Atalaya mantiene su confianza en la mina de Touro pese al segundo revés de la Xunta

Atalaya Mining se debate entre recurrir el veto de la Xunta a la mina de Touro o explicar los puntos discutidos de su proyecto para reabrir el yacimiento

Touro

Imagen aérea de las instalaciones en el yacimiento minero de Touro-O Pino

Atalaya Mining se resiste a dar por enterrado el proyecto de la mina de Touro. La compañía, que el pasado mes de marzo recibió un nuevo golpe por el rechazo de la Xunta de Galicia a su plan de restauración, mantiene su confianza en que su “enfoque de casa mundial” va a acabar convenciendo al Gobierno gallego de que el proyecto cumple con todos los requisitos medioambientales.

Satisfará las más rigurosas condiciones ambientales que puedan imponer las autoridades de cara al desarrollo del proyecto”, asegura Atalaya Mining en su última memoria anual, en la que revela unos beneficios de 30,4 millones de euros (300.000 euros menos que en 2019) y unos ingresos que se dispararon un 34,5% en pleno Covid-19, hasta alcanzar los 252,8 millones de euros.

Atalaya Mining, que cuenta con el 12,5% de la empresa que cuenta con los derechos de explotación de la mina (Explotaciones Gallegas del Cobre) y que tiene pactado comprar el 87,5% restante por 3,6 millones de euros una vez que el yacimiento logre el visto bueno de la administración autonómica, se agarra a sus relaves revestidos de plástico con descarga cero.

Una inversión de 200 millones en el aire

“La compañía y sus asesores están evaluando los potenciales próximos pasos para el proyecto, que podrían incluir un recurso contra la decisión tomada por la Xunta de Galicia y/o la clarificación de las cuestiones puestas de manifiesto en los informes”, explica Atalaya Mining en su memoria anual.

La minera de Touro se refiere así a los dos informes técnicos que Patrimonio Natural y Aguas de Galicia emitieron a comienzos del año pasado y que la Consellería de Medio Ambiente definió como “desfavorables” e “insalvables”. En ellos se concluía que el proyecto minero afectaría a la «calidad de las aguas» de los municipios de O Pino y Touro, al tiempo que no se garantizaría la protección de una zona de especial conservación (ZEC) en caso de desastre natural.

El estudio encargado a Augas de Galicia destacaba que la actividad minera aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, con el consecuente riesgo para un estado ecológico óptimo, motivo por el cual se decidió frenar un proyecto por el que ya se había realizado una inversión de 7,5 millones de euros hasta 2019 en trabajos previos a su reapertura. El objetivo de la compañía pasaba por invertir 200 millones en 15 años y crear cerca de 400 empleos directos.