Fernández Somoza liquida su última sicav, con 85 millones de patrimonio

Una de las últimas fortunas gallegas que movía su capital a través de sicavs acaba de poner pies en polvorosa. Luis Fernández Somoza, antiguo dueño de Azkar, cerrará su segundo vehículo de inversión de capital variable, la sociedad Currelos, poniendo punto final a su vínculo con sicavs, a través de las que llegó mover más de 250 millones.

En un comunicado remitido a la CNMV, Currelos de Inversiones, gestionada por Santander Private Banking, explica que ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para «tomar razón, entre otros acuerdos, de su renuncia a la autorización administrativa como sicav y consiguiente baja en el registro administrativo de sociedades de inversión de capital variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores».

La baja de Currelos, avanzada por El Confidencial, se producirá poco después de que el empresario hiciera lo propio con Guntín, su otra sicav, cuya transformación fue aprobada en junta de accionistas el pasado 21 de noviembre. También con Santander a los mandos, esta sociedad era de mayor tamaño que Currelos, ya que manejaba 152 millones de patrimonio.

En el caso de Currelos, las cuentas del primer semestre de 2025 remitidas a la CNMV muestran un patrimonio de algo más de 85 millones, frente a los 83,3 millones con los que arrancó el ejercicio. La rentabilidad neta acumulada en el periodo fue del 2,06%. Fernández Somoza controla el 99,72% del capital.

Las últimas sicavs

La retirada del empresario se produce después de una auténtica desbandada de las fortunas gallegas, en las que disolvieron o transformaron sus vehículos de inversión Sandra Ortega, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, Dolores Ortega, Modesto Rodríguez, Jesús Domínguez (Textil Lonia) o los Freire (Megasa). Su salida se produjo tras el cambio normativo para perseguir a los mariachis, los hombres de paja que permitían a los grandes patrimonios cumplir la normativa para acogerse a las ventajas fiscales de las sicavs, aunque realmente no tenían peso alguno en el capital de las mismas.

La Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal del Gobierno central estableció que todos los accionistas de estas sociedades de inversión colectiva, al menos 100, debían poseer una participación mínima de 2.500 euros. Los que no cumplían esta característica, la mayoría, optaron por echar el cierre. Fernández Somoza fue de las pocas fortunas que mantuvieron sus sicavs, pero en poco más de dos años acabarán cerradas. Otro que la mantuvo fue Pedro Fernández Puentes, dueño de la farmacéutica Zendal y accionista de Pharma Mar.

Antes del cambio normativo, tanto Amancio Ortega como Manuel Jove habían cerrado las suyas.