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El pleito entre CaixaBank y Lone Star por Coral Homes llega a su final con 167 millones en disputa
El tribunal internacional reconoce parcialmente las reclamaciones de Lone Star contra CaixaBank
Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank. EFE
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El prolongado arbitraje entre CaixaBank y el fondo estadounidense Lone Star por su alianza en Coral Homes llega a su fin con 167 millones de euros en disputa.
La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se inclina por una decisión «salomónica», según fuentes conocedoras del proceso consultadas por ECONOMÍA DIGITAL.
Ni CaixaBank ni Lone Star han querido hacer declaraciones oficiales sobre el contenido del laudo, amparándose en la confidencialidad habitual que rige los procesos arbitrales internacionales.
CaixaBank asegura en sus últimos resultados que la compensación no tendrá impacto material en las cuentas, habiendo provisionado prudentemente parte del riesgo a cierre del primer semestre de 2025.
En total, Coral Homes llegó a identificar activos por valor de 453 millones de euros con algún tipo de incidencia. A lo largo de los años siguientes, parte de estos inmuebles fueron dados de baja del balance, al no cumplir los criterios mínimos de comercialización.
El origen del conflicto se remonta a junio de 2018, cuando CaixaBank acordó con Lone Star la venta de una extensa cartera de activos adjudicados —procedentes en su mayoría de ejecuciones hipotecarias y créditos fallidos— junto con el 100% del capital de Servihabitat, su antigua filial de servicios inmobiliarios.
La operación, valorada en más de 7.000 millones de euros, supuso una de las mayores desinversiones de activos problemáticos realizadas por una entidad financiera española tras la crisis.
Para articular esta compleja transacción se creó la sociedad Coral Homes, en la que CaixaBank mantuvo una participación del 20%, y Lone Star, a través de la sociedad Coral Homes Holdco, asumió el 80% restante.
El diseño de gobernanza conjunta preveía también que Servihabitat continuara prestando servicios de gestión en exclusiva durante cinco años.
Como es habitual en operaciones de esta envergadura, el acuerdo incorporaba cláusulas de manifestaciones y garantías, en las que CaixaBank aseguraba que los activos transferidos cumplían con los requisitos técnicos, jurídicos y registrales necesarios para su correcta comercialización.
No obstante, en 2020, poco después de expirar el periodo de cobertura de estas garantías, Lone Star activó un procedimiento arbitral internacional, alegando el descubrimiento de numerosos activos con problemas legales o registrales que, según el fondo, comprometían su venta o aprovechamiento.
A cierre de 2024, 166,7 millones de euros permanecían bajo reclamación formal, cifra que ha centrado el objeto del laudo arbitral ahora resuelto.
El proceso arbitral ha sido uno de los más complejos y discretos en el ámbito financiero español. Además del elevado importe reclamado, el caso ha puesto sobre la mesa cuestiones sensibles sobre la calidad de los activos heredados de la crisis y el papel de las cláusulas contractuales en operaciones de desinversión masiva.
CaixaBank defendió en todo momento que los activos fueron transferidos en conformidad con lo pactado, y que cualquier problema posterior estaba fuera de su ámbito de responsabilidad.
Lone Star, en cambio, sostenía que el banco había incumplido garantías clave, al incluir inmuebles cuya situación jurídica les hacía invendibles o inservibles, como suelos sin registrar, viviendas con ocupaciones o problemas urbanísticos.
CaixaBank cierra su desinversión inmobiliaria en Coral
Con el fin del arbitraje, el banco presidido por Tomás Muniesa cierra uno de los últimos flecos jurídicos derivados de su desinversión inmobiliaria, en un momento en que el foco estratégico está puesto en reforzar rentabilidad y eficiencia operativa.
Para Lone Star, el cierre del arbitraje también permitirá pasar página y reorientar su posición en el mercado español, tras un periodo marcado por la litigiosidad y la incertidumbre.
Más allá del caso concreto, este arbitraje refleja la madurez jurídica del sector financiero español y el creciente papel de las instituciones arbitrales internacionales como vía eficaz para resolver disputas complejas, evitando los largos y costosos procesos judiciales.
