Salvador Illa mete a Acciona en la reforma de la estación de Sants tras el anuncio de Sánchez de una «lista negra»
La adjudicación a Acciona en la reforma de Plaza de Sants tensiona al Gobierno tras el anuncio de una lista negra anticorrupción
Infraestructuras de Cataluña licita la reforma de la estación de Plaza de Sants.
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En una jugada que levanta serias preguntas sobre la coherencia entre el discurso político y la práctica institucional, Acciona ha sido autorizada a participar en la reforma de la estación de Plaza de Sants en Barcelona. La decisión llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la creación de una «lista negra» de empresas condenadas por prácticas corruptas para excluirlas de licitaciones públicas.
El contraste no puede ser más llamativo. La adjudicación del contrato, publicada por Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, organismo dependiente del Govern, presidido por el socialista Salvador Illa, permite a Acciona concurrir en la licitación para ejecutar obras de mejora en accesibilidad y evacuación en la línea 5 del intercambiador de Plaza de Sants, con un presupuesto estimado de 13 millones de euros.
El movimiento llega en pleno desarrollo del llamado caso Cerdán, una investigación de la UCO de la Guardia Civil que ha salpicado a los dos últimos secretarios de organización del PSOE por presuntas tramas de corrupción. Entre las empresas señaladas por los investigadores figura Acciona, relacionada con supuestos pagos de comisiones ilegales y favores políticos en procesos de contratación pública.
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, se ha apresurado a despegar a la compañía de la trama durante la última junta de accionistas. Entrecanales ha subrayado que ni él ni ningún otro miembro de la familia conoce a Santos Cerdán o Koldo García, y ha responsabilizado exclusivamente a un exempleado, Fernando Merino, despedido en 2021.
Aunque la compañía no ha sido formalmente imputada, su nombre aparece en informes reservados que obran en manos de la justicia. Esto pone en cuestión la oportunidad, y la coherencia institucional, de permitirle acceder a nuevas obras financiadas con dinero público, especialmente en un momento de máxima sensibilidad social y política respecto a la transparencia.
«Si queremos acabar con la corrupción, debemos perseguir tanto al corrupto como al corruptor«, dijo Sánchez el pasado miércoles desde la tribuna del Congreso.
En su comparecencia, el presidente anunció un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, calificado como «ambicioso, realista y honesto», en el que se contempla la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, el uso de inteligencia artificial para detectar fraudes en licitaciones y la exigencia de sistemas de compliance a todas las empresas contratistas.
El anuncio de una «lista negra» de empresas corruptoras parecía marcar un antes y un después. Sin embargo, apenas cinco días más tarde, una empresa bajo investigación por presuntas mordidas accede a un contrato público de casi 14 millones de euros, licitado por una administración autonómica gestionada por el mismo partido que preside el Ejecutivo central.
Los socios de Sánchez, contra Acciona
Los socios de investidura de Pedro Sánchez no ocultan su incomodidad. Mientras el presidente promete una cruzada contra la corrupción y anuncia una «lista negra» de empresas corruptoras, administraciones controladas por su propio partido siguen adjudicando contratos a compañías bajo sospecha.
Sumar y ERC, dos de los pilares parlamentarios del Gobierno, han sido especialmente contundentes. El ministro Pablo Bustinduy (Sumar) ha advertido que «quien incumpla, lo va a pagar», y ha exigido excluir a cualquier empresa salpicada por escándalos de las contrataciones públicas.
Gabriel Rufián, desde ERC, ha pedido «inhabilitaciones de por vida» para las «corruptoras». Pese a ello, la realidad de las licitaciones parece inalterable.
El caso de Acciona en Plaza de Sants resume las fisuras entre el discurso y la práctica institucional. Mientras Sánchez proclama tolerancia cero a la corrupción y sus socios exigen sanciones ejemplares, la realidad administrativa permite que empresas bajo sospecha sigan optando a millones en obra pública.
