Lenta agonía en Arias Infraestructuras: cambios de manos, querellas y un final sin obras 

Un corto viaje en el tiempo es suficiente para comprobar el peso y dimensión de Arias Infraestructuras en la construcción gallega. Y basta con detenerse en 2017. Ese año, la histórica compañía coruñesa, durante décadas de capital íntegramente familiar, se situaba como líder en el ranking de adjudicaciones de obra pública en Galicia. Arias había logrado 17,8 millones de euros en obras en un año singular, en el que las licitaciones habían caído a la mitad. Un año antes ocupaba el quinto lugar. Casi siempre estuvo abonada a lo más alto del ranking. ¿Qué ha sucedido en este tiempo para que ahora Arias enfile la liquidación? 

Arias Infraestructuras ya estaba en ese momento herida de consideración, zarpazos que no afectaban al negocio propiamente dicho y que dejaría una guerra entre accionistas que pronto se trasladaría a los juzgados. Ese mismo año, el 2017, es determinante como punto de inflexión. Porque fue en ese momento cuando el capital de Arias pasó a 1,8 millones de euros, reducción que se había realizado mediante amortización de los títulos hasta esa fecha propiedad de la familia Arias Díaz-Eimil, los fundadores, forzada por el socio mayoritario. La familia había permanecido en el consejo de la constructora hasta 2015, con momentos críticos como el desacuerdo para ejercer el derecho de separación en el pacto de socios que mantenían.  

Una guerra entre los socios 

La operación fue ideada por el socio mayoritario, Ildefonso Rodríguez Iglesias, ya fallecido, y en su día dueño de Nordés, empresa de seguridad que había acabado en manos de Prosegur, de ahí su fortuna. El “achatarramiento” del capital de Arias para compensar pérdidas apartó a la familia fundadora de la compañía, con quien Rodríguez Iglesias mantenía en ese momento un nada disimulado enfrentamiento. Era el socio mayoritario desde 2005, cuando compró a parte de la familia. La guerra judicial tuvo varias entregas, y también su réplica en la vía laboral, por el despido de Antón Arias, hijo del fundador, primer ejecutivo de la constructora. Antón Arias había sido despedido en 2012 de la compañía, y permaneció en el consejo en representación de los minoritarios tres años más. 

En la querella presentada por los Arias Díaz-Eimil, con Antón al frente, se imputaban a Rodríguez Iglesias hasta cuatro presuntos delitos: estafa, administración desleal, falseamiento de cuentas anuales y vulneración del derecho de información de los socios. Rodríguez Iglesias no dudó entonces en buscar una salida a su participación. Y seis meses después, a mediados de 2018, acordaba la venta a dos antiguos ejecutivos de Isolux, Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi, que contaron para hacerse con la compañía con créditos participativos otorgados por la propia Abeirar, sociedad holding de Rodríguez Iglesias, de ahí que ahora se encuentre entre los acreedores de la compañía en la liquidación, con un millón de euros de deuda reconocida. 

Vida nueva y breve 

Pronto llegaría el saneamiento, más ventas y beneficios en lo que se convirtió en un espejismo con la llegada del Covid. Arias contaba entonces con el apoyo de Xesgalicia, el brazo inversor del Igape. La factura del Covid fue demasiado alta: Arias entraba en pérdidas en 2020, con un resultado negativo de más de un millón de euros ese ejercicio, y con un hándicap: gran parte de los nuevos contratos que lograba eran en UTE con otras empresas, que no tiene nada que ver a efectos de la cuenta de resultados. La compañía también arrastraba problemas de su única incursión internacional, una obra en Bolivia, un auténtico quebradero de cabeza en la constructora que había impulsado en su día Rodríguez Iglesias.  

Luego vendría la savia de unos créditos ICO para aguantar el trance, el tercio de la deuda completa con la que va a la liquidación, que se han revelado como una losa ante la negativa de Hacienda a aprobar el convenio de acreedores. La puntilla a todo había llegado en enero de este año, cuando Barcenilla y Aranzadi reciben la resolución del Ministerio de Hacienda (Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado) por la cual se revocaba la clasificación como contratistas de obras de la administración pública, “fundamentando su decisión en la falta de solvencia al considerar que los préstamos participativos vivos que figuraban en sus estados financieros a cierre de 2020 no podrían computar a estos efectos”. Ambos socios no han dudado en activar la vía contencioso-administrativa, según diversas fuentes, para revertir la situación. 

El final 

En este momento, a principios de este año, la empresa tampoco tenía tesorería suficiente para atender todos sus compromisos por la ruptura del ciclo de contratación, producción y facturación, “situación que se ve agravada debido a los altos costes salariales en comparación con el sector y la competencia más directa”, según ambos socios. Y así llegó la insolvencia, y finalmente un concurso de acreedores que ahora acaba en una liquidación que apunta a irreversible.