Un tasazo bancario de Sánchez-Iglesias presionaría fusiones y recortes

La semana postelectoral ha sentado mal a la cotización de la banca. El sector ha sufrido fuertes pérdidas en bolsa después de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaran un preacuerdo de gobierno de coalición. Bankia, más afectada ante del presencia del FROB en su capital, ha sido la más castigada, con pérdidas del 6%. Caixabank y el Banco Santander se han dejado un 5%, mientras que el Banco Sabadell y Bankinter retrocedían más de un 4%. BBVA ha sido el menos castigado entre los que cotizan en el IBEX, con un descenso 3,84%.

La alianza del PSOE y Unidas-Podemos ha dado alas al miedo a que la nueva legislatura conlleve una subida de impuestos sobre el sector. De confirmarse, los mayores tributos echarían leña al fuego sobre unas cuentas de resultados que están ya presionadas por el lado de los ingresos, a causa del largo ciclo de tipos de interés negativos, que, por el momento, no tiene fecha de caducidad. 

Dependiendo de su magnitud, y del impacto que pueda tener sobre el ROE (rentabilidad de los recursos propios), un entorno impositivo mucho más negativo incrementaría la presión sobre los bancos españoles para adoptar medidas de ajuste, que pasarían por integraciones o por mayores reestructuraciones para mantener su competividad respecto a otras entidades europeas en este segmento. Uno de los rankings en los que la banca nacional se coloca entre las primeras posiciones en Europa es justo por el ROE y este cambio podría poner en jaque su liderazgo.

A cierre de 2018, de acuerdo con las conclusiones del V Panel de Seguimiento Financiero de la Economía Española elaborado por el Instituto de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF), el ROE (rentabilidad sobre los recursos propios) de la banca española era del 8,2%, frente al 5,8% de la media europea. Aunque, según apuntan fuentes financieras, recientemente el Banco Central Europeo (BCE) habría abierto la puerta a rebajar el que se considera el nivel de exigencia mínimo del mercado en cuanto a rentabilidad por el escenario macroeconómico -hasta ahora era del 10%-, una caída del ROE por razones ajenas al ciclo no parece la mejor manera de atraer accionistas.

Además, la banca con negocio fundamentalmente español (entre los cotizados Caixabank, Banco Sabadell, Unicaja, Liberbank, Bankinter o Bankia) contarían con un ROE medio del 5,7%, notablemente por debajo del dato consolidado, que aumenta gracias al peso de BBVA y el Banco Santander, con una mayor diversificación geográfica.

En paralelo, más allá de la política nacional, el sector cuenta con otros focos de presión. Uno de los constantes es el continuado mensaje desde los supervisores, que siempre que pueden recuerdan que la banca española se coloca a la cola en solvencia en Europa. Poco a poco han ido reconociendo que parte de esa desventaja se debe a la mayor utilización de los modelos estándar en la ponderación del riesgo de sus activos, pero es este discurso parece una medida de presión para que eleven sus ratios de capital. El Banco de España ya ha anticipado que podría activar el colchón anticíclico en 2021.

La suma de mayores requisitos de capital e incremento de impuestos en un contexto de tipos de interés negativos es una tormenta perfecta para los bancos españoles, que sólo se quedan con dos herramientas para tratar de defender su rentabilidad: continuar vendiendo activos tóxicos (su cartera de adjudicados todavía asciende a 40.000 millones) y progresar en su proceso de recorte de oficinas y plantilla para reforzar su eficiencia.

IEAF-FEF apunta que el sector todavía cuenta con margen de maniobra para reducir costes. «España es la economía con mayor densidad de red (en términos de habitantes por oficina: 1.693 vs 2.579 en la UE) y con las sucursales más pequeñas (solo 6,7 empleados por oficina, frente al 13,6% en la UE)», explican. No obstante, de lo que dudan es de que quede margen para fusiones, después del proceso de concentración de los últimos años, que han llevado prácticamente a la desaparición a las cajas de ahorro.

El impuesto a la banca, amenaza desde 2018

Una de las quejas de la banca a los socialistas -una de las políticas que Pedro Sánchez anunció tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy fue imponer una tasa específica para el sector financiero- era que este tipo de medidas fiscales restaban competitividad a las entidades españoles frente a las europeas, al soportar menos impuestos.

De hecho, el desembarco en Moncloa de Sánchez estuvo protagonizado por un fuerte enfrentamiento con la banca por sus propuestas tributarias, que finalmente solo cuajaron en el traspaso al sector del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en la firma de hipotecas, aunque la amenaza de un golpe mayor se mantuvo hasta las elecciones del pasado abril. Si bien algunas comunidades autonónomas han aprovechado el traslado de la obligación tributaria hacia las entidades financieras para elevar el tipo del IAJD, este movimiento no sirve para incrementar la recaudación fiscal del Estado.

Uno de los argumentos de los socialistas para justificar su impuesto a la banca era utilizarlo para sufragar las pensiones. La maltrecha situación en la que ha quedado la caja de la Seguridad Social este viernes después de cargar contra ella la paga extra de Navidad, podría revivir este enfoque. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en funciones, ya apuntó que los ingresos generados por la tasa irían a financiar las pensiones.

Fuentes del sector prefieren mantener la calma por el momento. Cuentan con que probablemente tendrán que digerir alguna medida tributaria extra, pero no esperan movimientos muy drásticos, especialmente si se confirma que Nadia Calviño liderará todo el área económica. 

Existe un antecedente de que el PSOE y Unidas-Podemos podrían renunciar a alguna de las figuras impositivas específicas para el sector. E1n el Proyecto de Presupuestos para 2019, el impuesto a la banca se quedó fuera de la propuesta pactada por ambos partidos y que se presentó al Congreso.

Sí se mantuvieron dos medidas: elevar el tipo mínimo en Sociedades al 18% -un nivel que todos los bancos del IBEX con la excepción de Caixabank ya superaban al cierre del primer semestre-, y reducir al 95% la exención fiscal por la repatriación de dividendos. Esta última iniciativa sería especialmente negativa para los grupos multinacionales -el Banco Santander y BBVA-. El grupo presidido por Ana Botín, ya ha advertido al mercado que la puesta en marcha del segundo podría tener un efecto negativo sobre sus resultados.