Ferrovial ingresa 51 millones gracias a una victoria de Hacienda en Europa, un año después de salir a EE UU
El TJUE avala las deducciones fiscales por compras indirectas en el extranjero y permite a Ferrovial recuperar 51 millones
Ferrovial continua en su senda de éxito
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Ferrovial se anota un ingreso extraordinario de 51 millones de euros, resultado de una histórica victoria fiscal de España ante las instituciones europeas, un año después de la marcha de la constructora a Estados Unidos. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), favorable al régimen español de deducciones fiscales por compras indirectas, ha permitido a la compañía recuperar millones en concepto de amortizaciones no aceptadas previamente por Bruselas.
La cifra se desglosa en dos partidas: 45 millones de euros correspondientes a ejercicios fiscales entre 2006 y 2021 y otros seis millones derivados de los intereses de demora.
Este impacto positivo proviene de la amortización fiscal del fondo de comercio financiero vinculado a las adquisiciones internacionales realizadas por Ferrovial a través de filiales, concretamente Amey (Reino Unido) y Swissport (Suiza).
La disputa jurídica se remonta a más de una década. En 2014, la Comisión Europea dictó una decisión (conocida como la «Tercera Decisión») que consideraba ilegales las deducciones fiscales aplicadas por España en casos de adquisiciones indirectas de participaciones extranjeras, calificándolas de ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior.
Esto obligaba a empresas como Ferrovial a devolver los beneficios fiscales percibidos.
Sin embargo, Ferrovial —junto a otras compañías españolas y el propio Estado— presentó recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, que en septiembre de 2023 falló en su favor y anuló la resolución de la Comisión. La Comisión, en respuesta, llevó el caso ante el TJUE, que dictó sentencia definitiva el pasado 26 de junio de 2025.
El fallo del TJUE rechaza los argumentos de Bruselas y da plena validez al régimen fiscal español. El tribunal recuerda que las decisiones iniciales de la Comisión (las de 2009 y 2011) ya reconocían la posibilidad de mantener las deducciones en determinados casos, tanto para adquisiciones directas como indirectas.
Es precisamente esa mención expresa a ambos tipos de operaciones lo que permite al TJUE concluir que el principio de confianza legítima protege a las empresas que aplicaron esas deducciones basándose en las condiciones originales del régimen.
El tribunal añade que el principio de seguridad jurídica impide a la Comisión reinterpretar la legalidad del régimen años después de su implementación y tras haber permitido su aplicación durante un tiempo. De este modo, se zanja una controversia legal de largo recorrido con implicaciones multimillonarias para varias compañías del Ibex 35.
Aunque el caso ha beneficiado a numerosas empresas, Ferrovial es una de las grandes ganadoras por el volumen de las operaciones afectadas y la duración del conflicto tributario. En el caso de las compras de Amey y Swissport, las amortizaciones no reconocidas por Hacienda durante años ahora se consideran plenamente válidas, lo que permite a la compañía recuperar lo aportado y mejorar sus cuentas semestrales.
La sentencia también representa un espaldarazo a la interpretación que hizo el propio Ministerio de Hacienda en 2012, cuando flexibilizó la aplicación del régimen a través de sociedades holding no residentes, a la espera de una resolución judicial definitiva. Esta interpretación fue precisamente la que Bruselas intentó invalidar en su Tercera Decisión, ahora anulada.
Ferrovial y Hacienda le ganan la batalla a la UE
En resumen, el TJUE ha blindado el uso de estas deducciones bajo el principio de confianza legítima, devolviendo a Ferrovial —y a otras grandes empresas españolas— un importante margen fiscal que habían perdido tras años de incertidumbre normativa. Para Ferrovial, la sentencia no solo supone un ingreso, sino también la reivindicación de su estrategia legal frente a la Comisión.
Este resultado refuerza la posición de las multinacionales españolas que, durante años, defendieron la legalidad del régimen introducido por España en 2002. Aunque el conflicto parecía cerrado en 2014 con la resolución de Bruselas, la batalla judicial ha acabado decantándose por los intereses nacionales, en lo que ya se considera uno de los principales reveses jurídicos para la Comisión en materia de ayudas de Estado.
Con esta victoria, Ferrovial cierra un capítulo incierto y refuerza su balance con 51 millones adicionales, un ejemplo del impacto que pueden tener las sentencias europeas en la fiscalidad empresarial y la seguridad jurídica en el seno del mercado común.
