésticos Fagor, entre otros.
El Ejecutivo justifica el Real Decreto porque hace falta «un marco normativo estable que fomente de manera efectiva el sector de las finanzas éticas y de las entidades financieras de la economía social» y así «cumplir con la necesidad de promoción de un tejido productivo y empresarial que ponga los objetivos sociales y medioambientales en el centro, fomentando e impulsando a estas entidades, reforzando su visibilidad y su seguridad jurídica».
El impulso a la norma llega en un momento clave para el sector financiero español. La guerra total entre ambas entidades se sustanció con el BBVA consiguiendo solo la aceptación del 25% del capital del Banco Sabadell, por debajo del límite fijado para que tuviera éxito la operación. El Gobierno se significó en contra de la operación, condicionado por socios relevantes como Junts o ERC, que temían ver cómo la entidad vallesana era absorbida por otro banco más grande, perdiendo un relevante centro de poder financiero en la región.
La vicepresidenta Díaz fue una de las principales detractoras de la operación y quien más empujó dentro del Ejecutivo para bloquearla. «No puede ser que toda la sociedad catalana, hasta la Iglesia, esté de acuerdo en que esta operación no es correcta y caminemos en esta dirección», dijo durante una jornada parlamentaria el pasado mes de junio.
«La lógica de la rentabilidad privada no puede estar por encima de los derechos económicos de los ciudadanos de nuestro país«, ha advertido», advirtió entonces y reivindicó el papel del Estado como regulador del sistema financiero: «Tiene la obligación democrática para corregir desequilibrios, de garantizar la inclusión y de proteger al conjunto de la ciudadanía».
Un mensaje que reiteró en la noche de este jueves, a través de su cuenta en Bluesky: «Lo dijimos desde el principio: la OPA era una mala operación, con efectos negativos sobre el empleo, que agravaba la concentración bancaria, dificultaba la financiación de las pequeñas y medianas empresas y aumentaba la exclusión financiera. Que no siga adelante es una buena noticia para el país».
El Ministerio de Economía, a través de fuentes oficiales, trasladó un mensaje de «respeto» a la decisión de los accionistas y reconoció la labor de los reguladores en este año y medio de travesía, que ha terminado con el segundo siniestro de BBVA en su intención de hacerse con el Sabadell.
