Actualizado
Culmia y Asprima lanzan un SOS: «España se quedará atrás en la carrera por resolver la crisis de vivienda»
El sector privado advierte que sin medidas excepcionales y consenso político entre administraciones, el país perderá el tren europeo de los fondos de cohesión
Mesa redonda en la XII IESE Real Estate.
La industria inmobiliaria ha lanzado un mensaje de alarma: España corre el riesgo de quedarse rezagada en la solución de su crisis de vivienda si las administraciones no se atreven a tomar medidas extraordinarias. El aviso llegó de la mano de Francisco Pérez, CEO de Culmia, y Carolina Roca, presidenta de Asprima, en el XII IESE Real Estate, organizado junto a Savills y Accumin, que dejó al descubierto la enorme brecha entre las declaraciones políticas y la realidad sobre el terreno.
«Estamos en una situación de que si no espabilamos nos van a pasar por encima«, advirtió Pérez sin ambages. El directivo de Culmia fue contundente al señalar dónde está el problema: «El sector privado se espabilará. Es la Administración la que tiene que proponer cosas distintas».
Y puso ejemplos concretos: revisar el uso del suelo de equipamientos, aumentar la edificabilidad y, sobre todo, «atreverse a hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora».
El mensaje de Pérez fue claro: «Cambiad las viviendas, aumentad la edificabilidad. Hay que atreverse a hacer las cosas. Estamos en un reto«. Un reto que, según dejó entrever, el sector público no está afrontando con la urgencia necesaria.
Carolina Roca compartió el diagnóstico de emergencia pero añadió un elemento crucial: la descoordinación entre administraciones está lastrando incluso las iniciativas más prometedoras. Aunque mostró esperanzas en los fondos de cohesión europeos —que desde 2028 permitirán a cada Estado destinar recursos a vivienda o defensa—, lanzó una advertencia: «Tenemos el reto de que estos fondos de verdad se utilicen«.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destina 7.000 millones de euros, de los cuales 2.800 millones irán a subvenciones para construir viviendas asequibles. Pero las cifras, por sí solas, no garantizan resultados.
Roca denunció que las medidas pioneras de la Comunidad de Madrid —cambios de uso, licencias de urgencia, aceleradora urbanística— están chocando contra un muro: la resistencia municipal.
«Hay ayuntamientos que no han querido implementar el cambio de usos», ha explicado la presidenta. «Además, solo Madrid y Pozuelo, y en breve Brunete, van a implementar de urgencia las licencias», lamentó la representante de Asprima. Una fragmentación que, a su juicio, condena al fracaso cualquier estrategia regional.
Culmia y Asprima apuestan por competencias excepcionales
Para Roca, el problema de fondo es que «no vale con que una comunidad autónoma sea valiente». Lo que hace falta, reclamó, es «que desde arriba haya un consenso absoluto» y que, dado el carácter de emergencia social de la crisis de vivienda, «determinadas cuestiones como las competencias en materias de urbanismo sean tomadas desde un punto de vista excepcional».
En otras palabras: la situación requiere una intervención coordinada y extraordinaria que vaya más allá de las competencias autonómicas y municipales habituales. Sin esa valentía política, advirtió, los retrasos burocráticos seguirán retrasando «la voluntad de poner más oferta en el mercado«.
Madrid tiene suelo para 200.000 nuevas viviendas y se está trabajando en densificar la ciudad. El posicionamiento internacional de la capital, que ha contribuido a la subida de precios, requerirá un proceso de estabilización de varios años. Pero los ponentes coincidieron en un punto esperanzador: hay consenso en aumentar la oferta, liberar suelo, impulsar la colaboración público-privada y reducir la burocracia.
Sin embargo, el problema ha dejado de ser una cuestión de sectores vulnerables. «Impacta a los jóvenes y a las clases medias», subrayaron los expertos, en referencia a un fenómeno que ya afecta al núcleo de la sociedad española.
El mensaje final fue unánime: en el corto plazo, hay que ponerse de acuerdo. Las herramientas existen, la voluntad —al menos retórica— también. Pero sin coordinación real, sin medidas extraordinarias y sin atreverse a romper inercias, España contemplará desde la barrera cómo otros países europeos avanzan en la solución de un problema que aquí sigue enquistado.