Isabel Rodríguez (Vivienda) choca con la realidad: Alcanzar el 9% de vivienda pública con 2.800 millones es imposible
Con un presupuesto cinco veces inferior al necesario, el plan estatal de vivienda se queda corto para cerrar la brecha histórica de España en vivienda pública
La nueva empresa pública de vivienda tiene su origen en el Sepes.
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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, continúa lanzando mensajes llenos de buenas intenciones: España debe alcanzar el 9% de parque público de vivienda asequible, un objetivo que la sitúa a la par con la media europea. Para ello, anunció que 2.800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se dedicarán a consolidar ese parque.
España cuenta con algo más de 700.000 viviendas públicas y alquileres sociales, a las que ahora se suman unas 40.000 viviendas recuperadas de Sareb. En total, unas 740.000 unidades. Sin embargo, para alcanzar ese 9% de parque público sobre un total de 25 millones de viviendas, harían falta 2,25 millones de unidades. Es decir, que nos faltan todavía casi 1,51 millones.
Y aquí es donde la matemática no casa con la política. Construir o adquirir una casa pública sale, de media, entre 100.000 y 140.000 euros, según las cifras manejadas por expertos y los costes de licitaciones públicas recientes. Eso significa que para sumar esas 1,5 millones de viviendas públicas hacen falta entre 151.000 y 211.000 millones de euros.
El presupuesto que propone el Gobierno para los próximos cinco años, esos 2.800 millones, representa menos del 2% del gasto necesario para siquiera acercarse a esa cifra. «Con ese dinero solo puedes hacer unas 25.000 casas«, comenta una fuente del sector consultada por este medio, y añade que para llegar al millón y medio que falta, «hacen falta cifras muy diferentes«.
La ministra puede apelar al largo plazo, y en eso lleva razón. Pero si miramos al horizonte del 2050, la situación sigue siendo complicada. Asumiendo un crecimiento constante de la vivienda libre de unas 90.000 unidades anuales, el parque total rondará los 27,25 millones de viviendas dentro de 25 años.
Para que el 9% siga vigente entonces, harían falta 2,45 millones de casas públicas, lo que implica sumar 1,71 millones más a las ya existentes.
Eso nos lleva a una necesidad de construir o incorporar alrededor de 68.500 viviendas públicas anuales durante un cuarto de siglo, con una inversión anual que oscilaría entre los 6.800 y 9.600 millones de euros. Muy lejos de los 560 millones anuales que implica el plan actual.
Detrás de las cifras oficiales que sitúan la vivienda pública en España en torno al 3,4% del parque total, se esconde una realidad mucho más modesta y preocupante. Según una fuente del sector inmobiliario consultada por este diario, la proporción real de vivienda protegida pública apenas alcanza el 1,7%.
El resto del porcentaje que aparece en algunos informes, como los del Observatorio de la Vivienda, se habría inflado mediante una estrategia discutible: sumar como «vivienda pública» todas aquellas unidades con algún tipo de renta asequible, incluyendo incluso viviendas con contratos de alquiler antiguo o con ayudas puntuales, que no son ni de titularidad pública ni forman parte del sistema de protección oficial.
«La diferencia entre vivienda pública y vivienda asequible es clave, y el Gobierno la está desdibujando a propósito», asegura esta fuente. A su juicio, la estrategia del Ejecutivo pasa por engrosar artificialmente las estadísticas futuras contando como vivienda pública cualquier inmueble que reciba financiación o subvención estatal, aunque pertenezca a empresas privadas o fondos.
El objetivo, explica, es presentar como una expansión del parque público lo que en realidad son acuerdos con operadores privados. «Aunque se trate de alquileres asequibles a perpetuidad, si esas viviendas no son propiedad del Estado, no pueden ser consideradas vivienda pública», insiste.
Esta maniobra, concluye, no resuelve el problema estructural de la falta de vivienda protegida, sino que lo oculta bajo una narrativa que distorsiona los datos y las verdaderas soluciones.
La vivienda ante el momento crucial
La verdad es que nadie duda de que el 9% es un objetivo justo y necesario para España, que parte de un tímido 3,4% de parque público. Pero el abismo entre ese ideal y la realidad de los recursos disponibles es abismal.
«Lo que propone la ministra es como querer correr una maratón con alpargatas. Las ganas están, pero sin cambiar de calzado no llegarás a la meta«, dicen las mismas fuentes.
Con el ritmo actual, España necesitará más de medio siglo para alcanzar la media europea, y eso sin contar que la vivienda libre seguirá aumentando el parque total y por tanto el volumen que debe suponer ese 9%. Isabel Rodríguez puede tener la voluntad política, pero sin un presupuesto acorde y un cambio radical en la estrategia, su sueño seguirá siendo eso: un sueño imposible.
