Rechazo unánime del Parlamento a las ‘preferentes’ del Popular

700 millones de euros en bonos convertibles emitidos por Banco Popular en 2009 han llevado al Parlamento gallego el recuerdo del drama vivido con las preferentes de las antiguas cajas gallegas. La Cámara ha tenido una sola voz para mostrar su rechazo a la comercialización del producto financiero y cada grupo parlamentario fue prolijo en críticas a la actuación de la entidad financiera.

La solicitud, aprobada a iniciativa del BNG, insta a la Xunta a demandar ante el Gobierno central, La CNMV y el Banco de España que se devuelva «la totalidad del dinero invertido» a los ahorradores atrapados en los bonos convertibles. Francisco Jorquera ha advertido que se trata de «un nuevo caso no sólo de malas prácticas, sino que pone en cuestión el papel jugado por los órganos revisores».

Productos «fraudulentos»

La diputada del PP Herminia Pouso, que ha precisado que «la Xunta carece de competencias» en este ámbito, ha dado el apoyo del grupo mayoritario a esta proposición no de ley al coincidir en que se está «ante un caso que desde luego, a raíz de las sentencias que ya han salido de los órganos judiciales correspondientes, –refleja que– se produjo nuevamente una comercialización fraudulenta de unos productos fraudulentos a personas que nada tenían que ver con grandes inversores».

Por su parte, el socialista Juan Carlos González Santín ha reprobado que, aunque «se vendió como una inversión segura», este producto se colocó a gente que «no fue advertida» y que contaba con escasa información, en decisiones «poco transparentes». 

El Popular se defiende

Desde la emisión inicial, en 2009, el Popular ofreció a los bonistas un canje voluntario, que tuvo una aceptación del 95,3%, según los datos que aporta el propio banco. «Se les ofrecían otros bonos de nueva emisión que vencieron en noviembre de 2015 y que contaban con mejores condiciones debido a que tenían ventanas trimestrales de liquidez (los originarios tenían una sola ventana anual) y a que la rentabilidad mejoraba, ya que los nuevos contaban con una rentabilidad del 7%, mientras que los originarios la remuneración era de Euríbor 3 meses 4%», explican.

Sin embargo, el autor de la demanda que este miércoles ha salido adelante en la Cámara autonómica por unanimidad ha criticado que lo que hubo fue «una solución para sí mismo» –para el banco–, con el ánimo de «sortear los problemas de esta mala comercialización». Banco Popular defiende que durante este periodo los bonistas han obtenido una alta remuneración, «casi el equivalente al 40% del valor nominal (inversión)». Contando con esta rentabilidad que los bonistas han recibido a lo largo de estos años, cifra la minusvalía en torno al 40%.

«Como siempre, el cliente es el centro de la gestión del banco, y de manera individual y excepcional, estamos buscando las condiciones de negocio que permitan que estos u otros clientes permanezcan con la relación comercial a largo plazo que venimos manteniendo, en la que el compromiso por ambas partes debe ser alto», remarcaron fuentes de la entidad a Europa Press.