La cúpula de Alu Ibérica pidió al juez mantener sus sueldos galácticos mientras la empresa se hundía

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso con el que los directivos de Grupo Industrial Riesgo reclamaban mantener sus sueldos de hasta 25.000 euros al mes pese a que Alu Ibérica se encontraba ya bajo administración judicial

La UDEF realizó un registro en las factorías de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés en el marco del juicio en la Audiencia Nacional. E.P.

La UDEF realizó un registro en las factorías de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés en el marco del juicio en la Audiencia Nacional. E.P.

La Audiencia Nacional tumba la ofensiva de la cúpula de Grupo Industrial Riesgo para mantener sus sueldos galácticos al frente de Alu Ibérica. El titular de la sección tercera de la Sala de lo Penal, Juan Carlos Campo, ha desestimado el recurso de apelación presentado por Iberian Green Aluminum Company (como se ha rebautizado la sociedad con la que Riesgo compró las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés) contra la suspensión de sueldo de seis altos cargos.

El juez ratifica así en un auto fechado el pasado 12 de noviembre la decisión tomada por el administrador judicial al entender que la medida «es acorde a derecho, máxime si es de manera cautelar» y ante la situación de «inactividad de las plantas». Según apunta el juez, «tal decisión no impide el abono de las retribuciones cuyo pago ahora se suspende, en el caso de que el resultado de las investigaciones pueda llegar a justificarse debidamente su procedencia».

La cúpula de Riesgo carga contra el administrador

Los seis directivos de Riesgo alegaban que el «administrador judicial adoptó las referidas medidas respecto de ciertos empleados, sin el más mínimo decoro de haberse reunido con ellos antes, para conocerlos y entender sus funciones«. Además, pese a reconocer que no desempeñaban funciones en las factorías, consideraban que «por su valía podrían reflotar la actividad y revertir la mala situación de las plantas afectadas», según recoge el auto.

«El recurrente ni niega el parón de la actividad de las plantas, ni tampoco la ausencia de caja por la inactividad, simplemente dice que todo ello obedece a la actuación negligente del administrador judicial», subraya el juez Juan Carlos Campo. El auto que se emitió apenas dos semanas antes de que este 23 de noviembre la jueza María Tardón haya dado luz verde al administrador judicial a solicitar el concurso de acreedores en Alu Ibérica.

Sueldos de 25.000 euros netos al mes

De esta forma, los responsables de Grupo Industrial Riesgo naufragan en los tribunales en su ofensiva por mantener unos sueldos galácticos pese al parón y la quiebra de las plantas de A Coruña y Avilés. Según afloró el administrador judicial, Alexandra Camacho, directiva de Grupo Industrial Riesgo que fue detenida tras los registros de la UDEF el pasado mes de marzo junto a David Domenech, Diego Peris y Luis Losada, percibía 25.000 euros netos (44.351 brutos) al mes.

En este sentido, la jueza de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Carolina Rius, también constataba la existencia de un «testaferro» que percibía 3.300 euros al mes a cambio de figurar como máximo responsable de las sociedades Iberian Green Aluminum Company, Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL.

Impagos a proveedores y acreedores

Mientras la cúpula del Grupo Industrial Riesgo emprendía la batalla en los tribunales para mantener sus sueldos, Alu Ibérica, por el contrario, desatendía todos sus compromisos con acreedores y proveedores. Así lo constata la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, en el auto en el que da luz verde a la declaración del concurso voluntario de acreedores.

 “Cabe significar que, al margen del pago de sueldos y salarios que formaba parte del compromiso adquirido con Alcoael resto de obligaciones con acreedores y proveedores comerciales han sido desatendidas de forma generalizada con anterioridad a la fecha de aceptación del cargo de esta administración judicial”, exponía. Además, el auto añadía que “se están siguiendo numerosas ejecuciones judiciales, tanto en el ámbito laboral como en el civil, habiéndose constatado que, a esta fecha, varias de las reclamaciones de cantidad interpuestas por trabajadores han provocado el embargo de cantidades de las cuentas corrientes”.