Podemos prepara nuevos choques contra el PSOE en vivienda, luz y ‘Ley mordaza’

Unidas Podemos no ha enterrado el 'hacha de guerra' con su socio y en las próximas semanas, la batalla se trasladará al Congreso con la Ley de Vivienda, la 'Ley mordaza' o la reforma eléctrica

Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz junto al presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Foto: EFE/Javier Lizón

Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz junto al presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Foto: EFE/Javier Lizón

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La reforma laboral desató la semana pasada una crisis de Gobierno en la coalición que PSOE y Unidas Podemos intentan cerrar a base de reuniones. La ‘guerra’ en el seno del Ejecutivo continúa con medidas para tratar de arrinconar a los socialistas en múltiples frentes como la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como ‘Ley mordaza’-, la Ley de Vivienda o la reforma de la luz. Los morados no dan tregua al PSOE en el Congreso e intentarán buscar el apoyo de los socios de investidura -PNV, ERC, Compromís, Más Madrid, etc- para presionar a los de Sánchez.

Los dos partidos que conforman el Gobierno critican la «poca comunicación» que existe en Moncloa a la hora de tratar medidas de calado. Los pactos se suceden en el seno del Ejecutivo pero a la hora de ser aprobados en el Congreso, los morados plantean enmiendas que, normalmente, son las propuestas que los socialistas les han rechazado previamente en Consejo de Ministros. Esta es la estrategia que seguirán los morados las próximas semanas.

Sánchez avisó antes al PNV sobre la ‘Ley mordaza’

El presidente del Gobierno quiere desbloquear ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley mordaza’, para hacer un guiño a su socio del PNV de cara a que los vascos apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

Según ha podido saber Economía Digital, hasta dos ministros telefonearon hace dos semanas al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, para asegurarle que ese martes desencallarían la norma para avanzar en esta legislatura. La sorpresa de Esteban y de la formación vasca fue mayúscula al ver que llegó el martes y el Gobierno volvió a prorrogar la norma incumpliendo su promesa.

La excusa de calado es que Sánchez no había comunicado nada a sus socios de coalición, Unidas Podemos, y los morados así lo hicieron saber enfadados incluso en rueda de prensa, el portavoz en la Cámara Baja Pablo Echenique. «A nosotros no nos han dicho nada», señaló. Los socialistas tuvieron que posponer su promesa con el mensaje de asombro de Esteban en las redes sociales. Pero la parte morada del Gobierno sí que estaba al tanto y ya mantenía contactos para modificar la norma. Unidas Podemos como partido no lo sabía.

La ‘Ley mordaza’ es un compromiso que PSOE y Podemos guardaban en el cajón del olvido del pacto de coalición. Hasta que el líder del PSOE lo sacó a relucir en la clausura del 40 Congreso Federal. Al día siguiente, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, llamó al lado socialista y se pusieron a negociar.

Según fuentes conocedoras de las conversaciones, tanto PSOE como Podemos siguen manteniendo diferencias y la más grande eran las devoluciones en caliente. Principio que sigue aplicando este Gobierno y que ya provocó una discusión entre Pablo Iglesias y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Los dos partidos han seguido negociando esta semana hasta concluir que para seguir adelante deben sacar este asunto de la norma amparándose en tratar este asunto más adelante y mientras fiarse a la Ley de Extranjería y a los tratados internacionales.

Marlaska niega ahora que se hayan producido devoluciones en caliente durante su mandato, pero olvida que defendió la medida con las condiciones que fijó el Tribunal Constitucional. También cabe recordar que el Defensor del Pueblo ya tiene admitidas tres quejas tan solo por las devoluciones en las islas españolas que hay en la costa norafricana: Tierra e islas Chafarinas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en la sesión de control celebrada el 16 de junio de 2020 en el Senado | EFE/JM/Archivo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en la sesión de control en el Senado. Foto: EFE/JM/Archivo

PSOE y Podemos concluyen que para desencallar esta norma el próximo martes, 2 de noviembre, en el Congreso y seguir pactando con el PNV deben apartar de las negociaciones las devoluciones en caliente.

Fuentes del partido morado aseguran que los acuerdos que buscan se dirigen a reducir el importe de las multas «que son excesivas» y aplicar en la definición de las cuantías criterios de «proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado».

Otro ámbito que exige Podemos a los socialistas es la delimitación de los cacheos corporales, que tendrán que estar «siempre circunscritos» a indicios «concretos y comprobables» de actividad susceptible de sanción. Además, se intenta definir que cuando impliquen «dejar a la vista parcialmente el cuerpo», deberán realizarse en lugares donde se «preserve la intimidad» del administrado, «fuera de la vista de terceros».

A su vez, buscan que el tiempo de identificación en comisaría, de cara a que sea un «máximo de dos horas» salvo causa «excepcional debidamente alegada y verificable». También solicitan que la identificación en sede policial «sea excepcional» y que una vez concluida, la persona afectada sea devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría.

Los morados se lo están poniendo difícil a los socialistas y, de momento, ambos partidos prefieren mantener al margen de las negociaciones al PNV. Desde la formación vasca aseguran no saber «nada» de estas conversaciones y ya han registrado una propuesta en el Congreso con sus propuestas. El trabajo es a contrarreloj aunque los morados ya advierten que se mantendrán en «nuestra posición de siempre» aún a costa de volver al enfrentamiento.

La Ley de Vivienda

PSOE y Podemos tratan de vender la Ley de Vivienda como una victoria propia ante su electorado. Tras un año de duras negociaciones, el Consejo de Ministros dio este martes luz verde al anteproyecto de ley que, entre otros aspectos, garantiza el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, limita los precios en zonas tensionadas y bonifica a los propietarios que ofrezcan precios asequibles.

Pero para Podemos es insuficiente. Lo que parecían todo sonrisas el martes, un día después se transformaron en críticas al calificar «tímida» la medida. Los morados ya advierten a sus socios que, pese al acuerdo, la batalla continúa en su tramitación en la Cámara Baja.

La siguiente estrategia de presión, anunciada por Echenique, consiste en la presentación de enmiendas por parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos para «mejorar» el texto porque, según remarcó, el proyecto «no llega todo lo lejos» que querría el socio minoritario del Gobierno. Y no son los únicos. A esta estrategia de presión de Podemos también se suman los socios de investidura de Sánchez. ERC, Bildu o el PNV ya señalan que la negociación para lograr su voto afirmativo no será fácil.

A esta batalla en el Congreso se suma el malestar de los morados con los socialistas por cómo hicieron la presentación de la norma en Moncloa. La principal negociadora durante más de un año, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no salió a exponerla en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

Los morados contraprogramaron esta cita con una presentación por Twitter de la propia Belarra. La dirigente de Podemos publicó un vídeo en redes sociales en el que, además de desgranar los principales puntos de la ley, reivindicaba el papel de la formación morada en la aprobación de la norma.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha marcado como objetivo que el texto llegue a la Cámara Baja antes de que termine el año y que sea aprobado de manera definitiva en el segundo semestre de 2022. Así, con nueve meses de retraso plagados de dimes y diretes sobre la norma, los morados seguirán discutiendo con los socialistas para intentar incluir en el Congreso las propuestas que ya rechazaron en Consejo de Ministros.

Podemos planta cara a Ribera con la reforma de la luz

Tras semanas de presiones y de choque frontal entre las eléctricas y el Gobierno, ahora las compañías aplauden el nuevo decreto-ley aprobado por el Ejecutivo que aclara cómo librarse de los recortes y retiran sus amenazas de repercutir de manera masiva el impacto de las medidas en los contratos de sus clientes y de paralizar algunas inversiones en España.

Tras el real decreto-ley aprobado esta semana, las compañías podrán sortear los recortes en sus ingresos si demuestran -mostrando sus contratos- que venden la electricidad que producen con nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables a precios estables y muy inferiores a los actuales niveles desorbitados del mercado mayorista de la electricidad.

El Gobierno ha claudicado y ha acabado incluyendo en la norma una de las grandes reclamaciones de las eléctricas: que también puedan quedar exentos de los recortes los contratos de venta entre empresas de su mismo grupo. Si el Ejecutivo hubiese dejado fuera de las exenciones a los contratos intragrupo, como inicialmente se pretendía, los recortes millonarios se habrían mantenido.

Podemos alenta las manifestaciones contra su Gobierno por el precio de la luz. En la imagen, Yolanda Díaz (UP) y Teresa Ribera (PSOE), conversando durante un pleno parlamentario./ EFE
Yolanda Díaz (UP) y Teresa Ribera (PSOE), conversando durante un pleno parlamentario. Foto: EFE

Ante todo ello, Unidas Podemos no oculta sus dudas sobre la efectividad de las medidas para amortiguar la subida del recibo de la luz y para proteger a la industria del encarecimiento de la energía si los recortes a los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ se acaban diluyendo con el nuevo real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

Podemos ya alentó «salir a a calle» por la factura de la luz en contra de su propio Gobierno, mientras el PSOE frenó a los morados con estas reivindicaciones. Ahora, el partido de Ione Belarra considera que con la nueva norma no queda claro qué se consideran precios razonables que sirvan para quedar exentos de la minoración de ingresos.

Por eso, pretende exigir que se fije como baremo claro un precio máximo de 60 euros por megavatio hora (MWh) a partir del cual las compañías eléctricas tengan que devolver lo que cobren de más en sus contratos a largo plazo (en las últimas semanas el mercado mayorista se ha mantenido de manera permanente por encima de los 200 euros por MWh).

Podemos advierte a Sánchez que durante las próximas semanas analizará el efecto de las nuevas medidas y, en base a esto, reclamará que la norma se tramite como proyecto de ley en el Congreso para poder introducir cambios en caso de ser necesario si se comprueba su falta de efectividad. «Seguiremos expectantes», apuntan.

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