Engel & Völkers, condenados a pagar 16 millones de euros por ‘contratar’ a falsos autónomos
Acumula sanciones millonarias en España por emplear a cientos de comerciales bajo un modelo laboral irregular que fue cuestionado en Valencia
La inmobiliaria Engel & Völkers. Foto: Engel & Völkers
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La Inspección de Trabajo ha impuesto a la inmobiliaria alemana Engel & Völkers el pago de 16 millones de euros por utilizar la figura del falso autónomo en sus operaciones en Barcelona. El organismo ha detectado que cerca de 400 comerciales trabajaban bajo esta modalidad, lo que supone un fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social y una vulneración de la legislación laboral vigente.
Según el acta de la Inspección, la compañía habría utilizado este sistema de manera sistemática y organizada, externalizando en apariencia los servicios de ventas, pero manteniendo un control directo sobre las condiciones de trabajo, las zonas de actuación y las comisiones de los agentes.
No es un caso aislado: antecedentes en Valencia
Este requerimiento no es el primero que recibe la empresa en España. En Valencia, la Inspección de Trabajo ya reclamó a la compañía 6,4 millones de euros por el mismo modelo laboral, una sanción que fue recurrida por Engel & Völkers, aunque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana desestimó su recurso y validó la actuación inspectora.
Con la suma de ambas sanciones, la inmobiliaria se enfrenta a un posible desembolso de más de 22 millones de euros en cuotas no ingresadas, una cifra que podría incrementarse si se incluyen regularizaciones en otras ciudades. Actualmente, la compañía espera el fallo definitivo del Tribunal Supremo sobre la causa valenciana, que será clave para conocer si debe afrontar estos pagos de forma inmediata.
El sistema detectado por la Inspección tiene similitudes con los riders de plataformas digitales como Glovo o Uber Eats, también cuestionadas por recurrir a falsos autónomos para organizar su red de repartidores.
En el caso de Engel & Völkers, los comerciales estaban dados de alta como autónomos, pero apenas tenían margen de autonomía real: la dirección les marcaba las zonas, decidía las estrategias comerciales y fijaba las condiciones de su trabajo.
Al igual que en las plataformas digitales, la empresa argumentaba que este modelo podía suponer mayores ingresos para los agentes, ya que las comisiones podían superar los sueldos de convenio. Sin embargo, la justicia y la Inspección han interpretado que el modelo era, en la práctica, un fraude a la legislación laboral y a la Seguridad Social.
Una plantilla dividida entre el beneficio económico y la seguridad laboral
En Barcelona, algunos de los propios comerciales afectados han recurrido el acta de Inspección. Al igual que sucedió en Valencia, parte de los trabajadores prefiere seguir como autónomos para maximizar ingresos mediante comisiones, aunque ello suponga una menor cobertura social.
El dilema refleja un debate abierto en el sector: mientras que la modalidad de autónomo puede permitir mayores beneficios en picos de ventas, la condición de asalariado garantiza derechos sociales, seguridad jurídica y estabilidad en las cotizaciones.
Un portavoz oficial de la compañía ha reconocido la existencia de la sanción, pero ha recalcado que la resolución no es firme y que la empresa ha presentado recurso administrativo. Además, ha defendido la legalidad de su antiguo sistema laboral, asegurando que fue avalado por inspecciones anteriores a 2019.
Asimismo, la firma insiste en que el cambio a un modelo de asalariados internos, adoptado en 2024, no estuvo motivado por las sanciones, sino por la voluntad de “profesionalizar el perfil de los agentes”. Según sus declaraciones, la empresa confía plenamente en la legalidad de su actual estructura.
El caso de Engel & Völkers no es único. Según la patronal Fadei, en España existen más de 20.000 agencias inmobiliarias y alrededor de 100.000 trabajadores, y la externalización de la figura del comercial ha sido una práctica común durante años.
La fórmula ha permitido a muchas agencias reducir costes laborales y a algunos agentes incrementar sus ingresos, pero a costa de una menor protección social y de un importante agujero en las arcas públicas por la falta de cotizaciones.
La lucha contra los falsos autónomos: prioridad para la Inspección
La persecución de los falsos autónomos se ha convertido en uno de los ejes centrales de la Inspección de Trabajo en los últimos años. Según datos del Ministerio de Trabajo, solo en 2024 se regularizaron más de 7.200 falsos autónomos en España, imponiendo sanciones y requerimientos que alcanzaron los 73,1 millones de euros.
El caso de Engel & Völkers es, por tanto, uno más dentro de una estrategia de control más amplia que afecta a sectores tan diversos como la logística, la hostelería, la mensajería o la intermediación inmobiliaria.
El conflicto judicial no se limita a España. En junio de 2025, la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) ordenó el registro de varias oficinas de Engel & Völkers por presuntas irregularidades en materia de cotizaciones en el país germano.
Las sospechas de fraude a la Seguridad Social han salpicado a la compañía en distintos mercados, lo que aumenta la presión reputacional sobre una firma especializada en el sector del lujo inmobiliario internacional.
Un reto para el futuro del sector
El caso abre un debate de fondo sobre el modelo laboral en la intermediación inmobiliaria. La figura del autónomo ha sido vista tradicionalmente como flexible y rentable, pero cada vez más tribunales y organismos públicos consideran que en muchos casos esconde relaciones laborales encubiertas.
La resolución de los recursos presentados por Engel & Völkers marcará un precedente clave para el sector. Si la justicia confirma las sanciones, otras inmobiliarias que aún recurren a modelos similares podrían verse obligadas a modificar su estructura y a afrontar importantes costes retroactivos.
El caso Engel & Völkers evidencia cómo la lucha contra los falsos autónomos ha dejado de centrarse únicamente en las plataformas digitales para extenderse a otros sectores tradicionales, como el inmobiliario. Con 22 millones de euros en juego solo en España y un proceso abierto también en Alemania, la compañía afronta un reto judicial y reputacional de gran magnitud.
Más allá de esta empresa concreta, el proceso envía un mensaje claro: la Inspección de Trabajo intensificará la vigilancia sobre cualquier modelo laboral que intente disfrazar relaciones de dependencia bajo la apariencia de autonomía profesional.
