Ofensiva contra la Comisión Europea en el TJUE por declarar estratégica la mina de litio a 25 kilómetros de Galicia

Nuevo varapalo para el macroproyecto de litio en el municipio luso de Boticas, a unos 25 kilómetros de la frontera con Galicia, impulsado por la minera Savanna Resources. Asociaciones ecologistas y vecinales han interpuesto una demanda contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por concederle el estatus de “proyecto estratégico”. 

La Asociación Unidos en Defensa de Covas do Barroso (UDCB) y la organización ecologista ClientEarth, que presentaron el pasado 5 de febrero la demanda, sostienen que el “enfoque de la Comisión sienta un precedente peligroso para la protección ambiental, la participación pública y el Estado de derecho en la UE”. 

Los demandantes denuncian el rechazo del órgano de Gobierno de la UE a reconsiderar la decisión de considerar estratégico el proyecto en virtud del Reglamento de Materias Primas Críticas “a pesar de pruebas detalladas que demuestran que el proyecto presenta graves riesgos ambientales, sociales y de seguridad”. 

Según argumentan, la Comisión no cumplió con su obligación de evaluar la sostenibilidad del proyecto “ignorando lagunas evidentes en la evaluación de los impactos ambientales, incluidos los impactos sobre especies protegidas y la seguridad de la infraestructura prevista para el almacenamiento de residuos mineros”. En este sentido consideran que contradice el derecho ambiental de la UE como el compromiso asumido por la propia Comisión de obtener las materias primas que necesita mediante prácticas mineras sostenibles. 

La respuesta de la Comisión

La entidades sostienen que la Comisión trasladó que sus principales preocupaciones –como la pérdida de la biodiversidad o la seguridad de los residuos– son competencias nacionales y que su papel se limitaría a validar el proyecto como sostenible a nivel de la UE e “identificar errores manifiestos” en las solicitudes. 

El único motivo que la Comisión reconoce para rechazar el carácter estratégico del proyecto es que “fuese manifiestamente claro que no se implementase de forma sostenible”. Este enfoque, según señalan las demandantes, “ignora los requisitos destinados a proteger la naturaleza y la salud humana, marginando a las comunidades afectadas”. En la demanda las asociaciones solicitan que se anula la designación de estratégico del proyecto.

“Vamos a los tribunales porque la decisión de la Comisión socava principios jurídicos fundamentales de la UE. Clasificar un proyecto como ‘estratégico’ y de interés público, mientras se hace la vista gorda ante riesgos bien documentados para el agua, los ecosistemas, la salud humana y los medios de vida locales, es simplemente inaceptable. La transición energética debe basarse en el derecho, la ciencia y la justicia, no en atajos políticos que convierten regiones rurales en zonas de sacrificio”, apuntan desde las asociaciones.  

Periplo judicial

No es la primera vez que el proyecto intenta ser frenado en la vía judicial. El pasado septiembre Savanna Resources informaba de que los tribunales lusos habían desestimado la demanda presentada por la Junta de Covas do Barroso, localidad en la que se encuentra la mina, contra la concesión otorgada por el Ejecutivo portugués en 2016.

El Tribunal Administrativo y Tributario de Mirandela confirma la “validez y conformidad inequívocas” de la concesión, aunque la parte demandante tendría la opción de apelar ante el Tribunal Administrativo Central.

Según apuntaban entonces, era el octavo caso que concluía con un resultado positivo para la compañía. “Actualmente, quedan cuatro casos judiciales en curso en relación con el proyecto. Ninguno de ellos afecta el progreso de Savannah con el Proyecto. En dos de los casos, los dictámenes legales indican que, al igual que los casos que han sido desestimados, carecen de fundamento”. 

Respaldo del Gobierno portugués 

A mediados de enero el Ejecutivo luso concedía una subvención de 110 millones de euros al proyecto. En concreto, se trata de una ayuda, de carácter no reembolsable, ha contado con el apoyo del Marco Temporal de Crisis y Transición de la Comisión Europea, que promueve iniciativas que fomenten el despliegue de energías renovables, la descarbonización industrial y el impulso de sectores estratégicos. 

“La subvención representa una contribución financiera muy significativa para la construcción prevista del proyecto y demuestra una vez más el apoyo que recibe del Estado portugués, en reconocimiento a su condición de activo de importancia nacional y europea en una nueva industria estratégica para el país y la Unión Europea”, explicaban desde Savanna Resources. 

Esta ayuda estaría dividida en dos bloques: el primero de ellos, que concentra aproximadamente el 75% del capital (unos 82,25 millones de euros), se destinará al gasto del desarrollo inicial del proyecto; el 25% restante, más de 27 millones, estarán vinculados a “hitos de rendimiento durante la fase operativa”.