Moncloa evita incluir presupuesto en el Pacto de Estado de incendios y ve "coherentes" algunas ideas de Feijóo

Una «hoja en blanco». Así definen en La Moncloa la propuesta de Pacto de Estado contra el Cambio Climático que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó hace unas semanas tras la peor oleada de incendios forestales desde que hay registros y después de una de las olas de calor más intensas desde 1975, cuando comenzaron a recabarse los datos.

El Gobierno tiende la mano a los grupos parlamentarios y, especialmente, al Partido Popular, a quien señalan constantemente para acceder a este acuerdo que pretenden que sea una suerte de guía o declaración de intenciones de políticas a aplicar, pero sin compromisos de gasto específicos o sin cargas presupuestarias concretas, defienden fuentes de La Moncloa, para dar libertad a cada Ejecutivo a aplicar sus políticas y también para tratar de atraer al mayor número de formaciones.

Un acuerdo de estas características difícilmente será «de Estado» si no cuenta con la firma de los populares, una idea que no entusiasma en la sede de la madrileña calle Génova. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este lunes un plan con 50 medidas para responder a la crisis de este verano, entre ayudas a las víctima de los incendios y otras más polémicas como un registro de pirómanos y pulseras telemáticas para evitar la reincidencia.

En el Gobierno se muestra escépticos con el plan bosquejado por Feijóo, pero ven «coherentes» algunas de las propuestas, abriendo la puerta a incluir algunas de las medidas en el borrador de Pacto de Estado que tendrá que elaborar la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a quien Sánchez ha encomendado las negociaciones con expertos, sociedad civil y grupos parlamentarios para tratar de sacarlo adelante.

«El PP, si es mínimamente responsable, si deja de utilizar las tragedias que estamos sufriendo como elemento electoral sin ningún contenido, supongo que se sentará. Me parece una contradicción que ayer [por el lunes] el presidente del PP presente una batería de 50 medidas, cuando perfectamente se puede trabajar en el Pacto de Estado», reprochó el responsable del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo aprobó este martes en su primera reunión tras el verano la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil en los 118 territorios afectados por catástrofes climáticas durante los últimos dos meses, siendo 113 incendios forestales y cinco puntos afectados por inundaciones a finales de junio.

El acuerdo permite desbloquear las ayudas directas a las víctimas de incendios, con indemnizaciones para aquellos que hayan perecido a consecuencia de las llamas o para quienes hayan perdido sus casas, además de activar el mecanismo para que los Ministerios de Hacienda o de Seguridad Social activen exenciones fiscales o bonificaciones en las cuotas para las personas afectadas.

Sin embargo el Ejecutivo se enfrenta a un problema a la hora de hacer frente al pago de estas ayudas. Las cuantías en vigor están regladas por un real decreto de 2005 y llevan 20 años sin actualizarse. Es por eso que los allegados de una víctima fallecida pueden acceder a un máximo de 18.000 euros, o en el caso de que las llamas hayan destruido su casa recibirán como máximo 15.000 euros.

El ministro de Interior se comprometió a mejorar el reglamento y aumentar estas ayudas, pero eso llevará tiempo y -señalaron fuentes del Gobierno- negociaciones con otros Ministerios, singularmente el de Hacienda. Pero eso no beneficiará a quienes hayan sufrido los daños de esta oleada de incendios, cuyas ayudas tendrán que regirse por la norma vigente.

Con todo, en el Gobierno se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de aprobar un Real Decreto-Ley que permita mejorar las ayudas para los afectados, como ya se hizo con las víctimas de la DANA del pasado 29 de octubre o con los damnificados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma.

Una decisión que está todavía en el aire, a la espera de que escampe la emergencia y de ver si hay apoyos suficientes en el Congreso. De momento, todas las comparecencias que exigió la oposición fueron rechazadas en la Diputación Permanente, pero varios ministros acudirán esta semana en el Senado llamados por la mayoría del PP en la cámara y también, a partir de la próxima, en el Congreso, esta vez a petición propia.