Once meses después de la DANA, miles de familias valencianas siguen sin recibir ayudas del Gobierno

Casi un año después de la devastadora DANA del 29 de octubre, el balance de las ayudas económicas prometidas por el Gobierno central revela un panorama preocupante: apenas un 17,9% de las familias afectadas en la Comunidad Valenciana han recibido algún tipo de compensación económica por los daños materiales sufridos en sus viviendas y enseres. Esto significa que más del 82% de los solicitantes todavía espera una respuesta oficial, mientras su día a día continúa marcado por la incertidumbre.

De acuerdo con los últimos datos publicados, sólo 7.497 familias han podido acceder a las ayudas de primera necesidad, lo que supone una inyección económica de 124 millones de euros. Sin embargo, la magnitud de la tragedia fue tal que en total se registraron 41.674 solicitudes, de las que aún 34.177 siguen sin recibir un solo euro.

Esto implica que la deuda pendiente del Gobierno de Pedro Sánchez con los damnificados asciende a unos 565 millones de euros, tomando como referencia los 16.538 euros de media que han percibido hasta el momento los hogares que sí han sido indemnizados.

La tragedia del 29 de octubre

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la Comunidad Valenciana arrasó barrios enteros, anegó infraestructuras y destrozó miles de hogares. Aquella jornada, el temporal dejó a su paso un paisaje de desolación que aún permanece en la memoria de las familias damnificadas.

Para muchos vecinos, las ayudas estatales eran la única vía para rehacer sus vidas y afrontar la reparación de sus viviendas, pero la lentitud en los trámites administrativos ha convertido lo que debía ser un alivio en una fuente de frustración.

Los afectados denuncian que, pese a las promesas iniciales, el proceso de pago de las ayudas se ha visto enredado en retrasos, modificaciones de cifras y una burocracia interminable. El Gobierno reconoció en un primer momento más de 43.000 solicitudes, pero meses después revisó a la baja ese número hasta las 41.674 actuales, lo que ha generado todavía más desconcierto entre las familias que reclaman certezas.

Cada mes que pasa sin que se liberen los fondos pendientes, se agrava la situación de hogares que tuvieron que recurrir a créditos personales, préstamos de familiares o incluso a abandonar sus viviendas sin poder hacer frente a las reparaciones.

Testimonios de la espera

Vecinos de distintas localidades afectadas explican que la ayuda no es un lujo, sino una necesidad urgente. Una madre de familia de la comarca de la Ribera señala que aún vive con humedades en las paredes y sin poder reparar los muebles destruidos por el agua. «Han pasado casi 11 meses y seguimos esperando. No podemos vivir eternamente en un piso medio derruido mientras el dinero prometido no llega», afirma.

Otros damnificados lamentan que las cifras millonarias de inversión anunciadas por el Gobierno se diluyen en informes y balances, mientras en los barrios todavía se perciben las consecuencias materiales del desastre.

La falta de ayudas no solo afecta a las familias directamente golpeadas por la riada. Empresas locales, pequeños comercios y proveedores de servicios han visto cómo se retrae el consumo y se paralizan proyectos de rehabilitación que habrían generado actividad económica en la zona.

Expertos en economía regional alertan de que la falta de liquidez para los damnificados está ralentizando la recuperación del tejido social y económico, lo que amplía el impacto negativo del temporal más allá de la catástrofe inicial.

Críticas a la gestión del Ejecutivo

Desde asociaciones de vecinos hasta plataformas ciudadanas, las críticas se centran en la gestión del Ejecutivo central, acusado de insensibilidad y falta de eficacia. Diversos colectivos han recordado que las ayudas de primera necesidad están diseñadas precisamente para ofrecer una respuesta rápida a los ciudadanos en situaciones extremas, algo que en este caso no se ha cumplido.

Los portavoces de los afectados insisten en que no se trata de cifras abstractas, sino de miles de familias que no han podido recuperar una vida digna tras casi un año de espera.

Las organizaciones sociales reclaman al Gobierno que agilice de manera inmediata la tramitación de los expedientes pendientes y que garantice el pago de los más de 565 millones de euros aún sin entregar. Además, piden un mayor esfuerzo de coordinación entre las administraciones autonómicas y estatales, para evitar solapamientos que prolongan la espera.

Al mismo tiempo, expertos en gestión de emergencias subrayan la necesidad de revisar los protocolos de actuación para que, en futuras catástrofes, la llegada de las ayudas no se prolongue durante meses o incluso años.

Un futuro lleno de incógnitas

A falta de poco más de un mes para cumplirse el primer aniversario de la catástrofe, los vecinos afectados por la DANA de octubre de 2023 siguen reclamando soluciones reales y no solo cifras en los balances oficiales.

Mientras tanto, la deuda pendiente del Gobierno con las familias valencianas se mantiene como un recordatorio constante de que la reconstrucción no solo depende del esfuerzo individual de los damnificados, sino también del cumplimiento de los compromisos institucionales.