MasOrange no se conforma con la adjudicación a Telefónica: recurrirán la decisión
Desde la operadora subrayan que su propuesta obtuvo “la mejor valoración técnica y económica”,
Archivo – Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España).
Comentarios
El reciente conflicto en torno al contrato público de ciberseguridad para la Administración General del Estado ha situado a MasOrange y Telefónica en el epicentro de la pugna empresarial y regulatoria más relevante del sector TIC en 2025.
La anulación de la adjudicación a MasOrange, tras el recurso presentado por Telefónica, y la consiguiente impugnación por parte de la operadora liderada por Meinrad Spenger, han abierto una batalla legal y política que implica a la administración, grandes proveedores tecnológicos y la estrategia digital del Estado.
El llamado Lote 3 del concurso CORA III agrupa los servicios centrales de conectividad, ciberseguridad e Internet de más de 100 organismos públicos de la Administración central. Valorada inicialmente en 103,9 millones de euros (adjudicada finalmente por 55,2 millones sin IVA), su importancia es doble: es el mayor contrato público de ciberseguridad a nivel nacional y condiciona los estándares de protección digital de las instituciones estatales para los próximos cinco años.
MasOrange, ganó inicialmente la adjudicación gracias a una oferta económica 8 millones por debajo de Telefónica y la máxima puntuación técnica, superando incluso a la operadora históricamente hegemónica en estos servicios.
Sin embargo, Telefónica impugnó el proceso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), alegando la falta de plan de igualdad en Mnemo, lo que supone un requisito legal para todos los licitadores.
El recurso fue estimado y el Ministerio para la Transformación Digital anuló la adjudicación a MasOrange, otorgando la gestión a Telefónica e Indra, actuales operadores, mientras se resuelve el contencioso.
MasOrange: argumentos
MasOrange niega haber incumplido los criterios de igualdad y defiende que cualquier eventual defecto formal ha sido subsanado en plazo, apelando al principio europeo de “self cleaning” (auto corrección). Desde la operadora subrayan que su propuesta obtuvo “la mejor valoración técnica y económica”, y denuncian que la decisión es desproporcionada y contraria a la doctrina comunitaria, pues prioriza formalismos sobre la competencia y la eficiencia en los servicios críticos al Estado.
En paralelo, la polémica emerge en torno al papel del Estado en la «intrusión» sectorial. El Gobierno entró en el capital de Telefónica en mayo de 2024, justificando la operación con el argumento de preservar la soberanía digital e impulsar una empresa nacional líder en servicios estratégicos para las instituciones públicas.
La exclusión de MasOrange y el regreso de Telefónica al centro del esquema refuerzan la apertura de un debate sobre la libertad de competencia, la transparencia y la seguridad jurídica en las megacontrataciones tecnológicas
El resultado de la impugnación aún no es definitivo: MasOrange ha iniciado acciones legales para revertir la exclusión y sostiene que la resolución “no cuestiona la calidad de la oferta”, mientras Telefónica mantiene que el respeto a la legislación vigente obliga a excluir cualquier candidatura que incumpla exigencias formales.
De fondo, se advierte el impacto que esta pugna puede tener sobre otros lotes del CORA III, valorados en más de 340 millones, que ya han dividido entre MasOrange, Telefónica y Evolutio en los segmentos de comunicaciones de voz, datos nacionales e internacionales.
