El fiasco de la empresa BeDisruptive: una quiebra que golpea al Ministerio de Economía con 12 millones perdidos
El colapso de la empresa de ciberseguridad salpica a las arcas públicas, con deudas millonarias con el Estado y más de 300 acreedores afectados
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La caída de BeDisruptive se ha convertido en uno de los mayores fiascos empresariales recientes en el sector tecnológico español. La compañía, que hace apenas un año se presentaba como un referente en ciberseguridad y transformación digital, ha dejado tras su quiebra un agujero de 11,8 millones de euros en las cuentas del Ministerio de Economía y de la Agencia Tributaria.
El informe concursal, al que han tenido acceso fuentes judiciales, detalla que la deuda total de la firma supera los 124 millones de euros y que más de 300 empresas y particulares figuran entre los acreedores. El caso, que ya se analiza en los juzgados mercantiles de Madrid, pone de relieve los riesgos de un crecimiento acelerado sin respaldo financiero real en un sector de alta competencia como el de la ciberseguridad.
De la promesa tecnológica al colapso financiero
BeDisruptive nació con un discurso ambicioso: convertirse en la “boutique de ciberseguridad” de referencia en España y Europa. Con un posicionamiento orientado a las grandes corporaciones y organismos públicos, la empresa apostó por una imagen moderna, una fuerte inversión en marketing y una estrategia de expansión que resultó insostenible.
En su primera etapa, la compañía logró captar la atención del sector al incorporar nombres de peso a su dirección. En 2023 nombró a Xabier Mitxelena —cofundador de Panda Security— como director general, y poco después sumó a Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid, como responsable global de Relaciones Institucionales. Ambos fichajes buscaban reforzar la credibilidad y la proyección pública de la marca.
Sin embargo, la realidad financiera avanzaba en dirección opuesta a la imagen de éxito. Fuentes del sector aseguran que ya a mediados de 2024 se detectaban tensiones de tesorería, retrasos en los pagos y conflictos con proveedores. En verano de ese año, los impagos a trabajadores y el cierre de oficinas evidenciaron que el proyecto estaba al borde del colapso.
Un agujero millonario en las arcas públicas
El impacto de la quiebra no se limita al ámbito privado. La deuda de BeDisruptive con la Administración alcanza casi los 12 millones de euros, repartidos entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Tributaria.
En el caso de Hacienda, el concurso recoge una deuda principal de 2,93 millones de euros con la sede central de la Agencia Tributaria, además de otro impago de casi 7.000 euros correspondientes a la delegación de Madrid.
El mayor golpe, sin embargo, lo sufre el Ministerio de Economía, que reclama 8,97 millones de euros en compromisos pendientes. La suma total, 11,8 millones de euros, constituye uno de los mayores agujeros causados por una empresa tecnológica en las cuentas públicas recientes.
Fuentes cercanas al proceso señalan que parte de esa deuda corresponde a ayudas y programas de digitalización vinculados a proyectos europeos, lo que podría obligar al Estado a revisar fondos ya comprometidos o justificar su pérdida ante Bruselas.
Bancos y fondos, entre los principales damnificados
Además del Estado, el impacto sobre la banca es devastador. BeDisruptive acumulaba una deuda financiera de 40 millones de euros, distribuida entre los principales bancos del país.
Según la documentación concursal, Banco Santander es el principal acreedor privado, con 11,4 millones de euros, seguido de CaixaBank (11,1 millones) y Banc Sabadell Desarrollo d’Inversió (9,3 millones). A ellos se suman Banco Sabadell (6,4 millones), BBVA (5,4 millones) y otras entidades como Cajamar y Bankinter, que en conjunto reclaman alrededor de 5 millones adicionales.
El colapso de la compañía ha dejado en el aire decenas de proyectos de ciberseguridad contratados con grandes corporaciones y organismos públicos. Algunas fuentes apuntan que la empresa había comprometido servicios a futuro que nunca llegaron a ejecutarse, agravando aún más la brecha financiera.
Un modelo de negocio basado en la imagen
La historia de BeDisruptive es un ejemplo de cómo una estrategia de marca agresiva puede encubrir debilidades estructurales profundas. Con oficinas en Madrid, Roma y Ciudad de México, la empresa presumía de una expansión internacional y de clientes en sectores sensibles como la banca o la administración pública.
Sin embargo, detrás del discurso de “innovación y talento disruptivo” se escondía una estructura interna frágil y un exceso de gasto operativo. Los informes preliminares del administrador concursal apuntan a problemas en la gestión de liquidez y en el control de costes, así como a una dependencia excesiva de financiación externa.
Incluso algunos de sus antiguos empleados han denunciado falta de transparencia en la gestión de fondos y decisiones empresariales poco realistas, como la apertura simultánea de filiales sin respaldo suficiente de ingresos.
Una sombra sobre el ecosistema tecnológico español
La quiebra de BeDisruptive llega en un momento delicado para el sector tecnológico español, en plena expansión del mercado de la ciberseguridad y con importantes inversiones públicas en digitalización. Su caída deja un precedente incómodo para las autoridades, que habían impulsado ayudas y programas de innovación en los que la compañía participaba.
Fuentes cercanas al Ministerio de Economía reconocen que el caso ha encendido las alarmas sobre los mecanismos de control de solvencia en empresas receptoras de fondos públicos. “Es una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar la supervisión previa y posterior a la concesión de ayudas”, admiten.
Hoy, BeDisruptive es un símbolo de las luces y sombras del emprendimiento tecnológico español. Lo que comenzó como un proyecto ilusionante —con un discurso centrado en la ciberseguridad y la digitalización responsable— ha terminado convertido en un caso judicial que afectará a cientos de empresas, bancos y organismos públicos.
La cifra total de su deuda, superior a 124 millones de euros, deja poco margen para la recuperación. El concurso de acreedores continúa abierto, aunque los expertos coinciden en que el proceso de liquidación será largo y con escasas posibilidades de cobro para la mayoría de los afectados.
Mientras tanto, el Estado intenta calcular el impacto real de los casi 12 millones de euros perdidos y el sector tecnológico mira con cautela hacia el futuro, consciente de que la confianza —en un mercado basado en la seguridad— es más difícil de reconstruir que cualquier sistema informático.
