Puigdemont aprieta a Sánchez en tres frentes: la jornada, las nucleares y la opa del BBVA al Sabadell
Los neoconvergentes aprietan el cerco sobre el Gobierno sin que la amnistía al expresidente esté en un horizonte cercano
Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, en un montaje ante nucleares y el BBVA. ECONOMÍA DIGITAL
Comentarios
De ley estrella a ley estrellada. El futuro de la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5 horas es sombrío, después de que Junts, el partido por cuyos siete diputados pasa cualquier norma clave en esta legislatura, anunciara una enmienda a la totalidad, lo que conduciría al fracaso del proyecto bandera de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha implicado a fondo en que el recorte del tiempo de trabajo salga adelante y este mismo lunes, durante la 40ª Reunión Anual del Cercle d’Economia, pidió a las patronales catalanes que «no se cierren» a la reforma, una «demanda social que contribuirá a mejorar la productividad y la estabilidad de la fuerza trabajadora y, por tanto, a que nuestras empresas sean mejores».
Sin embargo, la petición de Sánchez caía en saco roto, ya que pocas horas después la líder de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, confirmaba que presentarían el veto a la ley: «Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado sólo son los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo y laboral de Catalunya, que es muy diferente del que hay en España», dijo en rueda de prensa.
Puigdemont amaga con tumbar la reducción de jornada
Si bien desde el Gobierno quitan hierro al asunto -«La enmienda a la totalidad es también un instrumento para la negociación que se ha planteado en otras ocasiones anteriores», dicen fuentes del Ministerio de Trabajo-, lo cierto es que los neoconvergentes aprietan a Sánchez en su semana más crítica, justo cuando quedan horas para comparecer en el Congreso para dar explicaciones por el apagón y su plan de Defensa, con los apoyos para el Real Decreto-Ley de respuesta a los aranceles en el aire y con el proyecto estrella de la legislatura también pendiendo de un hilo.
Mientras la Justicia dilata la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, los de Junts van poniendo piedras en el camino de La Moncloa en asuntos clave. Este mismo martes el Congreso debatirá una proposición no de ley del Partido Popular que pide al Gobierno reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares. Un asunto que ha cobrado más actualidad que nunca después del apagón del pasado lunes.
El texto, presentado el pasado octubre pero que coincidirá con el debate sobre las nucleares más vivo que nunca, insta al gobierno a elaborar «un Plan Nacional de Seguridad de Suministro Energético que reconsidere, de acuerdo con sus titulares y con informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, el cierre programado del parque de generación nuclear para extender sus años de operación que contribuyan a rebajar el coste de la electricidad, a reducir las emisiones y a reforzar la estabilidad de la red eléctrica y la producción eléctrica que asegure el suministro».
Junts y ERC, aliados del PP para alargar la vida nuclear
El Pleno abordará así un debate que ya se mantuvo en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y donde tanto ERC como Junts permitieron que saliera adelante una propuesta del PP. Ambos partidos, con dos centrales nucleares en activo en la provincia de Tarragona y una industria muy electrointensiva en su territorio, hacen frente ahora para tratar de retrasar el cierre de reactores, con el primero -el de Almaraz- programado para 2027.
Precisamente ECONOMÍA DIGITAL celebra este lunes una jornada sobre el futuro de la energía nuclear, que contará con los principales actores del sector y expertos en la materia.
El tercer frente que ha abierto el partido de Puigdemont tiene que ver con la opa hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizara la operación a última hora de la tarde del pasado miércoles, con el voto a favor incluido del consejero propuesto por Junts, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene la pelota en su tejado. Tendrá que decidir si eleva la cuestión al Consejo de Ministros para endurecer los compromisos del BBVA y, para ello, el Gobierno ha apostado por una consulta pública abierta a todos los agentes económicos, a diferencia del estudio de mercado que hizo Competencia.
«Siempre hemos estado en contra de la opa. Ahora es al Gobierno a quien le toca frenar esta opa. Tiene motivos de interés general y de impacto social clarísimos para poderla frenar», dijo el portavoz de la Ejecutiva, Josep Rius.
La prueba de fuego llegará el jueves con la votación del decreto sobre aranceles. Con el ‘no’ del PP asegurado, el apoyo de los siete diputados de Junts son claves. Fuentes del Ministerio de Economía dicen ser «prudentes» en cuanto al sentido del voto de los neoconvergentes. La jornada es solo una norma más, pero las costuras con el partido del expresident fugado cada vez están más tirantes.
