Aagesen, bajo presión: del rescate de la Sepi a Plus Ultra a la trama de hidrocarburos
Transición Ecológica desmiente a la UCO y asegura no haber otorgado ningún trato de favor a Villafuel
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la primera reunión del Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en el apagón del 28 de abril de 2025
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La investigación de la Guardia Civil por el ‘caso Leire’ ha llegado hasta el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen. La ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno afronta sus días más difíciles desde que asumiera el cargo hace poco más de un año, tras la vinculación de su cartera a la trama de los hidrocarburos y la detención de los directivos de Plus Ultra. La aerolínea fue rescatada por la Sepi en 2021, cuando Aagesen pertenecía al consejo de administración de la sociedad estatal.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó el viernes en el Ministerio de Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Según explican fuentes ministeriales, los agentes acudieron para solicitar dos expedientes administrativos y no se trató de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información.
Desde la cartera que dirige Aagesen facilitaron «rápidamente y con total colaboración» la documentación requerida y aseguran que dichos expedientes aportados fueron tramitados «con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Las actuaciones de la Guardia Civil se enmarcan en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la que han sido arrestados esta misma semana Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, el socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Se dan también tras conocerse el informe de la UCO sobre la presunta organización criminal que urdieron empresarios como Víctor Aldama junto al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García, así como todo lo que rodea a la trama de los hidrocarburos.
«Confusión» con el actual director general de Política Energética y Minas
Los agentes ponen el foco en la autorización a la empresa Villafuel como operador mayorista de hidrocarburos (gas y petróleo), sin tener que justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios que se suelen exigir normativamente.
En su informe, al que ha tenido acceso este medio, la UCO asegura que Aldama logró el acuerdo para que Ábalos influyera, a través de Koldo, en favor de los intereses de Claudio Rivas, cabecilla de la organización.
Koldo habría mantenido contactos directos con distintos responsables ministeriales, incluido el que fuera jefe de gabinete de Transición Ecológica, Marc Isaac Pons, mientras que Aldama «intermedió con el actual director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández», siempre según el informe de la UCO.
Es en esta última intermediación donde hay mayor controversia, puesto que fuentes de Transición Ecológica aseguran que la UCO se equivoca de persona.
«Aldama remitió varios mensajes en marzo de 2021 a otra persona que comparte nombre y primer apellido con el alto cargo del ministerio, pero no segundo apellido», explican desde la cartera de Aagesen de acuerdo a las informaciones de los medios de comunicación en base al mencionado informe.
En esta línea, se refiere a que Aldama tiene guardado como contacto a la persona en cuestión como Manuel García Maroto. No obstante, la UCO precisa en el documento que «si bien el nombre de contacto guardado por Víctor de Aldama consta como Manuel García Maroto, se considera que podría corresponderse con un error, considerando plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general mencionado».
Es decir, la Guardia Civil atribuye el baile de nombres a un posible error de Aldama al guardar el contacto en su agenda, mientras que Transición Ecológica apunta a una equivocación de los agentes que investigan la trama y asegura que esa intermediación nunca tuvo lugar.
En cuanto al expediente de Villafuel, desde el ministerio de Aagesen aseguran que nunca ha otorgado trato de favor a ninguna empresa en la tramitación de sus expedientes y que, de hecho, este tardó en resolverse casi tres veces más que la media (600 días vs 230 días de media en los últimos cinco años).
Una tardanza que se dio, según el ministerio, por las «sucesivas peticiones de información y aclaraciones para verificar el cumplimiento de los requisitos, en dos procedimientos». En el primero fue inadmitida la solicitud de Villafuel y finalmente se cerró tras un recurso de la empresa que también fue rechazado.
«Villafuel inició un segundo procedimiento en julio de 2022, volviendo a presentar su solicitud, y esta vez sí acreditó los requisitos técnicos y financieros exigidos por la normativa, de modo que empezó a operar el 15 de septiembre de 2022″, explica Transición Ecológica.
El rescate a Plus Ultra
Paralelamente a la trama de los hidrocarburos, esta semana se han producido acontecimientos importantes en el caso Plus Ultra. El presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, han sido detenidos esta semana en el marco de una investigación por blanqueo de capitales con el dinero del rescate.
El caso está marcado por la controversia desde que la Sepi acordara en 2021 su rescate financiero con una inyección de 53 millones de euros al considerar a la empresa como estratégica para el país.
La Sepi es el vehículo inversor del Estado para entrar en empresas españolas estratégicas como Telefónica, Redeia o Enagás. El Gobierno, a través de esta sociedad, inyecta capital en compañías de diferentes sectores de las que suele recibir generosos dividendos cada año, además de protagonizar rescates económicos a empresas que cumplan una serie de características.
La vinculación de Aagesen a este caso no es otra que su presencia en el consejo de administración de la Sepi en aquella época, máximo organismo de la sociedad que terminó aprobando el rescate.
Aunque esta operación se investigó en la Audiencia Nacional tras las querellas presentadas por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, el PP y Vox, si bien terminó archivándose al considerar la jueza que «no aparece debidamente justificada la comisión de un delito».
Con las detenciones de los máximos responsables de la aerolínea por presuntos blanqueos de capitales en Venezuela, la sombra del caso vuelve a rodear a la Sepi y a los consejeros que aprobaron el rescate en 2021.
