El giro de Sánchez con Árqura (Sareb) priva de 3.000 viviendas a su plan social
El traspaso al Sepes se limitará a terrenos de Árqura, mientras Sareb mantiene la finalización de las promociones en curso
Montaje realizado por Economía Digital.
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Sareb no traspase a Sepes, la empresa pública de suelo, las promociones de vivienda ya en construcción de Árqura Homes, la promotora de la sociedad. La decisión supone dejar fuera del plan social unas 3.000 viviendas que se encuentran actualmente en distintas fases de ejecución.
Durante el proceso de negociación entre el Ministerio de Vivienda y la Sareb, fuentes cercanas al Sepes aseguraron a este medio que la nueva empresa pública de vivienda «se haría con todos los activos de Árqura«.
En la práctica, el traspaso al Sepes se limitará a terrenos residenciales y a suelos finalistas, mientras que Árqura mantendrá bajo su control las promociones iniciadas, con el compromiso de finalizarlas y entregarlas a los compradores que ya tienen contratos de compraventa o reservas firmadas.
«No tendría sentido interrumpir promociones en curso y trasladar compromisos adquiridos a otra entidad«, explican fuentes del mercado, que subrayan el riesgo de generar inseguridad jurídica en operaciones avanzadas.
Los datos de Sareb reflejan la magnitud del recorte al plan de vivienda social. Desde su creación, Árqura ha aprobado el desarrollo de 211 promociones con 12.939 viviendas.
De ellas, 146 promociones —equivalentes a 8.849 viviendas— han iniciado ya su construcción. A cierre de 2024, estaban terminadas 95 promociones, lo que equivale a 5.682 viviendas, mientras que 31 promociones (1.619 viviendas) concluyeron precisamente el pasado año.
Las cifras dejan en el aire unas 3.000 viviendas en fase de obra, que no formarán parte del traspaso al Sepes. Esas promociones en curso seguirán bajo la gestión de Árqura Homes, que asumirá la entrega final.
La promotora registró en 2024 unos ingresos de 414 millones de euros y ha lanzado al mercado 10.994 viviendas en 185 promociones, con una cobertura comercial del 61%.
En cuanto a entregas, Árqura suma 4.952 viviendas entregadas desde sus orígenes, 1.650 de ellas en 2024, el 33% del total. Aún restan 730 viviendas finalizadas pendientes de entrega, de las cuales 152 se encuentran en fase de legalización previa.
De esta manera, Sareb concluirá los proyectos ya iniciados y Sepes se encargará del desarrollo futuro sobre los suelos recibidos, entre ellos los vinculados al denominado Proyecto Viena, uno de los grandes paquetes residenciales de la sociedad. Según afirmó Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, el bloque de terrenos que se cederán asciende a unos 2.400, aunque no está definido si la totalidad se incorporará al plan social.
Almeida, crítico con la gestión de Árqura
La rectificación no ha tardado en generar críticas políticas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al Ejecutivo de «hipocresía» y de «engañar a los ciudadanos» con el problema de la vivienda. «No es cierto que Sareb iba a poner todas sus viviendas a disposición del Gobierno de España, sino que las siguen manteniendo en manos privadas y en mercado libre», ha reprochado.
El regidor madrileño comparó además la inversión en vivienda realizada por el Consistorio con la del Ejecutivo central: 857 millones de euros en seis años frente a apenas 19 millones procedentes del presupuesto estatal, según sus cifras.
El Gobierno ha querido simplificar el esquema de gestión: Sareb liquida los compromisos adquiridos y Sepes asume la promoción de nuevas viviendas. Sin embargo, la renuncia a integrar en el plan social las 3.000 viviendas en curso de Árqura resta impacto inmediato a una estrategia que se anunciaba como la mayor operación de vivienda asequible en décadas.
El giro introduce un matiz clave: el Ejecutivo mantiene la ambición de ampliar el parque público, pero lo hará a medio y largo plazo, con desarrollos futuros, mientras los proyectos ya avanzados se quedan bajo control privado. Una diferencia que puede marcar la eficacia del plan frente a la urgencia del acceso a la vivienda que sufren miles de familias.
