Alu Ibérica: la Audiencia Nacional ordena a los directivos de Riesgo devolver 13 millones de euros

La jueza Ana María Tardón ordena a los actuales dueños de las plantas de Alu Ibérica a devolver los 13 millones con los que las habrían comprado, pero que obtuvo mediante un préstamo anterior de las propias factorías

Alu Ibérica

Imagen de archivo de una protesta de los sindicatos a las puertas de la planta de Alu Ibérica en A Coruña

La investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta despatrimonialización fraudulenta de las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés estrecha el cerco alrededor de Grupo Industrial Riesgo, que se hizo con ambas factorías tras recomprarlas al fondo suizo Parter. La jueza Ana María Tardón ha ordenado a los directivos investigados que devuelvan a las dos alumineras unos 13 millones de euros.

Un auto dado a conocer el pasado mayo ya indicaba que los 13 millones de euros que Riesgo pagó por las instalaciones, en realidad, fueron satisfechos por la compradora “con fondos procedentes de los préstamos que los propios centros de producción concedieron a instancias de la sociedad suiza (Parter) que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta”. Es decir, Riesgo se habría hecho con las plantas de A Coruña y Avilés financiada para hacerlo por las sociedades que gestionan ambas factorías.

Riesgo ofreció 10 millones

Según El Periódico de España, la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 facilitó a los imputados un número de cuenta para devolver el importe, cuya finalidad debe ser garantizar la existencia de fondos para la actividad de las plantas, ahora intervenidas judicialmente.

Las mismas fuentes han señalado que, en una vista, algunos de los imputados habrían ofrecido devolver 10 de los 13 millones de euros en poco tiempo con la condición de que Grupo Industrial Riesgo continuase manteniendo la administración de las dos plantas dedicadas a la producción de aluminio.

Bitcoins

Estas pesquisas tienen lugar dentro de la causa investigada en la Audiencia Nacional después de que Tardón admitiese el pasado mes de diciembre la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa.

El pasado mes de marzo una operación en la que ser registraron una decena de inmuebles en relación a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas se saldó con la detención de varios ejecutivos del grupo. Entre ellos el administrador único del Grupo Industrial Riesgo, Diego Peris, un ejecutivo administrador único de System Capital –mercantil que administraba Alu Ibérica AVL SL (la planta de Avilés)–, el presidente del grupo, Víctor Rubén Domenech y una socia de System Cap.

Por otro lado, la jueza de la Audiencia Nacional también trata de dilucidar si los imputados, los últimos propietarios de las plantas de producción de aluminio, vaciaron la caja mediante la adquisición de bitcoins después de que los investigadores localizasen transacciones de la moneda virtual en varias cuentas bancarias.