La Unión Europea pone a Temu en el punto de mira y esta es la razón
Bruselas ha vuelto a elevar una demanda hacia Temu, en esta ocasión por no implementar medidas para detectar aquellos productos que no cumplan la legislación europea
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La plataforma de comercio electrónico Temu vuelve a situarse en el centro del escrutinio europeo tras ser señalada por la Comisión Europea por no evaluar adecuadamente los riesgos asociados a la venta de productos potencialmente ilegales en su web. Un señalamiento que forma parte del expediente sancionador que Bruselas mantiene abierto contra la empresa desde octubre de 2024, y que ahora se ve reforzado con nuevas pruebas sobre posibles deficiencias graves en sus controles de seguridad.
Bruselas denuncia la comercialización de productos peligrosos al alcance de cualquier usuario
Y es que según ha comunicado el Ejecutivo comunitario, Temu incumple varios de los requisitos contemplados en la Directiva de Servicios Digitales al no implementar medidas suficientes para detectar y evitar la venta de productos que no cumplen con la legislación europea. Entre los artículos con mayores deficiencias destacan juguetes para bebés y pequeños dispositivos electrónicos, dos categorías especialmente sensibles por sus riesgos para la salud y la seguridad del consumidor.
El análisis realizado por los servicios de Bruselas revela que los consumidores europeos tienen una probabilidad significativamente alta de encontrarse con artículos no conformes mientras navegan por la plataforma. En otras palabras, Temu no garantiza que lo que se vende en su marketplace cumpla con los estándares de calidad, etiquetado y seguridad que exige la normativa europea.
Echando la vista atrás con otras denuncias realizadas hacia Temu, el origen del problema radica en la falta de una evaluación rigurosa de los riesgos por parte de la plataforma. Según la Comisión, la empresa ha basado sus análisis en datos genéricos del sector, sin realizar un estudio específico sobre el funcionamiento real de su plataforma.
Esta aproximación ha sido calificada de insuficiente e inexacta, dado que no permite detectar de forma efectiva la proliferación de productos ilegales o potencialmente peligrosos. Precisamente por ello, la normativa europea exige a los grandes actores digitales identificar y mitigar activamente los riesgos sistémicos de sus plataformas, algo que Bruselas considera que Temu no ha hecho de manera adecuada.
Un expediente que puede conllevar sanciones millonarias… y un aviso al resto de plataformas digitales
Y lo cierto es que el procedimiento sancionador abierto por la Comisión Europea podría derivar en consecuencias económicas muy severas para Temu si se confirma el incumplimiento de la Directiva de Servicios Digitales. En concreto, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su volumen de negocios anual a nivel global, una sanción que, de aplicarse, supondría un duro golpe para la compañía china.
Sin embargo, por el momento Temu tiene la posibilidad de responder a las alegaciones formuladas por Bruselas y presentar sus observaciones por escrito. Este derecho a réplica es parte del procedimiento estándar, y permitirá a la empresa defender su postura antes de que se emita una resolución definitiva.
Ahora bien, este nuevo paso de Bruselas en su cruzada por una internet más segura se enmarca dentro de la aplicación estricta de la Directiva de Servicios Digitales, una normativa clave en la estrategia digital de la Unión Europea. Esta legislación, en vigor desde 2023, impone obligaciones claras a las grandes plataformas online para prevenir la circulación de contenido ilegal y productos inseguros.
Con este expediente, la UE lanza un mensaje firme no solo a Temu, sino al conjunto de marketplaces digitales que operan en el espacio europeo: no basta con actuar como intermediarios; deben asumir una responsabilidad activa sobre lo que se ofrece en sus plataformas.
No obstante, por ahora el futuro de Temu en el mercado europeo dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a las exigencias regulatorias. De lo contrario, no solo se expone a sanciones económicas, sino también a un posible deterioro de su reputación entre los consumidores.