Roto de casi 50 millones a los concellos gallegos por el veto judicial al impuesto de plusvalía

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) cifra en 47,8 millones de euros la recaudación de los concellos gallegos en 2019 con el impuesto ahora anulado por el Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional

El Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal. EFE

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) pone cifras al impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el llamado impuesto de la plusvalía. El organismo presidido por el socialista Alberto Varela (alcalde de Vilagarcía de Arousa), revela que este tributo reportó 47,8 millones de euros a las arcas de las corporaciones locales gallegas a lo largo de 2019.

De esta forma, el veto del Constitucional al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana alivia la carga fiscal sobre los ciudadanos, pero deja a los concellos sin una fuente que aportó el 1,9% de su financiación a lo largo de 2019 (último dato disponible).

Si bien el Ministerio de Hacienda anunció que revisará el impuesto para dotarlo de seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales, Alberto Varela, por su parte, ha vuelto a reclamar a las Administraciones autonómica y estatal un mecanismo de financiación «idóneo, equitativo y estable».

«Insistimos en la necesidad y ya lo dijimos en muchísimas ocasiones de abordar esa reforma del sistema de financiación. Así me lo trasladan alcaldes y alcaldesas, hay preocupación porque es un palo importante para las arcas municipales, en Galicia supone unos 47 millones de euros y desde luego es un impacto importante», ha esgrimido.

El impacto en cada ciudad

El impacto de esta decisión judicial se hará notar con especial intensidad entre las siete ciudades gallegas. En el caso de Vigo, el alcalde, quien además preside la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, se ha pronunciado en la misma línea que Varela. En la ciudad olívica el impacto de la decisión ronda los 10 millones anuales, dos millones más que en A Coruña.

El Concello de Ourense, por su parte, calcula que supondría un descenso de 7 millones en los ingresos de sus arcas municipales. En otras ciudades, como por ejemplo el caso de Lugo, los técnicos evalúan la sentencia y prefieren mantenerse prudentes sin concretar por el momento el perjuicio económico que prevén.

Por su parte, la corporación local de Pontevedra tenía presupuestados ingresos por valor de 1,7 millones de euros por este tributo en 2021, una cifra similar a los 1,8 millones de euros de Ferrol, pero que se queda corta frente a los 3,1 millones de Santiago de Compostela.