La verdadera pugna por el CGPJ: los frentes judiciales que atenazan a PP y Podemos
Pablo Casado y Pablo Iglesias afrontan un año de infierno judicial. Sus partidos se enfrentan a varias causas abiertas por la Justicia con el consiguiente desgaste para ellos.
La sede del PP de la calle Génova con la imagen de Pablo Casado en una imagen de archivo | EFE
Gobierno y Partido Popular rompen los puentes de comunicación tras constatar que no hay acuerdo para renovar los órganos constitucionales. La negociación se estancó a la hora de aceptar los magistrados que, tanto PP como Podemos a través de sus socios (PSOE), pusieron sobre la mesa para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El asunto no es para menos. Pablo Casado y Pablo Iglesias afrontan un año de infierno judicial. Los dos partidos tendrán que enfrentarse a los fantasmas judiciales del pasado al frente de sus respectivas formaciones y casi es mejor el dicho de ‘tener amigos hasta en el infierno’. La verdadera pugna por el CGPJ reside es ‘colocar’ a la mayor cuota de magistrados afines por un lado y otro del tablero electoral.
Pablo Casado se comprometió a no hablar más sobre el pasado: «No nos lo podemos permitir y más con el calendario judicial que se avecina. Las hipotecas en política no son hereditarias, no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo para el nuestro».
Un silencio atronador durante los dos próximos años, con más de una decena de juicios pendientes que les situarán en el disparadero mediático, día sí y día también. Estas son las causas a las que se enfrentan los populares:
La ‘caja B’ del PP
La Audiencia Nacional juzga desde el 8 de febrero y hasta finales de mayo si el PP utilizó una ‘caja b’ para pagar una parte de las reformas de su sede central en la calle Génova. La misma que el partido abandonará antes del verano, según anunció Casado la semana pasada. La Abogacía del Estado pide 1,2 millones de euros al PP como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos supuestamente por su ex tesorero, Luis Bárcenas.
‘Caso Gürtel’, segunda etapa
En torno a septiembre comenzará el juicio por lo que se denomina segunda etapa del caso Gürtel, que dirime los presuntos sobornos que las empresas de Francisco Correa entregaron a autoridades y funcionarios del municipio madrileño de Boadilla del Monte para obtener licitaciones.
El instructor considera que el Partido Popular fue partícipe entre 2001 y 2009 de estas operaciones a título lucrativo, algo por lo que ya fue condenado en la pieza principal, referente a la primera época de la trama.
‘Caso Taula’
La juez que instruye el caso acusa al PP de responsable civil por la presunta financiación ilegal de campañas electorales. La fiscalía relata en su escrito de acusación que el dinero procedía de la empresa pública Imelsa para financiar campañas electorales del PP.
Un sistema que presuntamente consistía en elevar los costes de servicios que contrataba Imelsa con determinadas empresas y estas compañías hacían trabajos electorales para candidatos del PP sin cobrar nada a cambio.
‘Caso Púnica’
Se trata de un proceso abierto hace siete años con numerosas piezas separadas donde se investiga, entre otras cosas, la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. El juez instructor tiene que concluir sus trabajos este verano y dictar el auto de apertura del juicio oral.
El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, está colaborando con la causa y este mismo miércoles puso el foco en Aguirre señalando que durante la campaña electoral de las autonómicas de 2007, un empresario le entregó 60.000 euros en un sobre, que Álvaro Lapuerta, su jefe en la Gerencia del partido, y él mismo le entregaron a Esperanza Aguirre, que estaba en su despacho. El juicio se celebrará en 2022.
‘Caso Lezo’
La Audiencia Nacional investiga distintas operaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, centrada en un posible caso de corrupción política en la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II.
La causa trata de determinar si hubo desvío de fondos públicos que terminaron en las cuentas particulares de miembros del PP. El ex presidente Ignacio González es el principal imputado en la causa cuya investigación finalizará este verano para abrir el juicio oral.
‘Caso ciudad de la Justicia’
Caso que investiga las posibles irregularidades cometidas por el gobierno que lideraba Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid. El juez De la Mata encontró durante la investigación algunos indicios de supuesta prevaricación, fraude a las administraciones y malversación de caudales públicos, en su gestión por parte del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, durante el Gobierno de Aguirre.
‘Operación Kitchen’
Operación relacionada con el supuesto espionaje ilegal al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, llevado a cabo entre 2013 y 2016 a través de un operativo policial. El informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción en el ‘caso Villarejo’ revela la existencia de un plan orquestado «para sustraer información comprometedora para altos cargos del PP» que estaba en poder de Bárcenas, autor de las anotaciones contables. La instrucción de esta causa finalizará en los próximos meses. El juicio no se celebrará antes de 2022.
El Congreso de los Diputados ha creado una comisión de investigación para analizar estos hechos y llamará en los próximos meses a los principales imputados o dirigentes relacionados con la investigación, entre ello, el ex presidente Mariano Rajoy o la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal.
‘Caso Villarejo’ o ‘caso Tándem’
Es conocida como la actuación policial llevada a cabo por la Policía y la Fiscalía Anticorrupción y supervisada por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional contra el ex comisario José Villarejo, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Se compone de varias piezas y en algunas está presente el PP, como el partido para el que supuestamente trabajó el ex comisario, acusado de intentar obstaculizar investigaciones en los tribunales sobre corrupción concernientes a la formación conservadora.
Causas pendientes de Unidas Podemos
A diferencia del PP, Unidas Podemos nació al calor del 15 de marzo de 2011. El partido, de reciente creación, ya tiene causas abiertas en la Justicia y su líder, Pablo Iglesias, sigue señalado, a pesar de haber llegado a la Vicepresidencia Segunda.
El partido permanece imputado y varios de sus dirigentes ya han declarado y tendrán que seguir declarando en los próximos meses. Estas son las causas abiertas relacionadas con Unidas Podemos:
‘Caso Dina’
El ‘caso Dina’ tiene su origen en noviembre de 2015, cuando la por entonces asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, denunció el robo de su teléfono móvil en una tienda de Alcorcón, municipio al sur de Madrid. En julio de 2016 se publicaron varias imágenes que tenía guardadas en ese teléfono en un medio de comunicación y en 2017, al registrarse la vivienda del ex comisario Villarejo aparecieron un disco duro y un pen drive con información relativa al teléfono.
Según señaló el titular del Juzgado central de Instrucción 6, el propio Pablo Iglesias recibió de un periodista, el 20 de enero de 2016, la tarjeta y la retuvo un tiempo en su poder. El líder de Podemos declaró que cuando se la devolvió a su ex asesora estaba en buen estado y ésta declaró que estaba «inservible para su funcionamiento».
El posible uso que el actual vicepresidente dio a la tarjeta lleva a plantear su imputación por revelación de secretos. En cuanto al segundo delito, el de daños informáticos, el instructor destaca que, cuando Iglesias finalmente devolvió la tarjeta a Bousselham, la micro-SD ya no funcionaba.
El juez García-Castellón considera que hay que investigarle por ello, por lo que ha pedido la mencionada pericial. Bousselham se opone ahora a ella por considerarla «inútil» e insiste en que pudo acceder «una primera vez» a la tarjeta cuando se la devolvió Iglesias, contradiciendo así otras versiones que ha dado durante el procedimiento.
‘Caso Neurona’
Neurona Comunidad S.L es la agencia de comunicación con la que los morados habían trabajado en varias campañas electorales. El juez investiga a Podemos por un presunto delito de financiación irregular ya que sospecha que no se llegaron a prestar los trabajos electorales para los comicios de abril de 2019 que el partido pagó con fondos públicos a Neurona.
Una de las cuestiones que denunció el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, es la contratación, supuestamente ficticia, de la consultora Neurona, que él relaciona con el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, imputado en este caso la semana pasada. Calvente declaró que pudo haber «contrataciones ilícitas» para simular gastos y llevarse así «comisiones«.
El juez decidió hace un mes mantener como imputado al partido, siguiendo así el criterio de la Fiscalía de Madrid. El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha sido imputado después de que la Policía Nacional le señalase como autor de una «factura falsa» para justificar que recibió 26.600 de esa empresa.
‘Caso primarias’
Hace dos semanas, Iglesias tuvo que ver cómo la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por su rival en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal, Fernando Barredo, por las presuntas irregularidades en dichas primarias.
Barredo presentó el pasado mes de julio una denuncia contra el Consejo de Coordinación de Podemos -la ejecutiva del partido-, del que forman parte Iglesias y Montero, por presuntos delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos por, según sostiene, haber vulnerado los estatutos y el Código Ético de la organización política, entre otros documentos internos, en Vistalegre III.
Barredo también presentó una demanda ante los juzgados de Madrid por los mismos motivos en la que pide anular esas elecciones primarias por incumplir la normativa interna y celebrar unas nuevas «con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos», para lo cual plantea una «fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y el escrutinio públicos de los resultados».
En la demanda, acusa igualmente a Iglesias y su equipo de «alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte».
Barredo se apoya en el precedente que sienta la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia Número 89 de Madrid, que declaró la nulidad del proceso de primarias en Podemos para las elecciones municipales en Collado Villalba por manipular los resultados. El demandante sostiene que la forma de proceder del partido ha sido la misma en ambas primarias.
Varapalo judicial: acoso sexual
Para la corta vida que tiene el partido, Unidas Podemos, se ha ‘salvado’ en los tribunales tras ser archivadas sus causas, pero también el partido ha sufrido varios varapalos judiciales como el del pasado diciembre. La Audiencia de Madrid confirmó que Podemos despidió a su abogado con una falsa acusación de acoso sexual.
La resolución de la Audiencia concluyó que no había una sola prueba contra su ex abogado, José Manuel Calvente, al que la formación morada expulsó cuando se encontraba investigando las irregularidades financieras del partido y acusó de acoso sexual a una compañera de la formación. La Audiencia dictaminó que se trató de una falsa acusación de acoso sexual.
