Las exigencias de Podemos amenazan la aprobación de las ayudas directas a las pymes

El Gobierno prevé destinar unos 5.000 millones de ayudas directas a las pymes, mientras Podemos exige dedicar 8.000 millones y que no se distribuyan por sectores.

El Consejo de Ministros pretende aprobar este martes el paquete de ayudas por 11.000 millones de euros que contempla el plan de salvación a las empresas, pymes y autónomos de los sectores más afectados por la crisis del Covid-19.

A estas horas y según ha podido saber Economía Digital, el Gobierno ya habría cerrado su distribución y todavía está en el aire los mecanismos que se utilizarán para inyectar el capital.

La negociación entre los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se dará este martes en el Consejo de Ministros. Las exigencias de los morados podrían retrasar una semana más la aprobación de la norma.

La formación de Pablo Iglesias ya ha advertido que no está conforme con el reparto acordado y buscará aumentar las ayudas directas para las empresas. Según ha publicado Reuters citando a fuentes gubernamentales, se destinarán unos 5.000 millones de euros a ayudas directas, mientras que otros 1.000 millones serán utilizados para inyectar capital a las compañías más afectadas. Unas cantidades con las que los morados no están conformes.

De izquierda a derecha: Nadia Calviño, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Antonio Garamendi durante la firma de la subida del salario mínimo interprofesional. Foto: EFE/JL

Podemos exige dar 8.000 millones de euros a ayudas directas, según señala el documento elaborado por el equipo del responsable económico de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien ya señaló que “lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública, se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad”.

Los morados presionan a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para que las ayudas no se distribuyan por sectores, sino que “deben ser accesible para todas las empresas” y que la condición para acceder a ellas “debe pasar por la comprobación de una caída drástica (30%-40%) de su facturación en 2020 con relación a 2019”.

Las ayudas no deberían “orientarse a cubrir costes variables de las empresas”, sino los fijos en lo que sí coincide el Ministerio de Calviño. Unidas Podemos reprocha a Calviño dar más peso al paquete de medidas para aliviar financieramente a las empresas, porque consideran que no es lo útil ahora. “Los países de nuestro entorno no han desarrollado mecanismos de reestructuración de deuda en este momento”, señala Podemos en su documento.

“No se trata de dar más créditos, ya lo hicimos en noviembre ampliando el programa, ahora analizamos ayudas directas“, fue la respuesta de Calviño la semana pasada. “Cuando gestionamos dinero de todos los contribuyentes tenemos que tener muchísimo cuidado para que las ayudas lleguen a quien tiene que llegar”, advirtió poniendo en foco en la posible condicionalidad de las ayudas.

El Gobierno cede ante los bancos

Los otros 5.000 millones de euros irán a parar a la reestructuración de los créditos que el Estado ha avalado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estas reestructuraciones no serán obligatorias para los bancos y se implantarán a través de un código de buenas prácticas al que las entidades podrán adherirse.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclamó nuevamente la semana pasada ayudas directas para las empresas y no quitas a sus deudas.

El sector financiero ha mantenido durante los últimos días tensas conversaciones con el Ministerio de Asuntos Económicos sobre el diseño de este plan y, ante todo, solicitaban que no incluyese quitas de deuda, por las consecuencias que podría tener sobre la estabilidad financiera y la competencia entre las empresas. Finalmente, el Gobierno ha cedido en este aspecto aunque el documento final todavía sea susceptible a modificaciones.

Este martes en el Consejo de Ministros, las dos facciones del Gobierno discutirán la redacción del decreto, el cual podría retrasarse una semana más en caso de que no hubiera acuerdo.