El Gobierno abre la puerta a aumentar las ayudas directas a las víctimas de los incendios

El Gobierno ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil (lo que se conoce como ‘zona catastrófica’) todos aquellos territorios arrasados por los incendios forestales de este verano, así como aquellas partes que sufrieron inundaciones a finales de junio, abriendo la puerta a la adopción de medidas fiscales y a la concesión de ayudas directas a las víctimas.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros a mejorar las cuantías de las ayudas actuales, que proceden de un reglamento de 2005 que no se ha actualizado en veinte años.

«Nuestra voluntad es ir más allá y que las ayudas sean efectivas y que cumplan un resarcimiento objetivo de los daños importantes sufridos por nuestros ciudadanos», ha asegurado el ministro, que ha recordado que el Ejecutivo mejoró las cuantías de las ayudas durante la emergencia provocada por el volcán Cumbre Vieja en La Palma y también tras la DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

La reglamentación ahora mismo cifra en hasta 15.000 euros las compensaciones por la pérdida de la vivienda habitual, una cuantía que se elevó en el caso de las inundaciones de Valencia hasta los 60.000 euros.

En concreto, el acuerdo aprobado este martes abarca 118 episodios en los últimos dos meses y 16 comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco. Aunque Grande-Marlaska se ha cuidado mucho de dar la emergencia por concluida, puesto que todavía hay 15 incendios de nivel 2, con tres que preocupan en específico al Ejecutivo en León, Zamora y Lugo.

«El episodio de emergencia no ha concluido. Estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y los daños personas, de infraestructuras, de bienes públicos y privados son elevados», ha dicho el titular de Interior.

La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil permite que el Gobierno pueda adoptar, a posteriori, distintas ayudas directas y exenciones fiscales específicas. Según detalla la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, estas pueden ser ayudas económicas por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensaciones a Ayuntamientos, subvenciones a empresas afectadas o por la pérdida de producción agrícola o ganadera.

Entre las medidas fiscales, la norma prevé eximir de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles o del tributo de Actividades Económicas, así como moratorias en las cuotas a la Seguridad Social. Todo esto debe ser definido por órdenes ministeriales previas de cada uno de los departamentos.