Telefónica, única teleco que acude sin Huawei al megacontrato de la Generalitat de Illa de 130 millones
La presión de EEUU y Bruselas pone a las administraciones españolas en una difícil posición, pese a no existir un veto formal
Marc Murtra, presidente de Telefónica.
Comentarios
La Generalitat de Cataluña ha sacado a concurso uno de los mayores contratos para telecomunicaciones de los últimos años por valor de 127 millones y marcado por la polémica. El Govern liderado por Salvador Illa deberá elegir entre cuatro ofertas, de las cuáles tres de ellas cuentan con Huawei como proveedor de equipos. Telefónica toma ventaja en la puja al ser la única teleco con un proveedor diferente a la multinacional china, en el foco de Estados Unidos y la Unión Europea.
Tras un verano agitado por diferentes procesos de contratación pública en España en los que ha estado presente el gigante tecnológico chino, una nueva licitación acecha ahora a la Administración catalana.
La compañía que preside Marc Murtra ha acudido a la licitación a través de una unión temporal de empresas (UTE) con la torrera Cellnex y lleva como proveedor fundamental de los equipos y sistemas a Nokia.
Se trata de la única opción que opta al megacontrato sin tener a Huawei como proveedor de equipos, según ha podido confirmar ECONOMÍA DIGITAL de fuentes conocedoras del proceso de contratación.
En la pugna por hacerse con este contrato también se encuentran la UTE de Vodafone España, SAU y Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Masorange en asociación con la teleco catalana Parlem y la unión de la tecnológica Sirt -sin licencia de telecomunicaciones- con Connecta, todas ellas de la mano de la multinacional china.
Aunque no hay plazos fijados para que la Generalitat adjudique el contrato, la decisión se ha ido postergando en en el tiempo más de lo habitual sin conocerse aún el ganador, según apuntan las mismas fuentes.
El acuerdo marco para los servicios corporativos de conectividad (XCAT Connecta) contempla un período de cuatro años sin posibilidad de prórroga. El valor total del contrato, sacado a licitación el pasado junio, asciende a 127.180.998,65 euros, IVA incluido.
Con este importante contrato, la Generalitat pretende conectar con fibra óptica unas 5.400 sedes públicas, que van desde sedes judiciales y comisarías de los Mossos d’Escuadra hasta cuarteles de bomberos, servicios de emergencias, hospitales y centros educativos, tal y como adelantó Expansión.
La nueva red de fibra que despliegue el ganador prevé sustituir a la que ya desplegó en su día Telefónica, que presta servicio actualmente a más de 5.000 inmuebles de la Generalitat.
La polémica con Huawei y el doble juego del Gobierno
La polémica viene de lejos, concretamente del año 2023. Por aquel entonces Bruselas advirtió a los Estados miembro de que la empresa china, así como su homóloga del mismo país, ZTE, eran proveedores peligrosos para la seguridad nacional.
A diferencia de España, países como Alemania, Suecia, Estonia, Lituania, Reino Unido, Rumanía y Dinamarca sí han tomado medidas en este aspecto creando listas donde incluyen a Huawei entre sus proveedores de riesgo.
Por su parte, Estados Unidos también impuso restricciones comerciales a Huawei por el mismo motivo, que se han intensificado en los últimos meses de la mano de la política comercial de Donald Trump.
Las tensiones geopolíticas han desembocado en una presión más intensa del país norteamericano y de Bruselas hacia España, especialmente tras diferentes casos que han causado controversia este verano.
Uno de ellos ha afectado directamente a Telefónica, con la supuesta cancelación de un contrato de casi 10 millones con la Administración por usar equipos de nueva generación de empresa china.
En este caso, la teleco iba a a prestar servicios a la RedIRIS, una red de fibra óptica de alta capacidad que da servicio a unos 500 centros académicos y científicos de todo tipo, incluido el Ministerio de Defensa, y que cuenta con unos cinco millones de usuarios finales.
Desde el Ministerio de Transformación Digital aseguraron que se cancelaba atendiendo a intereses de «estrategia digital», «autonomía estratégica» y «soberanía española».
Poco antes de este polémico contrato, salió a la luz otro que suscribió el Gobierno con la compañía asiática por un programa que almacena las escuchas telefónicas de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Algo que provocó incluso que Estados Unidos criticara la decisión y se planteara acabar con el intercambio de información reservada con España.
El peso de Huawei en Cataluña
En mitad de esta discusión, el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, visitó en julio las instalaciones de Huawei en Pekín y se reunió con miembros de la dirección de la compañía como parte de su viaje oficial a China.
Cabe destacar que Huawei tiene un peso importante en Cataluña, siendo uno de los principales patrocinadores del Mobile World Congress (MWC) que se celebra en Barcelona desde el año 2004.
En este doble juego del Gobierno, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, aseguró recientemente que transpondrá la directiva europea de ciberseguridad (conocida como NIS2) a finales de este año.
«Les diremos a los fabricantes que les vamos a vigilar y vamos a ver sus certificaciones en materia de ciberseguridad», destacó Hernando durante la jornada ‘Europa en la encrucijada: Un pulso a la soberanía tecnológica’, organizada por el sindicato UGT.
A pesar de las palabras elegidas, omitiendo a Huawei y los contratos mencionados, la medida no debería suponer un gran cambio en la política gubernamental que se ha llevado hasta ahora.
Se trata de una directiva que entró en vigor el 16 de enero de 2023 y que los Estados miembros de la Unión Europea tenían hasta mediados de octubre del año pasado para transponer la norma, por lo que España va con retraso en el cumplimiento de los plazos.
Pese a todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez siempre ha defendido públicamente que no existe ningún veto a Huawei ni tampoco una lista negra de proveedores peligrosos para los intereses nacionales.
Con este escenario, la Generalitat y Salvador Illa deberán elegir que empresas dotarán de fibra óptica a miles de sedes. Si se tiene en cuenta la presión política sobre Huawei, Telefónica parte con ventaja sobre el resto.
