El problema ‘Puigdemont’ abre una crisis profunda en el independentismo

Cruces de acusaciones y más distancia entre Junts y ERC. Aragonès pretendía vislumbrar una imagen de unidad en su conferencia del pasado lunes que, lejos de conseguirse, ha fracturado otra vez a un independentismo de por sí desunido. Puigdemont, de nuevo, ha vuelto a ser causa de desencuentros. No permite que su situación se ponga sobre la mesa de diálogo y, la desconfianza es tal, que desde su partido reinterpretan las palabras del president.

El actual presidente aseguró en su discurso que era «necesario afrontar el problema» de los fugados «como lo exige el Consejo de Europa, empezando por retirar las causas contra el president y el resto de políticos exiliados y acabando por encontrar una solución democrática al conflicto». Lo que para Aragonès fue un desafío al Estado, para Puigdemont se ha convertido en una percha para atacar, de nuevo, al Govern que preside ERC.

Y es que Puigdemont no quiere que su situación judicial, que le impide volver a España acusado de los delitos de sedición y malversación por el que fueron juzgados parte de sus excompañeros de Govern, se convierta en un tema de debate en la mesa de diálogo con el Estado. El prófugo hizo un tuit interpelando directamente a Aragonès, y pidiendo que «no se interfiera en nuestra estrategia buscando atajos que no queremos».

También la falta de reconocimiento al fugado fue motivo de discordia. Jordi Sànchez, en una entrevista posterior a Catalunya Ràdio, fue el primero en sembrar la duda sobre las palabras de Aragonès, al que afeó que no hiciera ninguna referencia explícita y que no dotara de mayor valor al referéndum ilegal de 2017: «El president Puigdemont es inequívocamente un referente a través del cual hicimos posible el referéndum del 1-O».

Además, aprovechó para poner en cuestión si los indultos a los condenados por sedición habían sido consecuencia de la negociación con el Estado.  «Deberían darse explicaciones de si ha habido una negociación entre ERC y el Gobierno», defendió Sànchez que, según entendió de las palabras del president,»habían sido el resultado o la primera prueba del diálogo con el Estado cuando de todo esto no sabíamos nada».

La magnitud del desencuentro entre ERC y Junts ha sido tal que incluso Aragonès ha tenido que llamar a Puigdemont por teléfono para aclarar el asunto. En una entrevista este miércoles a TV3, el presidente catalán ha desvelado que le telefoneó en las últimas horas: «Quise aclarar eso y creo que entendió la aclaración». Un matiz que ya apuntó el pasado martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa semanal: «El president no dijo que deba negociarse nada ni que se esté negociando nada».

Puigdemont lo fía todo a su guerra judicial con España

La vía de Carles Puigdemont para poder volver a España está lejos de buscar consensos. El prófugo, aprovechando la presentación de su «Ministerio de Exteriores libre» –un órgano de voluntarios para internacionalizar la crisis catalana al margen de la consellería de Acción Exterior– ha reivindicado su «estrategia internacional», basada en su paralelo y opaco Consell per la República.

No solo eso, ante la sensación de ninguneo de Pere Aragonès en su discurso, se ha reivindicado ante la prensa como el presidente del «Govern legítimo ilegítimamente destituido por el golpe de Estado del 155». Puigdemont pretende forzar su vuelta a partir de la batalla judicial que libra en Europa, con la esperanza de que las instituciones europeas le den el visto bueno para poder volver a España.

El ex presidente de la Generalitat goza de inmunidad parlamentaria al haber sido electo diputado del Parlamento Europeo pese a su situación de fuga ante la justicia española. Una situación personal que se dirime en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que debe decidir si Puigdemont tiene posibilidad de desplazarse por territorio europeo sin ser detenido, lo que incluiría a España. La otra pata es conseguir que los tribunales comunitarios tumben toda la causa judicial del procés.

Su fobia a ser blanco de negociaciones ya la manifestó en una carta abierta publicada por El Punt Avui el pasado 14 de febrero donde pidió que hubiera «respeto» por su decisión de huir, y que no quería ningún tipo de medida de gracia anticipada: «No marché al exilio para pedir el indulto». El expresidente fugado insistió en que «no hay salidas personales ni soluciones a medida de nadie».

 «Pido que nadie hable por nosotros, que no interfieran en nuestra estrategia buscando atajos que no queremos. Cuatro años de exilio nos han reafirmado en la idea de que la solución al conflicto entre Cataluña y España es política y es colectiva; que no hay salidas personales ni soluciones a medida de nadie», defendió el expresidente catalán.

El coste para el Gobierno de hacer volver a Puigdemont

La mesa de diálogo sigue sin reunirse y Aragonès insiste en que es la única vía –por las buenas o por las malas– para resolver el conflicto catalán, que inevitablemente debe desembocar en una amnistía y en un referéndum vinculante de autodeterminación. Dos cuestiones que el Gobierno de España no tiene intención de negociar. La apuesta de Pedro Sánchez pasa por los indultos parciales aprobados y cualquier hipotética solución a Puigdemont requeriría de ingeniería jurídica para llevarse a cabo.

Una ingeniería jurídica que pasaría por los «indultos anticipados», una figura que la ley permite para casos muy concretos y, específicamente, para delitos como el de rebelión y el de sedición. El Gobierno no tiene en su calendario esta cuestión, ni las encuestas a favor para llevar a cabo una maniobra de tal calibre, ante la inminencia de un nuevo ciclo electoral municipal y autonómico en 2023.

Un ciclo donde los socialistas se juegan plazas muy importantes, como las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha o Asturias, entre otras. Además, con la estela de unas elecciones en Castilla y León donde Vox ha crecido vertiginosamente, el PP retendrá la Junta y la izquierda se ha hundido electoralmente. Un escenario poco alentador para preparar ninguna alfombra que permita a Puigdemont volver sin enfrentarse a la justicia.

La concesión de una medida de gracia a Carles Puigdemont podría poner en aprietos a un Gobierno que ya lleva acumuladas dos derrotas electorales en menos de un año. La mayoría de Isabel Díaz Ayuso, tras unas elecciones que intentaron evitar una moción de censura en Madrid auspiciada por los aires que soplaban en Murcia, y las urnas de Castilla y León dibujan el mismo patrón: el PP crece; Vox, también; mientras la izquierda se derrumba.

El independentismo, más desunido que nunca

Y mientras, el independentismo sigue profundamente dividido sobre qué camino tomar. Para el Gobierno, negociar con ERC no es garantía de nada, con una Junts que se muestra reticente a sentarse en la mesa de diálogo, tras es desplante y la autoexclusión de la cita que llevó a cabo en la reunión con Pedro Sánchez en Barcelona. Junts prefiere agitar el avispero, y deja imágenes como la de Laura Borràs desafiando al Govern del que forma parte su partido en la Meridiana.

La CUP apuesta por la desobediencia, algo que Junts tampoco está dispuesta a llevar a cabo, y quedó claro con el exdiputado Pau Juvillà. Los aspavientos de Laura Borràs terminaron en nada, y la presidenta del Parlament terminó por echar culpas a los demás: a Pere Aragonès por no corresponsabilizarse, a la CUP por querer que la inhabilitaran, y a los funcionarios de la Cámara catalana por no querer exponerse.