La juez da la razón a Oughourlian: los acreedores de Prisa no quieren un nuevo canal de televisión
La Juez dice que los acreedores de Prisa no aprobaban la creación de un nuevo canal de televisión y da la razón al presidente del grupo, Joseph Oughourlian.
El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian. Foto Isabel Infantes / Europa Press
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El Juzgado Mercantil número 18 de Madrid ha desestimado la petición de medidas cautelares solicitadas por Andrés Varela Entrecanales y su sociedad Global Alconaba contra la refinanciación de Prisa acordada con el fondo estadounidense Pimco, dando la razón al presidente de la compañía, Joseph Oughourlian.
«La refinanciación propuesta no era tempestiva, y responde a una necesidad razonable de la sociedad«, concluye la magistrada Lucía Martínez Orejas, en un auto fechado hoy lunes 5 de mayo, consultado por este diario.
Entrecanales Varela, primo del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, posee el 7% de Prisa a través de su firma Global Alconaba. El empresario forma parte del grupo de accionistas y directivos del grupo dueño de El País que ha echado un pulso al presidente y primer accionista de la compañía, considerados cercanos a Moncloa y a José Luis Rodríguez Zapatero.
La jueza destaca que los acreedores de Prisa «estaban en claro desacuerdo» con la apertura de un nuevo canal de televisión
El accionista de Prisa solicitó al Juzgado que suspendiera el acuerdo de refinanciación de Prisa, aprobado por el consejo de administración del grupo el pasado 25 de marzo, en lo relativo a las cláusulas sobre «el condicionamiento de la vigencia del acuerdo de refinanciación a la permanencia material del primer accionista de la compañía al frente de la presidencia del Consejo de Administración».
La tensión en la multinacional española de medios y educación estalló hace un mes con la destitución del consejero José Miguel Contreras, próximo al Gobierno de Pedro Sánchez y responsable de medios audiovisuales del grupo creado por Jesús Polanco.
El empeño de este y otros accionistas en montar una nueva televisión, en contra del criterio de Oughourlian, fue el detonante del encontronazo, que se saldó también con la salida de Carlos Núñez, jefe de la división Prisa Media.
En su demanda contra Prisa por el acuerdo de refinanciación, Entrecanales Varela alegaba la existencia de abuso de derecho, al impedir el mismo la separación del cargo de Oughourlian «incluso se se percibiera un desempeño defectuoso del mismo«.
El accionista de Prisa también denunciaba «la infracción del deber de lealtad del Presidente, quien participó en las negociaciones beneficiándose de la transacción».
«El ánimo del Presidente del Consejo, por aferrarse al cargo tan fervientemente durante el período de la refinanciación (…)», supone un riesgo para Prisa, llegaba a afirmar Entrecanales Varela en su demanda.
La Jueza rechaza todos los argumentos de Entrecanales Varela. «El acuerdo que se impugna en la demanda principal, supone la aprobación de las bases para formalizar una refinanciación con los actuales inversores (…)», señala.
«Tanto consejeros como socios de Prisa tienen derecho de evaluar las funciones del ahora Presidente del Consejo, y exigir responsabilidades y su cese en consecuencia», indica la magistrada. «Externamente, sin embargo, confiere a los acreedores el derecho a interpretar el cambio como un riesgo que les faculta al vencimiento anticipado de los nuevos términos de la refinanciación», añade.
«(…) no se advierte el riesgo de mora aducido de contrario, pues el control societario puede operar con normalidad respecto a la figura del Presidente (…)», señala. «Paralizar la oportunidad actual de refinanciación no puede sustentarse en un riesgo de mora que no se ha acreditado suficientemente», afirma.
Sobre la polémica de la creación de la nueva televisión, el auto de la jueza destaca que los acreedores de Prisa «estaban en claro desacuerdo con la apertura de la nueva línea de negocio propuesta«.
Todo ello, concluye, justifica «que la refinanciación propuesta no era tempestiva, y responde a una necesidad razonable de la sociedad».
«Lo anterior», añade, «siempre indiciariamente», impide a su vez «considerar la concurrencia de interés espurio por parte del Presidente del Consejo, sin que se haya esbozado el más mínimo argumento que justifique por qué iba a interesar a los prestamistas que les fueran impuestas dichas condiciones al pactar el aplazamiento del cobro de su crédito».
La Jueza también descarta que todo obedezca «a un conflicto de interés patrimonial, es decir, que el interés personal del Presidente en mantener su posición sea mayor que el bienestar de la compañía. Al contrario (…) todo apunta al fairness o razonabilidad de la refinanciación que se pretende aprobar».
