Galicia y otras tres comunidades se aferran al cierre de la hostelería

La Xunta revisará el próximo lunes las restricciones impuestas en la comunidad, que han provocado manifestaciones y malestar en el sector hostelero

La terraza de un bar

La terraza de un bar

Las medidas tomadas por los gobiernos autonómicos para frenar la pandemia crean un mapa desigual de cierres de establecimientos y toques de queda a diferentes horas. Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja mantienen las restricciones más duras con la hostelería cerrada, a pesar de que no son las zonas con más incidencia acumulada a 14 días.

Mientras Extremadura y Castilla-La Mancha relajarán las medidas sobre el cierre de establecimientos este mismo viernes, Galicia lo someterá a revisión a principios de la próxima semana en un contexto en el que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que espera poder dar un respiro a la ciudadanía pero ha advertido a la vez que “no podemos fallar hasta principios de mayo”. Sobre esta idea, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha señalado que no se puede negar que hay contagios ligados a la actividad hostelera.

Los horarios también son completamente distintos por geografías: Cataluña es de las más restrictivas al limitar el servicio de 7.30 a 10.30 horas y de 13.00 a 16.30 horas; en Andalucía, la hora límite se fija a las 18.00; en Asturias y País Vasco, a las 20.00 horas, y a partir de ahí figura Madrid, que se mantiene en las 21.00, y Canarias, donde oscila entre las 18.00 y las 22.00, según la isla.

Protestas en el sector

El cierre de la hostelería en Galicia ha provocado extensas protestas en las cuatro provincias. Ante la «falta de soluciones» de la Xunta que denuncian las organizaciones, los hosteleros de A Coruña y Lugo estudian una ofensiva a través de la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como se ha hecho con éxito en el País Vasco.

Las asociaciones del sector en Pontevedra y Ferrol, que por ahora no contemplan la vía judicial, reclaman «un rescate» por el cierre impuesto «sin ningún tipo de alternativa» mientras pagan «el 100% de los impuestos y sin beneficios».