Alcoa desata otra guerra: cerrará en Lugo si no recibe más ayudas
En medio del proceso de venta de las plantas de A Coruña y Avilés, Alcoa amenaza con cerrar en Lugo si el Gobierno no mejora las ayudas a la industria
La batería de medidas del Gobierno para abaratar el coste de la energía a la industria ha desatado una crisis en la última factoría de aluminio primario de España. Alcoa tardó unas horas en amenazar con el cierre de la planta de San Cibrao, en Lugo, como respuesta al borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que el Ministerio de Industria publicó para consulta pública este lunes. Pocas veces una mejora para la industria se ha encontrado con tan contundente oposición poco después de hacerse pública.
El documento tiene como objetivo general dar un marco energético estable y más barato a la industria de alto consumo para evitar deslocalizaciones. Y como objetivo central, permitir la continuidad de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, que buscan un inversor que mantenga la actividad. El proceso de venta, coordinado entre Xunta, Principado, Ministerio y multinacional, ha logrado atraer a varias empresas interesadas, según confirmaron fuentes conocedoras de las negociaciones, pero parece difícil que se formalice una oferta hasta que quede claro el marco energético en el que operarán las instalaciones.
Alcoa abre otro frente
Nada había dicho Alcoa hasta ahora de su centro de Lugo, donde cuenta con una rentable fábrica de alúmina que opera liberada de los altos costes eléctricos y abastecida por el gasoducto de Naturgy. En 2017, últimas cuentas presentadas, la factoría logró ganacias de 87,5 millones. Sin embargo, también tiene una planta de aluminio, la última en España tras parar las de A Coruña y Avilés, que acumula números rojos. El año pasado perdió 53,8 millones y el primer trimestre de 2019 está agravando la situación.
Así que la compañía ha vuelto a la casilla de salida. Considera que el Estatuto del Consumidor Electrointensivo propuesto por el Gobierno “no aporta la solución que la industria del aluminio primario en España necesita para su sostenibilidad”. “Las medidas que se proponen son insuficientes ya que mantendrían un significativo diferencial respecto al coste de energía con nuestros competidores”, aseguran fuentes de la multinacional, alertando de que “si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador del Estatuto, ponen en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao”.
Del complejo lucense, conformado por las dos factorías, dependen más de un millar de trabajadores. El nuevo órdago de Alcoa asesta otro golpe al erosionado tejido industrial gallego, que a los desmanes de la multinacional suma el ERTE de Ferroatlántica, la incertidumbre sobre la continuidad de Ence o el cierre de Meirama.
Las medidas “insuficientes” del Gobierno cuestan 140 millones
Alcoa entiende que las mejoras que plantea el Gobierno son poco significativas a la hora de paliar el coste de la factura eléctrica. Es el caso de la exención de dos partes de la tarifa regulada, los pagos por capacidad y los costes de interrumpibilidad; y del nuevo cálculo del coeficiente de pérdidas para que paguen solamente la energía realmente consumida.
La única aportación verdaderamente importante, a juicio de la multinacional, son las compensaciones a los costes indirectos de las emisiones de efecto invernadero. El Gobierno destina una partida de 76 millones en ayudas. Sin embargo, Alcoa entiende que no existen garantías sobre su aplicación.
En conjunto, el impacto económico de las medidas recogidas por el Estatuto ascendería, según los cálculos del Gobierno, a unos 140 millones anuales, 64 millones en rebajas o exenciones a la tarifa y 76 millones o más, en función de la disponibilidad presupuestaria, en ayudas. A juicio de Alcoa, es “insuficiente”. El Ejecutivo, consultado por este medio, no aclaró este lunes cómo repercutiría en la factura de la luz de los ciudadanos los menores ingresos del sistema eléctrico.
Lo que no contempla el Estatuto
En la elaboración del borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo el Gobierno obvió una serie de mecanismos para abaratar el coste eléctrico que llegaron a su mesa propuestos por la industria y otras administraciones. Entre ellos están la reducción de los peajes de acceso, otra parte de la tarifa regulada; la exención de la financiación a los servicios de ajuste del sistema y de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética; o la compensación de costes de financiación de las renovables.
