«Los ataques a la independencia judicial no afectan solo al CGPJ, van mucho más allá»

Los magistrados alertan de la baja calidad en las instituciones y priorizan renovar el CGPJ y las 'puertas giratorias' de los jueces en política.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha mantenido en las últimas horas contactos con el Gobierno /EFE

La baja calidad de las instituciones democráticas amenaza a España. Políticos, escritores, organismos como el Banco de España y ahora los jueces advierten del peligro que supone la falta de transparencia e independencia en determinadas instituciones del Estado.

El último en sacar los colores al Gobierno esta semana ha sido el informe realizado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) que advierte, entre otros aspectos, sobre «la falta de transparencia en el sistema judicial».

«La independencia judicial no pasa únicamente por despolitizar el Consejo General del Poder Judicial», señala Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). La falta de voluntad política conduce a que los principales órganos constitucionales lleven dos años y medio sin ser renovados y el asunto siga sin visos de solución.

«Los ataques a la independencia judicial no afectan solo al CGPJ, van mucho más allá», inciden los magistrados consultados. Tampoco se han regulado las ‘puertas giratorias’ de los jueces en política o se ha evitado que cargos como la Fiscalía General del Estado recaigan en personas con evidente perfil partidista. Son medidas igualmente necesarias y urgentes para blindar la independencia judicial, puestas ahora en duda por los magistrados. A todo ello se suma la relación de ‘altos y bajos’ que ha mantenido Pedro Sánchez y los distintos miembros del Gobierno con el Poder Judicial.

Dos años y medio en funciones

Sin duda, el gran escollo que ha llevado a la Justicia española a tomar represalias en Europa es la no renovación de los principales órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su presidente Carlos Lesmes señala que «es una seria anomalía».

Alrededor de una treintena de cargos judiciales sigue vacantes o bloqueados, entre ellos nueve magistrados del Tribunal Supremo, ante la imposibilidad de realizar nombramientos discrecionales con el mandato caducado, una norma que aprobó recientemente el Gobierno de Sánchez y que ha puesto más palos en las ruedas en la relación que el Ejecutivo mantiene con el órgano de gobierno de los jueces.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el GobiernoEFE/Archivo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que ha mostrado su malestar con el Gobierno. Foto: EFE/Archivo

La desconfianza entre los principales partidos, PSOE y PP, ha abocado a la Justicia a una situación de bloqueo que ya ha sido denunciada en Bruselas, justo cuando la Comisión Europea se encuentra elaborando su informe anual sobre la calidad democrática de las instituciones en los distintos países miembro.

A lo largo de las últimas décadas, populares y socialistas han preferido negociar la composición del Consejo en base a sus respectivas mayorías parlamentarias, dejando entrar a fuerzas nacionalistas o minoritarias, según se ha desarrollado la legislatura.

En esta ocasión, el socio del PSOE en el Gobierno -Unidas Podemos- impuso dos nombres de magistrados para conformar el pacto, uno de ellos sentó en el banquillo al expresidente Mariano Rajoy. La negativa del PP fue rápida y además añadieron otra prerrogativa: un compromiso para cambiar la ley y que los jueces elijan a la mayoría de los vocales. Los socialistas se niegan.

«Las relaciones están rotas», desvelan a ED desde ambas formaciones. La posibilidad de indultar a los 12 presos del procés ha espantado a los populares que prefieren esperar «a ver cómo se desarrolla todo» y es que, tal y como desvelan, «nosotros no tenemos prisa».

Estas actitudes han enervado al Poder Judicial que se encuentra a la espera de que Bruselas actúe de algún modo. «Los dos principales partidos llevan cuatro décadas politizando y monopolizando este órgano», critican los magistrados.

La propia Comisión Europea lleva meses exigiendo a nuestro país que reduzca la influencia política sobre el poder judicial, «algo que de lo que no quieren ni hablar aquellos que se empeñan en repetir una vez más el gran error de que el órgano que nombra a la cúpula judicial en nuestro país dependa única y exclusivamente de un reparto de sillones entre dos partidos políticos», valoran desde la segunda asociación judicial más representativa.  

Las ‘puertas giratorias’ de los jueces en política

Desde el Poder Judicial están hartos de denunciar la famosa práctica de las ‘puertas giratorias’ de jueces y magistrados en política. En este momento, hasta tres ministros ocupando cargos fundamentales en el Gobierno de España son magistrados: la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en octubre en la Moncloa. /EFE/Zipi
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en la Moncloa. Foto: EFE/Zipi

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria señalan que tales cargos, por su propia esencia, «son incompatibles con volver acto seguido a juzgados y tribunales que tratan asuntos que pueden afectar a su reciente condición de político».

Es decir, «no puede ser que un juez pierda derechos laborales a partir del segundo año de una excedencia por maternidad/paternidad pero los mantenga intactos y hasta acumule antigüedad mientras se pasa varios lustros en política sin pisar un juzgado, sin hacer una guardia y sin poner una sentencia», explican.

Una reciente ministra del PSOE, Fiscal General del Estado

Pero, sin duda, el caso más llamativo ha sido el de la reciente ministra de Justicia del PSOE, Dolores Delgado, quien ahora ocupa el puesto de Fiscal General del Estado.

Tan llamativo es el caso que Dolores Delgado no podrá decidir sobre el posicionamiento del órgano que preside sobre los indultos a los 12 condenados por el procés, debido a su pasado reciente como ministra de Pedro Sánchez. Algo que resulta «escandaloso» dentro y fuera del propio órgano.

No es la primera vez que Delgado se abstiene en un recurso vinculado al procés. La fiscal general no participó en la decisión de recurrir dos decisiones anteriores sobre la concesión del tercer grado anticipado por los políticos presos catalanes. Lo mismo pasó con las querellas por la gestión de la Covid-19 donde chocaron conflictos de intereses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Foto: EFE

La Ley Orgánica del Poder Judicial recuerda a Delgado que todos los jueces y magistrados se tendrán que apartar de asuntos donde estén parte «de partidos o agrupaciones políticas, tanto antes como actualmente». Cabe recordar, además, que Delgado ya se posicionó acusando de sedición a los políticos presos cuando dirigía el ministerio del cual radica la Abogacía del Estado.

Ahora, este Ministerio Público es una de las partes del procedimiento legitimada que podría impugnar la decisión ante el Supremo. Anteriormente, ya mostró su rechazo a aceptar los indultos, y ahora tendrá que decidir si es consecuente con su posicionamiento inicial o no.

Dentro de la Fiscalía, se ha pensado en derivar la cuestión en el departamento de lo Contencioso que, precisamente y en estos momentos, es un área que necesita encontrar un relevo al fiscal Pedro Crespo, designado recientemente como jefe del Ministerio Público en el Tribunal Constitucional. Y, casualidades de la vida, es Delgado la responsable de decidir quién asume esta plaza.

A estas alturas, un magistrado señala a ED en tono jocoso, que «ya nos podríamos remitir a la famosa frase de Pedro Sánchez: «¿Y la Fiscalía de quién depende, del Gobierno? Pues ya está», pronunciada en 2019 para entonces asegurar que haría volver al expresidente Carles Puigdemont por imperativo del Ejecutivo.

«Si hubiera voluntad política, otra de las medidas concretas y fáciles de aplicar sería la de evitar que cargos como la Fiscalía General del Estado recaigan en personas con evidente perfil partidista o acabar con las plazas de los Tribunales Superiores de Justicia que son ocupados por magistrados previamente designados por la mayoría política de turno en sus respectivos Parlamentos autonómicos, con la consiguiente e inevitable sospecha de afinidad entre los elegidos y los partidos que los proponen», señalan desde la asociación de jueces.

«Tanto el Ejecutivo como el principal partido de la oposición deberían impulsar cuanto antes un proceso para reforzar la independencia judicial en nuestro país, empezando por despolitizar ya y ahora el CGPJ pero sin quedarse sólo en eso, que no es más que el primer paso hacia esas otras medidas igual de necesarias para que los ciudadanos confíen cada vez más en que la Justicia es y parece todo lo independiente que debe ser y parece», zanja Vaquero.