Enésima piedra en el camino para BBVA, Merlin Properties y Grupo San José en la ‘Operación Chamartín’
El empresario Trinitario Casanova, que representa a un grupo de antiguos propietarios, presenta una demanda contra el traspaso de terrenos entre Adif y BBVA en la 'Operación Chamartín'
Recreación del parque central de Madrid Nuevo Norte con la superestructura del Jardín del Viento
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Baraka Capital Group, del empresario murciano Trinitario Casanova, ha presentado una demanda de nulidad del contrato firmado el pasado mes de diciembre entre Adif y Crea Madrid Nuevo Norte (participado al 75,5% por BBVA) para la transmisión de los terrenos de la histórica ‘Operación Chamartín’, ahora llamada Madrid Nuevo Norte.
Fuentes de Baraka han señalado que la asociación de reversionistas (los antiguos propietarios de esos terrenos, a los que Baraka representa) considera que ese contrato es «fraudulento y contrario a la ley del patrimonio de administraciones públicas». Además, ha comunicado tanto a Adif como a Crea Madrid Nuevo Norte (participada también al 14,5% por la socimi Merlin Properties y al 10% Grupo San José), que estos hechos «pueden también suponer delitos penales».
La reversión de los terrenos
Las diferencias surgen por un litigio abierto entre los antiguos propietarios de estas parcelas y los promotores del nuevo proyecto, en caso de venta a un tercero. Baraka busca que los antiguos propietarios puedan ejercitar su derecho de reversión (volver a ser propietarios de las fincas que les expropiaron) a cambio de un pago (justiprecio).
Trinitario Casanova persigue ese reconocimiento, toda vez que en 2018 se hizo con esos derechos para defender por la vía judicial la causa de esas 1.000 familias afectadas y, en caso de ganar, darles una contraprestación económica.
Baraka sufrió un revés judicial en marzo de 2024 por parte del Tribunal Supremo, que le inadmitió una demanda económica por los terrenos. Sin embargo, un mes más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó otorgar una medida cautelar a Baraka, que se traducía en la obligación de realizar una anotación preventiva en los registros de los terrenos que deje constancia del litigio abierto entre los antiguos propietarios de estas parcelas y los promotores del nuevo proyecto, aunque aportando una garantía del 50% de su valor.
