Alu Ibérica, entre la Audiencia Nacional y la reversión de las ventas de Alcoa

Asturias abre la puerta a que la SEPI intervenga las plantas de Alu Ibérica mientras Galicia pide una auditoría para ver si se han cumplido las inversiones pactadas

Miles de personas han secundado la manifestación por el futuro de Alu Ibérica en las calles de A Coruña / E.P.

Miles de personas han secundado la manifestación por el futuro de Alu Ibérica en las calles de A Coruña / E.P.

Difícil puzzle el que se presenta para encontrar una salida a la situación que atraviesan las plantas de la actual Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, traspasadas por Alcoa en el año 2019 al fondo suizo Parter que, meses después, las revendió a Grupo Industrial Riesgo. Tal y como publicó este medio, la SEPI habría llegado a plantear a la multinacional americana que quería incluir las dos alumineras en la ecuación de compra de San Cibrao. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el planteamiento pasaba por la reversión de la venta fallida que realizaron los de Pittsburgh (que, he hecho, han interpuesto una denuncia contra Parter por incumplir los acuerdos de compraventa). No obstante, esta posibilidad, si tenía algún recorrido, se frenó con la judicialización de la actual situación de ambos activos, ya que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón investiga la presunta descapitalización fraudulenta de las fábricas por parte de sus actuales propietarios. Así, en estos momentos, y según las mismas fuentes, esa opción a tres bandas habría quedado fuera de juego.

No obstante, administraciones públicas y sindicatos continúan moviéndose. El tiempo apremia ya que, al margen del proceso judicial abierto, el próximo 31 de julio expira el periodo en el que está asegurado el cobro de los salarios y el mantenimiento del empleo en ambas factorías en base a los acuerdos firmados en su día entre Parter y Alcoa, que comprometió ayudas por valor de unos 90 millones de euros.

Intervención de la SEPI

Este martes, el Gobierno asturiano (PSOE) abrió la puerta a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI de Belén Gualda, intervenga las plantas de Avilés y A Coruña para facilitar, posteriormente, la entrada de un inversor solvente con un proyecto industrial a largo plazo. Así lo trasladó el consejero asturiano de Industria, Enrique Fernández, al Foro Autonómico por la Industria, un órgano del que forman parte la patronal asturiana del metal y los sindicatos CCOO y UGT.

No obstante, el político socialista también deja entrever que para que esta situación se produzca, sería necesario que se llevase a cabo la reversión de la compra de Alu Ibérica a Parter y de esta a Alcoa. Fernández habría trasladado la necesidad de que se establezca una posición conjunta de patronal y sindicatos de cara a exigir la continuidad del negocio y para reclamar a Alcoa que “actúe para revertir los procesos de venta”.

La clave de la auditoría

Pero, ¿es realmente posible revertir las ventas antes de la fecha del 31 de julio? La Xunta de Galicia sostiene que para poder realizar cualquier movimiento es necesario que se lleve a cabo una auditoría que establezca si las empresas involucradas en la venta de Alu Ibérica cumplieron con las inversiones pactadas. De hecho, el Gobierno autonómico recuerda que el Ministerio de Industria de Reyes Maroto no solo avaló la venta de Alcoa a Parter, algo que también evidencia la dueña de la planta San Cibrao, sino que se habría comprometido a fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de compraventa, que incluían inversiones en ambas plantas que garantizarían su futuro.

«Necesitamos información, no sabemos si se han invertido todos los fondos comprometidos«, indicó el vicepresidente económica de la Xunta, Francisco Conde, quien ha asegurado que estas cuestiones deben concretarse en la mesa industrial que insta al Gobierno a convocar. «Pedimos transparencia, certezas», dijo.

También los sindicatos, que denuncian la paralización de la actividad en Alu Ibérica, demandan la aplicación de medidas cautelares, incluyendo también en estas la anulación del contrato de compraventa, que solicitaron de urgencia a la Audiencia Nacional el pasado marzo, tras el registro de las plantas de A Coruña y Avilés por parte de la UDEF.

Mientras tanto, está previsto que este martes se produzca una reunión entre sindicatos, Xunta y Gobierno central en la que se aporte información sobre las negociaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo con Alcoa para la compra de la planta de San Cibrao.