| Entrevista a Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía

“Iremos a los tribunales si Montero aprueba la armonización fiscal”

El consejero de Hacienda de Andalucía exige a Yolanda Díaz que se replantee sus discursos ante conflictos como el el metal en Cádiz porque generan "problemas"

Ni un paso atrás en la guerra fiscal contra el Gobierno para impedir la armonización fiscal de impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Juan Bravo (Palma de Mallorca, 1974), consejero de Hacienda y Financiación Pública de la Junta de Andalucía, se suma a la Comunidad de Madrid y advierte a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la región acudirá a los tribunales si es necesario para impedir la armonización fiscal prevista por el Gobierno de Pedro Sánchez tras sus múltiples acusaciones de ‘dumping fiscal’ a las regiones del PP. El dirigente andaluz defiende la política de bajos impuestos implementada por los ‘populares’ y exige a Montero que deje de postergar la negociación de la reforma de financiación autonómica y asuma el reto con transparencia sin negociaciones bilaterales con Cataluña.

Pregunta.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ido postergando el ‘melón’ de la financiación autonómica, ¿qué esperan de la reforma?

Respuesta.- Quiero una reforma como la de 2022 que votó un 93% del Parlamento y no como la de 2009 con el 51% del PSOE, ERC y la abstención del PNV. Son los mismos socios que plantean la armonización para subir impuestos a pesar de ser un partido independentista. Al principio pensaba que había una ventaja en que Montero fuese ministra porque en 2018 llegó a un acuerdo parlamentario que decía que Andalucía estaba infrafinanciada en 900 millones y que al sistema de financiación le faltaban 16.000 millones y de esos 4.000 millones tenían que ser para Andalucía. Pero ha pasado 2018, 2019, 2020 y 2021 y no tenemos nada. Para esas CCAA infrafinanciadas (Valencia, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha) se planteaba un régimen transitorio ante la falta de voluntad de cambiar el sistema con 2.000 o 2.500 millones de compensación pero no se sabe nada.

P.- ¿Cómo ve los planteamientos preliminares de la ministra?

R.- No es bueno que si quieres hablar de financiación autonómica no nos llames (no es verdad que se haya reunido con todos los consejeros, aclara), que no tengamos papeles que digas que vas a hacer la reforma en 2018 y al mes digas que no es una prioridad, que dejes pasar tres años y medio, que digas que no puedes hacer entregas a cuenta sin presupuestos y se demuestre que sí, que no tienes obligación de pagar el IVA (pendiente de 2017) y las sentencias digan que sí. Tampoco que niegues un Fondo Covid y luego se habilite o que se reconozca desde el Gobierno a Bruselas que hay gastos consolidados por Covid en Sanidad y Educación y te niegues a hacer un Fondo Covid para 2022 y te quedes con un 88% del déficit limitando la capacidad de las CCAA. hay que cumplir los consenso, si te saltas todas las reglas, eso no es democracia. La ministra debe hacer una profunda reflexión en relación a lo que dice y hace porque perjudica a la imagen de España. Hay otras vías para el acuerdo y el consenso.

P.- ¿Qué criterios deberían regir en la reforma?

R.- Parece lógico que se aplique el criterio de población ajustada que permite atender las necesidades de la España vaciada y determinados servicios que cuesta más prestar, ya que no es lo mismo un pueblo de Jaén de 200 habitantes o una ciudad como Marbella con población concentrada. Hay que tener en cuenta las personas y sus necesidades y valorar los costes reales de la prestación de servicios, hacer una tarifa que permitiese tener datos objetivos a la hora de tomar decisiones.

No es verdad que Montero se haya reunido con todas las comunidades. Hay que sentarse a dialogar y contemplar criterios como el de población ajustada y los costes de servicios, pero en el PP tenemos una oposición frontal a la posible bilateralidad en la negociación.

P.- Más allá de los trabajos de Hacienda, dentro de los partidos tampoco hay un consenso y se conforman bloques con distintos intereses por zonas geográficas, con independencia del signo político. El pasado sábado se reunieron los consejeros de Hacienda del PP, ¿han fijado un criterio unánime?

R.- Claro que hay diferencias, la realidad de Castilla y León como la comunidad con más territorio o Andalucía, la segunda pero con una diferencia enorme de habitantes, conlleva un incremento de costes que hay que reconocer, de ahí el criterio de población ajustada, No es fácil, hablamos de dinero, pero si no te sientas a hablar no abres debates generosos, sensatos, coherentes y respetando posiciones. Los criterios deben pasar por la población ajustada, teniendo en cuenta el incremento de costes que representa la dispersión, el envejecimiento y otras muchas variables, junto a los costes de los servicios o el índice de competitividad, entre otros. Hay que sentarse a reflexionar, por darle una patada hacia adelante no se va a arreglar, es necesario que Montero asuma su responsabilidad y hablar, ya que vale más un mal acuerdo que un mal juicio. De la comisión de consejeros de Hacienda del PP también se concluyó la oposición frontal a la bilateralidad de la negociación, ya que este dinero lo pagan los españoles.

P.- La ministra defiende a ultranza la armonización fiscal de impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones entre las regiones, pero ustedes se oponen ¿cómo evitarán ese aumento de impuestos tras la bajada acometida por el gobierno de Juanma Moreno?

R.-Defendiendo la autonomía y si hace falta ir a los tribunales. Ya se le ha ganado alguna vez el Reino de España por ejemplo en el IVA (pendiente de 2017).Ellos tienen una política de gastar mucho, da igual el déficit y todo solucionando cobrando mucho a los españoles, es respetable pero los españoles pueden decidir. Nosotros pensamos que se pueden bajar impuestos, no quitar, sino disminuirlos y controlar el gasto público. De 1996 a 2004 se crearon 5 millones de empleos y de 2012 a 2018 3,5 millones, al tiempo que en el primer periodo la recaudación casi se duplicó y en el segundo se logró una cifra récord de 208.000 millones. En Andalucía hemos quitado los impuestos de Sucesiones y donaciones, hemos rebajado IRPF, disminuido Transmisiones al 3,5% para la España vaciada para comprar una casa de hasta 150.000 en pueblos de hasta 3.000 habitantes y recaudamos 600 millones más en IRPF y hemos ganado 119.000 contribuyentes.

P.- El Gobierno dice defender su reforma fiscal desde su condición progresista para avanzar en redistribución y garantizar el Estado de bienestar…

R.- No es de derechas o izquierdas, es de buenos o malos gestores. En Portugal. gobierna la izquierda con algo parecido a lo que aquí es Unidas Podemos y baja los impuestos, el de transmisiones patrimoniales no llega al 6%, Macron en Francia ha anunciado un paquete fiscal de 100.000 millones y 25.000 son para bajada de impuestos y Draghi en Italia ha anunciado que. bajará todos los tributos. Ellos (Gobierno español) prometen subir a los ricos y es mentira porque no hay tanta gente e impuestos como el de hidrocarburos o plásticos lo acaban pagando todos los ciudadanos, al tiempo que otros nuevos como las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’ no están recaudando ni un 20%. Es más importante aumentar las bases y conseguir que haya más gente que pueda pagar impuestos. Ahora en Andalucía ya no hay 750 millones de sentencias, no hay tranvías parados y ejes ferroviarios a medio construir que costaron más de 650 millones, ni una inversión de 250 millones

El Gobierno tiene los avales del ICO y otros instrumentos, es el que tiene que trabajar para solucionar el problema de Abengoa

P.- En lo referido a Abengoa, ¿se ha hecho todo lo posible para garantizar la viabilidad de la compañía?

R.- Esta empresa tecnológica con sede en Andalucía ha sido un referente con un problema de gestión. Nos plantearon la posibilidad de apoyar con 20 millones en un proyecto de 500 millones, pero el procedimiento legal existente imposibilitaba recurrir a esa fórmula. El Gobierno quiso plantear la responsabilidad de las CCAA y no ha hecho ninguna aportación. Trabajamos con la compañía buscando la parte de viabilidad, desarrollo y había la posibilidad de llevar una proposición de ley al Parlamento de lectura única con todas las formaciones pero algunas vinculadas al Gobierno central no quisieron. En Abengoa tenemos limitación en todo el proceso. En los proyectos de I+D+i se han hecho pero es un problema, se está intentando arreglar en un proceso concursal de reestructuración analizando gastos, ingresos y buscando financiación. El Gobierno tiene los ICO y otras habilidades, es el que tiene que trabajar, le corresponde.

P.- La patronal y los sindicatos han firmado la paz social para el sector del Metal en Cádiz, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, advierte de que ese problema, principalmente salarial, se puede replicar en otros sectores…

R.- Los problemas que vienen generando tienen consecuencias a veces. Ellos no pagan ni solucionan. El acuerdo del Metal se suscribió en la Consejería de Empleo de la Junta como reconocimiento a la labor que había hecho la consejería, no como el Gobierno (central). Díaz debe plantearse las decisiones y los discursos que generan conflictos y problemas; tenemos que venir otros a solucionarlos. A modo de ejemplo, para cargarse el sector del diésel no hizo falta un impuesto o una ley, sino unas declaraciones de la ministra (de Transición Económica, Teresa Ribera), fechando el fin de esos coches. Tienen que ser conscientes, son ministros y estamos en sus manos, las decisiones que tomen y los comentarios tienen que estar suficientemente fundamentados y con máximo debate y análisis, no hacer eso genera situaciones que no son deseadas y lo pagan los jóvenes, los mayores y los desempleados.