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Nestlé e Pascual, condenadas a indemnizar a gandeiros galegos por cártel en plena guerra polos prezos do leite
Os grupos que presiden Pablo Isla e Tomás Pascual únense a Lactalis, Danone e Capsa, que tamén perderon na Audiencia Provincial de Barcelona contra as demandas indemnizatorias de gandeiros galegos
Pablo Isla, presidente de Nestlé
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado parcialmente la demanda presentada por cerca de un centenar de entidades — entre ganaderos, sociedades agrarias de transformación, cooperativas y una empresa– y ha determinado que Lactalis, Nestlé y Pascual deben indemnizarlas por el teórico menor precio que percibieron por la leche en origen durante los años en los que operó el cártel lácteo. Las tres empresas forman parte del grupo de industrias sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2019 por los intercambios de información producidos entre el año 2000 y el 2013 y que tendrían como objetivo controlar el mercado de suministro de leche.
Siguiendo el mismo criterio que en sentencias anteriores, la sección 15 de la Audiencia Provincial fija la indemnización en un 2%, que se correspondería con el «infraprecio» que recibieron los ganaderos por su leche a causa de los efectos del cártel. De esta manera, los productores tendrían derecho a percibir una compensación del 2% del valor total por el que vendieron la leche durante los años de vigencia de las prácticas colusorias, a lo que se sumarían los intereses de demora.
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La sentencia, emitida el pasado 2 de febrero y recurrible, es la primera conocida que estima una demanda de ganaderos gallegos contra Nestlé y Pascual a causa del cártel de la leche, al menos desde que adquirieron firmeza las sanciones de la CNMC en la Audiencia Nacional. Entre los demandantes en este procedimiento están explotaciones de Ribadeo, Barreiros o A Pontenova, junto a otras de comunidades de Cataluña, País Vasco, Cantabria o Asturias. La compañía que preside Pablo Isla fue sancionada con 6,8 millones por Competencia y la multa fue validada en junio del año pasado por el Supremo, que desestimó el recurso presentado por el grupo. En el caso de Pascual, la sanción impuesta por la entidad que preside Cani Fernández fue de 8,5 millones y está recurrida ante el Supremo. Lactalis, también condenada en la sentencia de la Audiencia Provincial, tiene mucha más presencia en el campo gallego que sus compañeras de fatigas, ya que es el grupo que más leche recoge en la comunidad, con 515 millones de litros de leche en 2024.
El mismo tribunal que ahora se pronuncia contra Nestlé y Pascual, emitió antes resoluciones similares sobre Capsa, el brazo industrial de Central Lechera Asturiana y dueña de Larsa; sobre la antigua Puleva Food (ahora Industrias Lácteas de Granada), la fábrica de Granada de Lactalis; o sobre Danone. Aunque todavía queda mucho recorrido judicial hasta llegar al Supremo, las resoluciones llegan en un momento delicado en la relación entre la industria y los productores debido a la renovación de los contratos de suministro de esta primavera y las ofertas a la baja presentadas por las empresas. Esta semana, de hecho, hubo protestas de grupos de ganaderos impulsadas por Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego en las plantas de Lactalis, en la de Celta e incluso en cadenas de distribución.
Los precios de la leche
La mayor parte de los contratos para el abastecimiento de leche en origen deben renovarse en el mes de abril. Las organizaciones agrarias han puesto el grito en el cielo por las ofertas presentadas por la industria, pues aseguran que suponen rebajas que van desde los tres a los ocho céntimos por litro en comparación con los acuerdos vigentes y en un contexto de encarecimiento de los costes por el conflicto en Oriente Medio. Unións Agrarias, de hecho, denunció ante la Fiscalía lo que considera una maniobra «orquestada» de las empresas para abaratar los precios, y el Sindicato Labrego Galego hizo lo propia ante la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) y ante Competencia, trazando así un círculo poco virtuoso con las resoluciones judiciales que están emitiéndose sobre el cártel lácteo.
Las empresas están presionadas por un contexto de bajos precios en el mercado europeo, por debajo de los pagados actualmente en España, que condicionan los ingresos por el envasado de excedentes y la nata. A la presencia de excedentes de leche en Europa se suma la caída de precios de la manteca experimentado a lo largo de 2025 y el impacto de la guerra en Irán en los costes, que tensionan la cuenta de resultados de la industria.
De KPMG a Nera: la guerra de peritos
La sentencia de la Audiencia Provincial, que corrige una resolución desestimatoria previa del juzgado de lo mercantil, establece un 2% de indemnización siguiendo los criterios de resoluciones anteriores de esa misma sala. «En atención a la duración y características de las conductas colusorias, así como de la cuota de mercado de las empresas implicadas, parámetros tomados en consideración para la estimación judicial del daño en otros cárteles de similar naturaleza, como el de camiones o el de coches, el porcentaje de infraprecio ha de situarse necesariamente por debajo del porcentaje de sobreprecio estimado en esos cárteles (el 5%), en la medida que esos mismos factores (duración del cártel, cuota de mercado y naturaleza de las conductas) concurren en este caso de forma menos intensa», argumentan los jueces.
Las empresas presentaron peritajes para intentar demostrar que el supuesto cártel no había supuesto perjuicio para los ganaderos ya que no había condicionado los precios percibidos por la leche en origen, un argumento que los magistrados rechazan, pero que seguirá siendo motivo de batalla en instancias superiores. Pascual, por ejemplo, recurrió a un informe de KPMG, que en base a las compras de leche cruda a ganaderos en España entre 2002 y 2019, y haciendo un análisis de regresión múltiple, concluye que «el precio abonado por la leche durante el periodo de la infracción, el mismo no ha sido inferior al pagado antes o después», según explica la sentencia.
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Nestlé se apoyó en un peritaje de la consultora Nera, que identifica la evolución de los precios de leche cruda de vaca en España, Francia y Portugal antes, durante y después del período en el que la CNMC identificó prácticas contrarias al derecho de la competencia. La pericial del grupo de Pablo Isla mide la evolución de los márgenes comerciales de los ganaderos en los tres países, la volatilidad de los precios y los flujos comerciales. «Con ello, afirma, se obtiene una evidencia preliminar sobre la ausencia de efectos de las prácticas sancionadas durante el período en el que se detectaron dichas prácticas», dice la resolución.
Lactalis, como era conocido de anteriores procedimientos, cuenta con la pericial de Kroll Advisory; Danone contrató a RBB Economics; y Capsa, el brazo industrial de Central Lechera Asturiana, a Frontier Economics. Todos estos peritajes serán clave en el devenir judicial para la estimación de los daños y, en consecuencia, para el cálculo de la indemnización que perciban los ganaderos en caso de ganar los litigios.
Una batalla que costará millones
La posición de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto a la guerra de peritos se fundamenta en dos consideraciones. Por un lado, entiende que «hay prueba suficiente de que las conductas sancionadas causaron daños a los productores de leche cruda de vaca en España, que se concretan en el menor precio obtenido por los demandantes por los litros de leche vendidos durante el periodo de infracción». Sin embargo, entiende que «la prueba practicada no permite fijar con la necesaria certeza el importe concreto del infraprecio, por lo que debemos recurrir a la estimación judicial del daño».
Dicho de otra manera, considera que hay daño, pero no cree que ninguno de los peritajes tenga «el grado de certeza exigible» para establecer una indemnización, ni en el caso de Kroll, KPMG o Nera cuando dicen que no hubo daño alguno, ni en el caso de Oxera, la consultora de las granjas, que estimó un daño entre el 8,5% y el 14,4% de las ventas.
Al margen del porcentaje de la compensación –el Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid reconoció un 9,4% el pasado octubre–, hay muchos millones en juego para la industria. El pasado febrero, Unións Agrarias estimó que solo en Galicia las reclamaciones podrían alcanzar los 600 millones.
