La Corona vuelve a romper la coalición PSOE-Podemos: Iglesias se empeña en despenalizar los insultos al Rey

Desde el Ministerio de Justicia plantean una reforma similar, mientras las asociaciones de jueces piden al Gobierno no legislar "en caliente".

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Las prisas siempre son malas consejeras. En esta frase se escuda la parte socialista del Gobierno para no respaldar la propuesta de Unidas Podemos sobre modificar algunos aspectos del Código Penal que tienen que ver con la libertad de expresión como, por ejemplo, el delito de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado o de enaltecimiento del terrorismo. Lo harán por su cuenta y a su debido tiempo.

El Ministerio de Justicia contemplaba esta reforma pero la tenía aparcada en un cajón, según explican fuentes socialistas a Economía Digital. El manifiesto de hasta 200 artistas, entre ellos Pedro Almodóvar y Javier Bardem en favor del rapero Pablo Hásel y las prisas de Unidas Podemos por registrar una norma en el Congreso que legisle estos aspectos, hizo mover ficha a los socialistas este lunes por la noche.

«El Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que sólo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad», señalaron desde Moncloa a las 21 horas de este lunes.

Un comunicado publicado sin el conocimiento de Podemos, que horas antes habían transmitido a sus socios de Gobierno su intención de registrar el proyecto al día siguiente en la Cámara Baja. Los socialistas les reventaron la sorpresa, según publicó Economía Digital, y ambos partidos registrarán parecidas propuestas pero por separado.

Los primeros en adelantarse este martes fueron los morados registrando una proposición que pretende reducir los plazos a la mitad, al solicitar su tramitación por la vía de urgencia. Un documento que los socialistas aseguran «ni haber leído».

El portavoz Pablo Echenique anunció el registro de una norma para modificar el Código Penal en los siguientes aspectos: el delito de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo.

El principal desencuentro de los socialistas con los de Pablo Iglesias, casi siempre, viene por el mismo motivo: la seguridad jurídica. Según las fuentes del PSOE consultadas, la norma impulsada este martes por Podemos tendría poco recorrido con el actual marco jurídico. Consideran que Justicia debe estudiar y redactar el texto, acorde a que no produzca inseguridad jurídica. «Una redacción mal planteada podría ser rechazada por la Justicia», advierten ante las posibles repercusiones de la oposición en el Congreso.

El PSOE ha rechazado 6 veces despenalizar la injurias al Rey

Sin embargo, el problema subyacente no sería ni mucho menos la seguridad jurídica en la que se quieren escudar los socialistas, sino despenalizar el enaltecimiento del terrorismo o las injurias al Rey. La Corona vuelve a crear conflicto en la relación interna del Gobierno de coalición, llegando al propio PSOE y hasta a los jueces.

Los socialistas son conscientes de que estas dos medidas, en concreto, pueden traer conflicto en el partido y también en la Justicia. La posible postura crítica de algunos barones socialistas sería escuchada por los medios. Más si cabe cuando el PSOE ha rechazado hasta en seis ocasiones despenalizar las injurias a la Corona.

El Rey Felipe VI saludando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Foto: EFE

ERC ya ha registrado esta propuesta sin éxito hasta en cuatro ocasiones en el Congreso de los Diputados: en 2008, 2011, 2012 y 2016. Unidas Podemos lo hizo en 2018 y 2020, también sin éxito por el rechazo de los socialistas.

«¿Es que no hieren las palabras, no marginan, no arruinan la vida?». Son palabras del ex diputado socialista y ahora presidente de Acción Cultural Española (ACE), José Andrés Torres Mora. El dirigente se dirigió así a los republicanos desde la tribuna del Congreso para defender lo que precisamente ahora se plantea aprobar Pedro Sánchez.

«La libertad no es hacer mi capricho, sino que alguien no me someta al suyo. No confunda la democracia «con la tiranía de la mayoría» y de anunciar su voto en contra a una propuesta «que no es republicana» ni de «izquierdas», zanjó Mora en aquel debate.

El año pasado, la diputada socialista Isaura Leal defendió ante Unidas Podemos el mismo mensaje en defensa a la Casa Real y a no permitir que salga gratis el insulto: «Mantenemos firme nuestro compromiso con la libertad de expresión, pero con límites, para que no haya mensajes o discursos que inciten al odio o a la violencia», señaló.

«Las ofensas que tienen como objetivo debilitar a las instituciones no son buenas. Debemos proteger las altas instituciones del Estado dentro del pacto constitucional». Estos mensajes «deben ser reprochables y sancionados como actos incompatibles con la democracia», defendió en octubre Leal.

Los socialistas se estarían planteando darle la vuelta a su discurso como un calcetín y, ahora sí, reformar los tipos «más controvertidos» de los que se engloban dentro de los ‘delitos de expresión’. La modificación, aún en un estadio muy inicial, iría encaminada a suprimir las condenas de cárcel en detrimento de penas disuasorias que no conlleven la privación de libertad, explican.

Los jueces piden no reformar «en caliente»

Las asociaciones de jueces piden consenso y no reformar «en caliente» los delitos sobre libertad de expresión. Desde la Asociación Francisco de Vitoria señalan que «se trata de un debate muy importante, de trascendencia de ley orgánica y que, por tanto, se debe analizar con la máxima cautela, prudencia y tranquilidad. En cualquier caso, se deben evitar reformas del Código Penal a golpe de titular o de casos concretos, la seguridad jurídica es lo primero», añaden.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el GobiernoEFE/Archivo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo. Foto: EFE/Archivo

Por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la magistrada portavoz María Jesús de Barco coincide con la cautela apuntada y añade que cualquier reforma del Código Penal requiere mayoría absoluta de las Cámaras, si bien «lo bueno, lo razonable, lo deseables que se alcance una mayoría suficiente entre las fuerzas parlamentarias».

En cuanto a los efectos que pueda tener la reforma, existirán si la reforma beneficia al reo, como puede ser el caso del rapero Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona en la letra de sus canciones, y que está en vísperas de entrar en prisión.

En todo caso, señala que «no es bueno reformar en caliente, ni para bajar, ni para subir porque tuviéramos ayer a unos artistas mostrando su descontento», en clara alusión al manifiesto de artistas en apoyo al cantante condenado. Por todo ello insiste en la cautela necesaria y en la necesidad de ponderar los distintos intereses a la hora de reformar por las consecuencias que ello tiene en los derechos y libertades de los ciudadanos.

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