Miles de españoles afectados por la quiebra de esta importante aseguradora
Cientos de inversores exploran la vía judicial mientras las autoridades europeas enfrentan críticas por su falta de control efectivo
Foto: Freepik
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Un nuevo escándalo financiero sacude a miles de familias españolas, tras conocerse la quiebra de la aseguradora FWU Life Insurance Lux S.A., con sede en Luxemburgo. Esta compañía, especializada en productos híbridos de seguro de vida e inversión, ha cesado su actividad dejando en el limbo a cerca de 40.000 personas en España, según estimaciones de fuentes del sector financiero.
Una intervención que destapó la crisis
La debacle comenzó cuando el supervisor financiero de Luxemburgo intervino la aseguradora al detectar graves irregularidades en su solvencia. En concreto, FWU no cumplía con los requisitos mínimos de capital exigidos para seguir operando, lo que motivó la suspensión inmediata de su actividad el pasado 31 de enero. Desde entonces, los afectados han visto cómo sus aportaciones quedaban congeladas y sin garantía de devolución a corto plazo.
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo dependiente del Ministerio de Economía español, fue la encargada de confirmar oficialmente la situación. La aseguradora operaba en España a través de una sucursal y ofrecía productos que combinaban cobertura de vida y rentabilidad financiera, lo que atrajo a muchos consumidores que ahora se sienten engañados.
El 23 de enero de 2025 quedó suspendido el cobro de primas a los asegurados, un paso que marca el inicio de un largo proceso de liquidación. La justicia luxemburguesa ha designado al abogado Yann Baden como liquidador, quien tendrá hasta el 31 de julio de 2025 para comunicar a los clientes el importe que podrían recuperar.
No obstante, desde el organismo supervisor español ya se ha advertido que la liquidación podría prolongarse hasta enero de 2028, y durante este tiempo no se abonarán intereses a los clientes, lo que agrava aún más el perjuicio económico para quienes habían depositado sus ahorros con expectativas de rentabilidad a medio y largo plazo.
Las asociaciones de consumidores, en pie de guerra
Organizaciones de defensa de los consumidores como Adicae y Asufin han dado la voz de alarma ante la magnitud del problema. Según Adicae, se trata de “decenas de miles de afectados que ahora viven en la incertidumbre sobre si podrán recuperar el capital invertido”.
Por su parte, Asufin ha recordado que ya existe jurisprudencia favorable para algunos clientes, como demuestra una sentencia del 25 de septiembre de 2024, en la que se declaró nula la contratación de tres productos unit-linked por haber sido comercializados sin el debido asesoramiento ni transparencia. En este caso, la comercializadora fue OVB Allfinanz, una firma con sede en Zaragoza que actuó como intermediaria para FWU en España.
La vía judicial: única esperanza para muchos afectados
Ante el panorama actual, las asociaciones de consumidores están animando a los clientes a explorar la vía judicial, especialmente si fueron mal informados sobre la naturaleza y los riesgos de los productos contratados. La sentencia de 2024 podría sentar precedente para futuras reclamaciones colectivas contra OVB y otras entidades que hayan actuado como distribuidoras sin seguir los protocolos legales de protección al consumidor.
Muchos afectados aseguran haberse sentido presionados para firmar contratos complejos, sin una evaluación real de su perfil inversor ni advertencias sobre la posible falta de liquidez de estos productos en caso de quiebra de la aseguradora.
Un caso que revela fallos en la supervisión transfronteriza
Más allá del drama personal y financiero de miles de españoles, el caso FWU también pone en evidencia la debilidad del sistema de supervisión transfronteriza en la Unión Europea. Aunque las aseguradoras están sujetas a normas comunes, las garantías reales que protegen al consumidor siguen dependiendo del país de origen de la entidad. En este caso, la legislación luxemburguesa rige el proceso, lo que complica aún más las posibles reclamaciones desde España.
Los expertos advierten que este caso debería servir de lección, tanto para los reguladores como para los consumidores, sobre la necesidad de mayor transparencia, supervisión efectiva y educación financiera a la hora de contratar productos que implican riesgos significativos.
Miles de familias españolas siguen esperando respuestas, sin saber cuánto de su dinero podrán recuperar ni cuándo. Mientras tanto, la confianza en ciertos productos financieros se tambalea, y los tribunales podrían convertirse en el próximo campo de batalla para lograr justicia.
