Alu Ibérica se escuda en su desastre financiero para frenar una reclamación millonaria del Gobierno

La Audiencia Nacional deja en suspenso la devolución de diez millones en ayudas por CO2 que el Ministerio de Industria le reclamaba a Alu Ibérica al considerar que este pago podría asestar el golpe definitivo a sus maltrechas cuentas

Decenas de personas con banderas de sindicatos y humo durante una manifestación convocada por varios sindicatos"en defensa del empleo, por un futuro industrial, contra la represión sindical en Alu Ibérica" en la plaza de Ourense de A Coruña. - M. Dylan - Europa Press

Decenas de personas con banderas de sindicatos y humo durante una manifestación convocada por varios sindicatos”en defensa del empleo, por un futuro industrial, contra la represión sindical en Alu Ibérica” en la plaza de Ourense de A Coruña. – M. Dylan – Europa Press

Alu Ibérica se salva en los tribunales de devolver las ayudas millonarias que percibió en compensaciones por CO2. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha accedido a la petición de Alu Ibérica AVL, la sociedad que controla la planta de Avilés, y ha suspendido la devolución de las ayudas por valor de diez millones de euros que le reclamaba el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El departamento que encabeza Reyes Maroto inició una ofensiva el pasado mes de mayo para exigir la devolución de estas cantidades al entender que no se habían cumplido los requisitos de mantenimiento de empleo y de la actividad industrial que llevan aparejados este tipo de ayudas.

Las razones de la Audiencia Nacional

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha decidido frenar las pretensiones de Industria para evitar un nuevo golpe a las cuentas de Alu Ibérica. “En este caso, en el que la cantidad reclamada es objetivamente elevada -al superar los ocho millones de euros-, es procedente acceder a la medida cautelar solicitada, pues la inmediata ejecución del reintegro de la cantidad requerida podría originar perjuicios económicos de difícil reparación a la recurrente en función de la situación económica en la que se encuentra, dado que podría comprometer la liquidez inmediata de la empresa y, por tanto, la continuidad de su actividad empresarial”, recoge el auto de la jueza.

A cambio, la magistrada María Asunción Salvo dicta que se preste caución “mediante aval bancario o cualquier otra admitida en derecho de la cantidad a reintegrar”. El objetivo es garantizar el reintegro de estas ayudas públicas en el caso de que la sentencia final (del Tribunal Supremo) acabe dando la razón al Gobierno y obligue a Alu Ibérica a devolver estas cantidades.

Riesgo vendió todos los derechos de CO2 de A Coruña de este año

De esta forma, la Audiencia Nacional frena este reintegro por unas ayudas que giran en torno a un concepto, el de las emisiones de dióxido de carbono, sobre el que el administrador judicial, Ramón Juega, ha puesto el foco. En concreto, el abogado coruñés ha destapado que el Grupo Industrial Riesgo vendió todos los derechos de emisión de CO2 que tenía asignados la planta de Alu Ibérica en A Coruña.

La firma se embolsó 8,9 millones de euros por este movimiento que hipoteca a la factoría herculina de producir hasta abril del año que viene y que deja a la fábrica de Avilés con un stock de menos de 8.000 toneladas de CO2 para emitir (una cuarta parte de las que tenía asignadas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica).

Las operaciones de venta a Factor Integral Trading Services se iniciaron el pasado 12 de marzo, apenas ocho días después de los registros que los efectivos de la UDEF realizaron a las dos factorías de Alu Ibérica, así como a una decena de despachos y oficinas y que se saldaron con cuatro detenciones. Además, estos movimientos se continuaron incluso hasta el 23 de junio, cuando la firma ya se encontraba intervenida judicialmente.

Alcoa, también a la expectativa

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ve frenada su ofensiva contra Alu Ibérica mientras mantiene su pulso por la misma cuestión con Alcoa. “En junio de 2021, el Ministerio de Industria inició el proceso para solicitar el reembolso de 34 millones de euros en créditos de compensación de CO2 relacionados con los ejercicios 2018 y 2019, que estaban sujetos a una disposición a tres años basada en operaciones y empleo continuos”, reconoce la propia multinacional en su última memoria trimestral.

El Gobierno centra su reclamación en el presunto incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo durante tres años, una cuestión contra la que Alcoa se rebela. Según defiende en su memoria trimestral, “no se concluyó el proceso de despido colectivo y se mantiene el funcionamiento y el empleo en San Cibrao”, motivo por el que ha presentado “un recurso de apelación”. Además, la firma subraya que por estas mismas circunstancias “no recibió los créditos de compensación de CO2 ganados en 2020”.